2014: El año del Estado plurinominal

Walter "Puka" Reyesvilla Méndez
aguadoble@yahoo.es

Tal como lo vengo haciendo cada cierre de gestión, desde hace cinco años, vengo a ofrecer mi personal caracterización –ya adelantada por el título- del retrogusto que nos dejaron estos últimos 12 meses.

Sin embargo, a manera de refrescar la memoria, haré un breve repaso de aquello que consideré como (in)digno de recordar los anteriores balances.

Señalé a 2010 como "año del rodillazo", en referencia a la ocasión en la que la primera rodilla del Estado fue a estrellarse contra los testículos de un deportista que tuvo la mala idea de marcar, quitándole la pelota, a su poseedor. Tal hecho, decía, expresaba el modo arbitrario en el que el régimen entiende y practica el poder ("le meto no más"). Desgraciadamente, lejos de amainar, esta actitud se ha pronunciado más aún.

 

Califiqué a 2011 como "año del MASking", en alusión a la represión orquestada por Sacha Llorenti en Chaparina –recientemente, el ex comandante de la Policía, Muñoz, ha vuelto a asegurar que el actual embajador ante la ONU fue quien dio la orden para ejecutar la salvaje operación-. Recordará usted la manera en la que fueron sellados con masking los labios de los indígenas: clara representación de la postura gubernamental sobre la libertad y los derechos humanos.

 

Indiqué que 2012 fue "año de la caca", citando textualmente una escatológica declaración de la primera boquita del "Estado Plurinominal" respecto de las relaciones con Estados Unidos. Ya hay señales, no obstante, de que el nuevo contexto obligará a Morales a comerse sus palabras, contenido incluido.

 

Caractericé 2013 como "año de la extorsión", aún fresco en la memoria por lo que no abundaré en mayor detalle, salvo mencionar que un sospechoso silencio se ha instalado respecto de la red gubernamental de extorsión.

 

Y acá estamos, denominando 2014 como año del "Estado plurinominal" en obvia referencia al desastroso desempeño del órgano electoral, cuya idea de cambiar el carácter del Estado en la papeleta electoral fue apenas una –la más grave por las consecuencias jurídicas implícitas- de muchas barbaridades que cometió.

 

Total, que así fuera muy legítimo, tendremos un Presidente doblemente ilegal: primero haber violado la CPE para habilitarse a la re-reelección y luego por ser mandatario de un Estado alterado.

EL PROCESO DEL TERROR

Susana Seleme Antelo

 

"El proceso jurídico es una necesidad que los Estados imponen para que la gente no aplique justicia por mano propia. En Bolivia, se inventaron el caso terrorismo-separatismo para vulnerar los Derechos Humanos de 39 inocentes" señaló el abogado constitucionalista William Herrera Añez,  en la presentación su último libro "El proceso del terror".

Es un sólido y pormenorizado estudio jurídico sobre el complot político con caratula judicial, para copar la llamada 'Media Luna': Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija y parte de Chuquisaca que demandaban autonomía desde 2004. El objetivo del régimen de Evo Morales era y es la lucha por el control territorial, político-ideológico, económico, social y étnico en Bolivia.  Herrera sostiene que " La fabricación de este caso ha tenido un alto costo social y político, pues además del fuerte impacto negativo en los imputados inocentes, que están siendo  procesados y juzgados por  hechos inexistentes,  también ha minado  la legitimidad, la independencia e imparcialidad del Órgano Judicial en general" y "ha echado por la borda la legalidad penal".

En ese marco, el planificado caso terrorismo-separatismo terminó, por una parte,  con la ejecución extrajudicial del húngaro boliviano Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyarosi, húngaro y Mike Dwyer, irlandés, el 16 de abril de 2009 en un hotel de esta ciudad.  Por otra, dio inicio al "proceso de terror" contra 39 inocentes.  "No fue un hecho  aislado simplemente policial, sino constituye un hecho político que se convierte en delito internacional, cuya responsabilidad penal se puede atribuir al Presidente, Vicepresidente del Estado, Ministros de gobierno y demás funcionarios jerárquicos que estuvieron a cargo del operativo".

Herrera hace suyo el planteamiento de que el Movimiento al Socialismo es producto de la ampliación de la democracia entre 1982 a 2000 y su apertura política, que permitió al dirigente vitalicio de la Federación de campesinos cocaleros del trópico de Cochabamba, Evo Morales, "saltar a diputado nacional y desde el Parlamento proyectarse a la presidencia de la República". El autor apunta a que como parlamentario "no se le conoce iniciativa relevante",  por lo demás "comprensible puesto que su plato fuerte no era legislar", sino "bloquear al país, promover la violencia y minar la estabilidad de los diferentes gobiernos (neoliberales) legalmente constituidos". Subraya, al mismo tiempo, que Morales es consecuencia de la crisis del proceso democrático con el agotamiento de los partidos políticos, llamados tradicionales.

