Los expertos en pensiones de la COB

Alberto Bonadona Cossío
abonadona2001@yahoo.es

Los grandes expertos de la COB han colocado a miles de personas que podían jubilarse desde diciembre de 2010 y durante los siete próximos años en una espera mayor para recibir su jubilación. La falta de información sobre los aspectos técnicos y operativos en sistema de pensiones hizo que metan la pata. Las entidades públicas, por otra parte, encargadas de la redacción de la ley 65 y sus reglamentos parece que sólo tuvieron de asesores en pensiones a los personeros de la COB.

La COB, a nombre de una auto- atribuida representación de todos los sectores de la sociedad civil, permitió que se elimine la denominada "reducción de edad". Sin esta posibilidad, los nuevos trámites que se suspendieron en diciembre al intentar retomarse hace un mes deben suspenderse por mucho más tiempo. Miles de personas no podrán jubilarse ateniéndose a la disposición que les concedía la ley 1732, herencia del Código de Seguridad Social, de disminuir hasta cinco años la edad de recepción con un descuento de un 8% por año del monto a recibir por Compensación de Cotizaciones.

Adicionalmente, han permitido que toda persona quien quiera jubilarse, no siendo elegible al Fondo Solidario, se le aplique una verificación retroactiva de totales ganados. Así, muchas personas que acudieron al expediente de disminuir su promedio salarial aportando como independientes ingresos iguales al salario mínimo nacional para acceder a una pensión, hoy ya no pueden jubilarse sino hasta cumplir los 58 años.

El promedio salarial antes era calculado sobre las últimas 24 cotizaciones realizadas, actualmente el artículo 18 del DS exige se revise la historia salarial de cada trabajador para encontrar diferencias de percepción salarial en exceso. Las diferencias encontradas que varíen entre el 20% al 85% incrementan los montos a incluirse en el cálculo del promedio entre 25% y 200%. Esta escala aplicada indiscriminadamente y sin mayor criterio técnico ni legal, retrasa el ejercicio de un derecho establecido en las leyes en las que muchas personas, para bajar sus promedios, realizaron aportes de montos reducidos al sistema de pensiones.

Es cierto que la misma disposición es conveniente para personas con salarios bajos y que no intentaron bajar sus promedios salariales. En este sentido la ley amplia lo favorable para personas elegibles al Fondo Solidario. Por el contrario, la aplicación recomendada por las autoridades de pensiones, basada en una interpretación particular del ambiguo decreto 822, hace que se amplifique lo odioso para las que no son elegibles al referido fondo. En materia social esto es un atropello, una conculcación de derechos y, por tanto, objeto de amparo constitucional.

Ciertamente la arbitraria aplicación de la escala no puede ser recomendación de la COB. Su aplicación exige se busquen opiniones financieras, jurídicas y laborales más sólidas para que asesoren a los asesores de la COB y del gobierno. Si la intención fue bajar las obligaciones fiscales, en los hechos sólo las posponen.

¿Y AHORA DE QUE QUIERE QUE HABLEMOS SEÑOR PRESIDENTE?

MARCELO GALVAN PEÑARANDA
marcegalpe@hotmail.com

Es interesante como en los últimos días la opinión pública centra su atención en la elección de jueces y magistrados de los tribunales supremos de justicia, pero ante esta realidad que nos plantea el Magno Poder de Estado la pregunta es ¿Nos estamos preocupando realmente de lo que deberíamos preocuparnos?.

La pregunta surge, porque en los últimos días atraves de la prensa la gran preocupación se centra en el artículo 82 de la ley de convocatoria, que si vulnera o no vulnera el derecho a la libre expresión, ¿pero este es el problema principal?, personalmente creo que no, pues considero que el punto más importante en el que se debe centrar el espíritu de lo que se entiende por democracia, el poder elegir de manera libre sin presión y con todas las garantías que debe tener el voto, pero que pasa cuando este voto se transforma en un voto dirigido o digitado la democracia pierde si sentido de elección libre y cambia para transformarse en una democracia que utiliza el voto solo para sostener un régimen que en el cual ya nadie cree.

Entonces es ahora cuando debemos reflexionar quienes serán nuestros candidatos y en qué condiciones llegan a la elección de los cargos que tendrán la administración de Justicia del País, por el costo de los 2/3 que deben conseguir en la Asamblea Legislativa, será gente que tenga una idea imparcial de justicia o será gente que tendrá la idea de justicia que ve el país.

