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En momentos en que se alerta que el hambre y la pobreza aumentan en el mundo, se realizó en Roma la "Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria" (FAO 16-17 noviembre), con la asistencia de representantes de países desarrollados y atrasados.
La Declaración Final de Roma recomendó que para superar el hambre se deben elaborar "planes bien diseñados y basados en resultados; con coordinación nacional, regional y mundial para fortalecer la gobernabilidad, …; … instaurar medidas directas para ayudar a los individuos más vulnerables a eludir el hambre, programas agrícolas y desarrollo rural sustentables de mediano y largo plazos; mejorar la eficiencia y capacidad de respuesta de las instituciones multilaterales y garantizar el compromiso de los países que pertenecen a la FAO para invertir en agricultura, seguridad alimentaria y nutrición". Recomiendan, finalmente, que "deje de aumentar el número de personas que sufren hambre, malnutrición e inseguridad alimentaria".
En breve, detrás del barroquismo burocrático de las palabras se entiende que se optó por continuar con las políticas asistencialistas de siempre, dependientes del exterior y de los organismos internacionales, con proyectos focalizados y no autosostenibles.
Se pretende eludir otra vez la reforma de los factores estructurales de nivel nacional y mundial que causan el hambre y la pobreza de los productores campesinos. Sin cambios estos factores continuarán contribuyendo al hambre y a la pobreza como hasta ahora. Las políticas tradicionales fomentadas por los países desarrollados causan la expansión de los monocultivos empresariales en detrimento de los productores campesinos, estimulan la producción de agrocombustibles y deprimen la producción de alimentos, apoyan al control del 60 por ciento de los alimentos del mundo por siete transnacionales gigantes y causan el aumento de la pobreza campesina e indígena.
En este contexto ¿cómo se encuentra Bolivia? Se encuentra como siempre, con déficit de los diversos productos de la canasta básica? Nuestros elegantes y prestigiosos tecnócratas neoliberales se encuentran otra vez como cada año pidiendo limosnas alimentarias a las grandes potencias?
De acuerdo a Elisa Panadés, representante de la FAO en Bolivia, la situación alimentaria del país es deficitaria y preocupante. Ella afirma que "en la gestión 1990-1992 existían en el país 1.6 millones de personas subnutridas y en la de 2003-2005 aumentaron a dos millones". No se tienen datos de los últimos años. Por otra parte, la misma FAO informó a mediados de noviembre pasado que "Bolivia perdió su producción agrícola entre el 35 y 40 % durante los primeros seis meses de 2009 debido a los fenómenos naturales, particularmente por la sequía".
Pese a esta información alarmante, el país se encuentra actualmente en buena situación tanto respecto a las medidas coyunturales de prevención para enfrentar los fenómenos naturales como, y esto es importante, en cuanto a las políticas de desarrollo rural estructural de largo plazo. Estas políticas, no contempladas anteriormente en los lineamientos de la planificación gubernamental, se dirigen a crear nuevas estructuras de desarrollo agrícola tendientes a incrementar los ingresos reales de los productores. Las nuevas iniciativas rompen con las políticas tradicionales aplicadas hasta ahora tendientes a "aumentar la producción pero no los ingresos campesinos". Las políticas tradicionales se limitaban al aumento de la producción vía créditos en fertilizantes y semillas, con o sin interés, pero sin garantizar los ingresos campesinos. Estos programas generaban la caída de los precios agrícolas y las pérdidas de ingresos para las familias campesinas, lo que contribuía al círculo vicioso de la pobreza.
El gobierno tiene, en este sentido, dos propuestas iniciales para el corto plazo. Anunció primeramente en julio pasado que "el Estado comprará el 62 por ciento de la cosecha de trigo de este año". El ministro de Economía y Finanzas Públicas anunció luego a mediados de noviembre pasado que se destinó un presupuesto de 200 millones de dólares para construir "una red de silos para el acopio de arroz, maíz, soya y trigo." El cambio de rumbo del gobierno se dirige sobre todo a asegurar la "seguridad y la soberanía alimentarias" en cuanto a estos productos.
Con estas medidas el país lograría por fin alcanzar los objetivos mencionados luego de más de medio siglo de déficit, de dependencia y de inseguridad alimentarias. El cambio de rumbo constituye, asimismo, una ruptura inicial con las políticas tradicionales tendientes a favorecer los monocultivos industriales, a reproducir la dependencia alimentaria y a ampliar la pobreza y el hambre de los campesinos e indígenas.
Alcanzar este objetivo constituiría un logro de gran trascendencia en dirección del desarrollo rural global, es decir, en beneficio también del desarrollo de los productores campesinos chicos e indígenas. En el futuro próximo, programas similares de "sosteniblidad de los ingresos campesinos" como los descritos por el ministro deberían extenderse hacia los productores de alimentos esenciales como los tubérculos, frutas, verduras y otros, lo que involucra a decenas de miles de productores campesinos pobres e indígenas del occidente y del centro del país.
Los programas que requieren estos sectores campesinos son algo diferentes a los mencionados anteriormente. Otros factores intervienen en estas actividades que generan la pobreza y la baja productividad campesina. Apoyar a estos productores simplemente con programas tradicionales como el "crédito sin interés, capacitación y organización" son no solo insuficientes sino contraproducentes.
En estos sectores, uno de los factores principales tradicionales que causan los males mencionados son los "agentes monopsonistas", que juegan en el campo la función de "agentes intermediarios", "rescatistas", entre los campesinos y los mercados de consumo. Se calcula que estos agentes se apropian anualmente, entre 20 a 50 por ciento del precio final de los bienes mencionados, según los productos. Esto significa una inmensa pérdida de ingresos para los productores.
Estos intermediarios logran estos beneficios anuales gracias a la fuerte caída de los precios de los productos agrícolas consecutiva a la sobreoferta estacional que se produce luego de las cosechas. Estos "monopsonistas", en conjunto con los programas "de desarrollo" tradicionales de los gobiernos y las políticas macroeconómicas de precios, conspiran sincronizadamente para deprimir en cada temporada los ingresos campesinos y generar la pobreza indígena y rural. Esta pobreza juega luego un papel negativo que deprime el mercado interno para la producción de la micro, pequeña y mediana empresa manufacturera urbana.
Las nuevas políticas de desarrollo agropecuario y de reducción de la pobreza, como una extensión de los nuevos programas anunciados por el ministro de Economía, deben dirigirse a incidir en las estructuras intermediarias mencionadas mediante "nuevos sistemas comerciales y de precios" y nuevas "redes locales y regionales de silos de acopio" de estos productos alimenticios.
La nueva política de desarrollo rural y campesino indígena, depende poco del financiamiento externo pero mucho de nuevos planes de desarrollo regional y nacional. Estos planes deben integrar en un todo las estructuras productivas y comerciales, establecer canales entre las actividades agropecuarias y manufactureras, articulando a las mypes urbanas. Sólo así se puede hablar de desarrollo plurinacional e indígena.
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