No obstante, el llamado "proceso de cambio" instaurado con Morales  no ha modificado la centenaria organización "colonial, centralista y presidencialista del Órgano Ejecutivo, donde su figura encarna el poder total; es decir, no existe el imperio de la Constitución, ni del Estado Constitucional de Derecho… sino la voluntad del gobernante  de turno". La que Morales ha  expresado a carta cabal con su célebre frase: "yo le meto nomás aunque sea ilegal y después que vengan y arreglen los abogados" , sostiene el autor.

Que en el MAS prefieran utilizar el término "proceso de cambio" en vez de "revolución", según Herrera, no hace al meollo del objetivo: "la búsqueda del poder absoluto, y  para avanzar y alcanzarlo deberá destruir los principios y valores eminentemente liberales y sobre todo sus instituciones." Es decir, desmontar el sistema liberal, sobre todo el liberalismo político, siguiendo a sus mentores caribeños, enfatiza el autor.

Y en ese orden, apenas asumida la presidencia de la entonces República, Morales empezó  a des-calificar a los cruceños que demandaban autonomía, como "separatistas, golpistas  y subversivos", pues eran la expresión de  la oposición política orgánica a su gobierno. Así fue abonando el terreno para la derrota de la oposición en toda la Media Luna,  cuya violenta antesala fue la derrota político-militar del eslabón más débil: el departamento de Pando, aislado al norte del país, con escasa población y la detención arbitraria de su máxima autoridad, entonces el Prefecto Leopoldo Fernández, en septiembre de 2008, hasta hoy preso y sin juicio.

"La verdad se impondrá"

El libro "El proceso del terror" lleva el  subtítulo que encabeza este acápite : "La verdad se impondrá" y sobre esa premisa, el autor hace un pormenorizado análisis del concepto de terrorismo, y señala que es un termino 'plurisignificante'. Sí abarca figuras como el peligro colectivo y actuación política basada en violencia sistemática contra personas y bienes, mediante la intimidación grave para desestabilizar estructura políticas, constitucionales, económicas  o sociales, que dejan secuelas de muerte y destrucción.

En el tipificado por el régimen boliviano caso "terrorismo-separatismo", están ausentes esas figuras, pues el único daño físico a personas fue ejecutado por un comando de elite de la policía boliviana, bajo órdenes de las más altas autoridades del país. Hecho por demás comprobado no solo por declaraciones de los inocentes imputados, sino por las de ex funcionarios de régimen, muy cercanos al poder político, hoy detenidos por el delito de extorsión a los damnificados.

En ese sentido, Herrera sostiene  que el caso de marras, carece de "hecho punible … no hay contenido  penal, que en la doctrina se denomina 'tipicidad'." Es decir, "el elemento constitutivo del delito" de terrorismo está ausente: ni los ajusticiados en el hotel  las Américas  pusieron la bomba en casa del Cardenal Julio Terrazas, el 15 de abril de 2009 y tampoco alguno de los 39 imputados. Esa  bomba, puesta por agentes del régimen,  es lo que da título al proceso, para lo cual "se hizo un simulacro previo en La Paz; existen videos que muestran una maqueta  en tamaño natural del lugar a asaltar la madrugada del fatídico 16 de abril". Herrera Añez recuerda que todo estaba fríamente calculado, pues la denuncia del hecho, ya conocida,  está fechada el 30 de mayo de 2009, es decir, 16 días antes. 

 "Pese a toda la planificación,  realizaron la operación sin orden judicial ni presencia del fiscal Marcelo Sosa, con lo cual todos los elementos de convicción recolectados, al estar contaminados, constituyen prueba ilícita que deberá ser expulsada del proceso en cuanto se tenga un tribunal independiente e imparcial"   que es lo que demandan los imputados, los familiares y abogados. Aquí no hubo delito por parte de los imputados,  y sin delito no debiera haber 'caso' pues "el hecho no existió", afirma el autor.

Siguiendo la jurisprudencia internacional, ninguno de ellos cometió actos de peligro colectivo,  ni formaron parte de una organización armada, ni mataron a nadie. Más bien son víctimas de violación a sus Derechos Humanos, pues no se cumplió con el debido proceso, el juez natural local,  no se respetó la presunción de inocencia, ni tienen hasta hoy, a más de 5 años y medio de los hechos, derecho a un juicio justo, "oportuno, transparente y sin dilaciones", sostiene el autor. El "plazo razonable"  según el Tribunal Constitucional "tendrá una duración máxima de tres años", tiempo sobrepasado con creces. Esos delitos, como la ejecución extrajudicial a los tres extranjeros, "no prescriben ni admiten indulto o amnistía, cuya responsabilidad deberá sustentarse en la autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos de poder organizados, al estilo de lo que ocurrió en Perú" en el caso de Alberto Fujimori,  apunta el constitucionalista William Herrera. Sobre estas y otras consideraciones expuestas en su libro,  concluye que el Tribunal de Sentencia debe dictar absolución de pena y culpa a los 39 acusados por ser inocentes.

HEGEMONIA Y DOMINACION

Susana Seleme Antelo

Que la historia la escriben los vencedores, no es novedad. No hablo de vencedores de guerras con ejércitos de tierra, aire y mar donde lo hubiese, sino de        guerras políticas. Aquellas que ganan los autócratas con máscara democrática, voto instrumentado, abrumadora propaganda y prebendas varias, en un "espacio político unipolar… que no tiene contrapeso y todo gira alrededor de él. Este es el centro ahora, pero antes era la izquierda."