Dentro de los artículos de convocatoria se encuentra uno donde se prohíbe a los abogados que sean defensores de los que fueron imputados por casos de separatismo, y como un simple estudiante de derecho me pregunto estoy estudiando y aprendiendo principios que los enmarca la misma constitución política del estado como la del derecho libre al trabajo y que todo imputado o acusado tiene el derecho a ser defendido de la mejor forma posible.

Para concluir solo puedo decir que todo esto es solo una parte muy minúscula del trasfondo que en realidad el gobierno pretende, es hábil y hay que reconocer por que hace de que el país hable de lo que él quiere que se hable como ser el MAR o el Articulo 82 de la Convocatoria, la libre expresión, etc. Pero todo esta reflexión solo concluye como concluyen tantos seminarios, coloquios, debates e investigaciones en lo que alguna vez le escuche decir al Señor Presidente ante todo esto YO LE METO NOMAS. Así que solo nos quedara ver cual el resultado de la elección y ojala se pueda corregir estos errores que apunto.

Las malas compañas son las mejores.

Cynthia Pèrou Gutiérrez
cynthia_perou@hotmail.com

Nuestra noble obsesión de reivindicación marítima está siendo conducida, de la mano de un gobierno de irresponsables, a un terreno inquietantemente delicado de argumentos muy subidos de tono. Recordemos: el 23 de marzo, el Presidente Morales anunció un cambio en la mal llamada "estrategia boliviana de retorno al mar" que señalaba que en lugar de un diálogo infructuoso bilateral con Chile, llevaríamos a dicho Estado ante los tribunales internacionales para hacer saber al mundo lo malos que son los chilenos que no nos dejan nadar soberanamente en las playas del Litoral cautivo. Un desconcertado gobierno chileno envió el mensaje en sentido de que los bolivianos debíamos elegir entre "diálogo o litigio". Como todos sabemos, a los bolivianos nos encantan los tribunales, mejor si son internacionales.

Como no hay abogados en Bolivia, el Presidente, en un brote residual de coloniaje, invitó al Juez español Baltazar Garzón para que lidere el equipo legal que llevaría a nuestro país de vuelta al Pacífico. La respuesta obvia: no, gracias. Ni modo, tendremos que conformarnos con lo que tenemos aquí no más.

Recientemente, ante el anuncio de denunciar el Tratado de Paz y Amistad de 1904 por incumplimiento ante la OEA, el Ministro de Defensa de Chile informa al mundo dos cosas: primero que Chile empleará algo más del 7% de su PIB para gastos militares, lo que equivale al 40% del PIB de Bolivia y dos, que las Fuerzas Armadas de ese país están capacitadas para defender la soberanía e integridad territorial de Chile. Más claro, agua.

Ahora bien, entendiendo a la soberanía como aquel poder que nace y reside en el pueblo y que no admite poder recurrente o poder superior, debemos comprender a cabalidad que el ejercicio de la soberanía no reside en el discurso, sino en el poder. Es decir, si quiero que me respeten no basta con decirlo, tengo que demostrar que puedo sostener mis posturas, mi posición ideológica y que, de ser necesario, usaré la fuerza para ello. Eso es poder y los chilenos, fieles a su beligerante tradición, están demostrando que tan lejos están dispuestos a llegar. De hecho, el servicio diplomático chileno se halla operando para que la OEA no tome postura sobre el tema de la "denuncia" que pretende Bolivia.

En el otro lado del ring, estamos nosotros, con discursos que tal vez no podamos sostener, no por el discurso, sino porque no tenemos el poder para hacerlo. El poder es fuerza, diplomática o militar o ambas y nosotros no tenemos ninguna, ni siquiera tenemos abogado. En un burdo intento de mandar un mensaje a Chile acerca de nuestras capacidades bélicas el gobierno invitó al Ministro de Defensa iraní, que tiene un nombre tan largo como la lista de delitos por los que se lo acusa en Argentina. Llegó y se fue, mejor dicho huyó, o mejor dicho, lo dejamos escapar. No quiero imaginarme que les hubiéramos dicho a nuestros hermanos musulmanes fundamentalistas si la INTERPOL arrestaba a este dignatario de Estado en suelo boliviano o que hubiéramos hecho si llegaba la orden internacional de captura y no la cumplíamos. ¿Con quién quedar bien, con nuestro nuevo socio lechero o con nuestro tradicional socio energético? Dilemas de un gobierno de irresponsables. ¿qué venía hacer este señor a Bolivia? Dos cosas: charlar con su colega de fechorías subversivas y también dignatario de Estado, Alvaro que seguro iban a tener unas tertulias, traductor de por medio, acerca de su explosivo pasado y dos, darle a Bolivia el respaldo militar que se requeriría en caso de que tengamos que hacer valer la fuerza militar para satisfacer nuestro fetichismo marítimo.

En uno de esos innumerables paseos por Internet, encontré una frase atribuida a un político boliviano que decía que en Bolivia sólo existen dos tipos de Presidentes: los malos y los que hablan del mar. Personalmente, estoy empezando a creer que son lo mismo.

¿Cuál será nuestra siguiente brillante idea en esta nueva "estrategia"? Espero con ansias.

DIGNIDAD, IGUALDAD Y LIBERTAD EN DEMOCRACIA

Luis Fernando Ortiz Daza
lufo69@yahoo.com

La democracia se fundamenta, entre otros principios, en la libertad, igualdad y dignidad de las personas. ¿Qué significa ser libre en el contexto de nuestra sociedad? Existen al menos dos sentidos decisivos de libertad: el primero remite a la posibilidad de actuar sin interferencias ni amenazas. En este sentido, por libertad se entiende que cada individuo goza del derecho a realizar determinadas actividades sin que nadie -ni el gobierno, ni organización social alguna, ni algún otro individuo se lo impidan. La libertad, por ejemplo, de autoridades electas por voto popular y que son perseguidas, como el caso de los Gobernadores y ex Gobernadores de la oposición o de la alcaldesa de Oruro, ¿ Nos permiten hablar de democracia?.

¿Nos permite hablar de libertad el Fiscal General del Estado cuando afirma que: "nadie puede hacer campaña en contra de las elecciones judiciales o alentar el voto nulo, blanco o el abstencionismo"? En declaraciones a la red Gigavisión indicó que no es legal que alguien esté promoviendo ese tipo de iniciativas porque es atentar contra la Constitución Política del Estado. ¿No dice la CPE que las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva? ¿A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla, libremente, de manera individual o colectiva?. El Fiscal interfiere y amenaza.

La igualdad social es una situación social según el cual las personas tienen las mismas oportunidades o derechos en algún aspecto. Existen diferentes formas de igualdad, dependiendo de las personas y de la situación social particular. ¿De qué igualdad social se habla si es que vamos a votar y no elegir a los magistrados?. "Si los candidatos son desconocidos y la preselección ha sido direccionada por el Poder Ejecutivo, el resultado puede que sea el abstencionismo o la emisión de votos nulos o blancos en las elecciones judiciales vaticina el estratega electoral y senador opositor, Luis Pedraza.

La dignidad se basa en el reconocimiento de la persona de ser merecedor de respeto, es decir que todos merecemos respeto sin importar como seamos. Al reconocer y tolerar las diferencias de cada persona, para que esta se sienta digna y libre, se afirma la virtud y la propia dignidad del individuo, fundamentado en el respeto a cualquier otro ser. La dignidad es el resultado del buen equilibrio emocional.

¿Qué respeto puede tener un abogado que se presenta como candidato a magistrado, si no serán tomados en cuenta sus meritos?. ¿De qué dignidad podemos hablar, cuando existen prejuicios hacia abogados que no pueden postularse por el hecho de haber defendido a supuestos delincuentes, que no tienen y algunos no tendrán sentencia ejecutoriada?. ¿De qué equilibrio emocional se puede hablar si es que en vitrinas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, existen nombres de abogados constitucionalistas que están vetados por omitir opinión contraria al régimen?

Según Juan del Granado: "Nos aproximamos a unas elecciones donde la gente votará pero no elegirá a nadie, solamente validará una lista de candidatos masistas nombrados a dedo por el presidente Evo Morales y la Asamblea Legislativa y el Tribunal Electoral se prestarán al show". El show sigue, la democracia, ese exceso de votaciones y referéndums para todo, puede "cansar" a algunos dictadores de uno y otro lado, pero lo que de verdad nos cansará será ir a votar para no elegir, nos cansará la falta de libertad de opinión e información de nuestros medios y representantes, nos cansará no ver opciones. La propuesta de que deberían haber candidatos a magistrados por mayorías, minorías y cuerpos colegiados no debería significar un cuoteo de la democracia, ya que será el pueblo quien a través del voto y su libre albedrío elegirá a los y las mejores bolivianos y bolivianas.

Ya es tarde, pero recordemos: democracia quiere decir gobierno del pueblo por el pueblo. La democracia es, por lo tanto, una forma de gobierno, un modo de organizar el poder político en el que lo decisivo es que el pueblo no es sólo el objeto del gobierno lo que hay que gobernar sino también el sujeto que gobierna. Se distingue y se opone así clásicamente al gobierno de uno o al gobierno de pocos -la aristocracia y oligarquía. En cualquier caso, el principio constitutivo de la democracia es el de la soberanía popular, o en otros términos, el de que el único soberano legítimo es el pueblo.

Dignidad: Premisa "El veneno no mata si no te lo tomas", nadie podrá jamás despojarte de tu dignidad a menos que le des permiso o lo permitas. Todo ciudadano es libre de asistir a la iglesia de su preferencia, de trabajar en tal o cual empleo, de formar una familia, de votar por un partido, etc. Su libertad así entendida puede verse como la posibilidad de elegir entre diversas alternativas sin verse sujeto a sanciones, amenazas o impedimentos.

LA ALCALDESA DE ORURO

Oscar Ortiz Antelo
oscarortizantelo@gmail.com

Rocío Pimentel, la mujer que el 4 de abril de 2010 ganó la Alcaldía de Oruro, está a punto de ser suspendida de su cargo y corre el riesgo de enfrentar cinco años de cárcel por el proceso que le han iniciado concejales del Movimiento al Socialismo (MAS). El supuesto delito, haber designado un Delegado Municipal de Transparencia y Lucha contra la Corrupción sin haber seguido los pasos legales. Su caso es una muestra más de la persecución política desatada por el gobierno boliviano contra quienes se atrevieron a ganarle en las urnas.

La Alcaldesa de Oruro, proviene del periodismo, en el cual se destacó como una popular conductora televisiva, además de dirigente de los periodistas. Para sorpresa de muchos, ganó las elecciones municipales de Oruro, ciudad capital del departamento del mismo nombre donde nació Evo Morales. Quizás este sea uno de sus principales pecados, el haber ganado en un territorio donde el MAS había ganado en los últimos años con porcentajes muy altos de votación.

Desde entonces, ella ha denunciado ser objeto de un acoso permanente de sus adversarios políticos, persecución cruel que ha llegado incluso al seguimiento de sus padres, de la tercera edad, y de sus hermanos, además del maltrato hacia su persona en reiteradas oportunidades como cuando fue apartada del desfile en el aniversario de Oruro por el protocolo presidencial.

El delito por el que se le acusa es absurdo y sin sentido. Nombrar a un funcionario a cargo de la lucha contra la corrupción es una política promovida por el mismo gobierno nacional. Sin embargo, bajo pretexto de que este nombramiento no estaba contemplado en la estructura municipal se la acusa de nombramientos irregulares, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

En cualquier Estado de Derecho esto no ameritaría la suspensión de una autoridad electa por el voto popular ni la detención de la misma. Sin embargo, en la Bolivia gobernada por el MAS se ha aprobada una ley por la cual se suspenden a las autoridades ante la sola apertura de la causa, es decir se sanciona antes del juicio. Peor aún, jueces y fiscales presionados por el poder político privan de libertad a líderes opositores ante el menor pretexto, sin el más mínimo respeto a los derechos humanos más elementales como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

De esta forma, el partido de gobierno toma las Alcaldías que perdió en Abril de 2010, cuando solo ganó dos de los nueve municipios capitales de Departamento. Desde entonces, ya logro apartar de sus cargos a los Alcaldes de Sucre y Potosí y actualmente enfrentan similar amenaza los Alcaldes de La Paz, Tarija, y Oruro.

Frente a la pérdida de popularidad, el MAS insiste en la confrontación y la polarización. Es la forma de gobernar y hacer política que practican para eliminar cualquier alternativa que represente una amenaza para su hegemonía hoy debilitada por la pérdida de popularidad que experimentan ante la falta de soluciones para la economía y la seguridad de la gente.