No son ideas de un dictador, tampoco las de un guerrillero que quiere tomar cielo y tierra por asalto, aunque en Bolivia le calcen ambas definiciones al autor de la cita: el Vice. Su visión unipolar la matiza con rimbombantes frases, que muchas personas que favorecieron  con su voto al reelecto régimen de Evo Morales, no conocen. Muy poca gente debe saber qué es un "espacio euclidiano primitivo" y tampoco que su "propuesta académica, intelectual y política",  lee "el espacio político como curvo". En esa peligrosa curva se perdieron la República y el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática, la transparencia y rendición de cuentas sobre el gasto público durante los últimos 9 años. Y sin contrapesos, la corrupción adquirió carta de ciudadanía, como nunca antes;  se politizó el poder judicial contra adversarios políticos con prácticas autoritarias y violentas, abusos de poder y violación a los Derechos Humanos de indígenas, dirigentes políticos, cívicos y personas no afines al régimen.

Cualquiera sea la figura matemática, geométrica o física que  pretenda definir esos 'espacios', si el pensamiento político es unipolar, de hecho niega la pluralidad política y desnuda el desprecio a las diferencias y al pensamiento crítico. En la "II Cumbre para un periodismo responsable" realizada en Guayaquil, Ecuador, el Vice corroboró su  pensamiento absoluto con otro exceso: "hegemonía estatal revolucionaria", aplicada a los medios de comunicación, frente al peligro de "oligopolios comunicacionales privados".  Sin nombrar al italiano   Antonio Gramsci (1891-1937), filósofo  y responsable de la nueva concepción de hegemonía, el Vice afirmó que se debe "potenciar los medios estatales y comunitarios," para "separar la acción comunicacional privada de la acción partidaria, pues una cosa es hacer política y otra ser un partido político". Agregó que el "Estado revolucionario" debe "readecuar estructuralmente el campo periodístico", llevar los medios estatales "hasta el último rincón del país" y "favorecer la adhesión" de los medios privados a ciertos "contenidos ideológicos", sentenció quien ejerce y defiende la unipolaridad.

Sin embargo, su partido, que se pretende único y tiene más medios de comunicación estatales y paraestatales que todos los privados, ¿acaso no hace política en el ejercicio de su hegemonía étnico-cultural y social convertida en dominación, desde el poder político? Aquí,  dominación sin clase obrera, "subalterna" como la definió Gramsci para burlar la censura carcelaria en sus escritos. Introdujo el concepto de cultura como eje del análisis de la dominación de clase y la contradicción entre coerción y consenso, en los procesos políticos dominantes. Se necesita también la aceptación más o menos voluntaria y consensuada de los sujetos dominados, aceptación que, según Gramsci,  está mediada por las formas culturales de interacción entre dominados y dominadores. Para el pensador italiano,  la hegemonía es la capacidad de dirección que proporcionará una base social al Estado proletario. En esa lógica, la hegemonía se forja desde el ámbito cultural en la sociedad civil, mientras que la dictadura del proletariado y su partido son la forma estatal que asume dicha hegemonía.

En Bolivia, el "proceso de cambio" sustituyó las clases sociales por el fundamentalismo indígena-originario-campesino, sin que tengamos, hasta  hoy, ni un Estado indígena ni un Estado proletario, mientras la economía, con alguna redistribución de la riqueza,  se desliza por carriles capitalistas sin sobresaltos, como la cadena coca-cocaína.  ¿Es ese el "Estado revolucionario",  que giró de la izquierda al centro?

En la Bolivia de Morales, desde el poder total sin contrapeso, no respetaron ni respetan "las múltiples determinaciones como unidad de lo diverso", en palabras de Marx, sobre la realidad concreta de toda sociedad. La hegemonía en Bolivia es dominación político-ideológica, pero no ha resuelto los contradicciones de la diversidad, ni  las  internas del "bloque en el poder", para seguir usando conceptos gramscianos.  Lo demuestran las luchas intestinas del régimen, frente a las elecciones de gobernadores y alcaldes en marzo de 2015.

EL INNOMBRABLE, SU EGO Y Mr BURNS

Walter "Puka" Reyesvilla Méndez
aguadoble@yahoo.es

Sólo a un(os) necio(s) se le(s) ocurriría hacer algo que, vistos sus perniciosos efectos en otros, es más probable que produzca un desastre antes que un alivio.

Tal puede ser, por ejemplo, el consumo de drogas. Si bien en cierto momento se tuvo mucha fe en ellas por sus efectos evasivos, con los años se fue acumulando la suficiente información (traducida, eventualmente, en estadísticas de muertes) como para tomar distancia de las mismas. Así pues, quienes a pesar de todo lo que se sabe sobre aquellas optan por consumirlas de todas maneras están, en mi criterio, incurriendo en un hecho de absurda necedad; asunto en principio individual que pasa a afectar al entorno familiar y- por masificación- a la sociedad en general.

Algo así pareciera estar sucediendo, a juzgar por el entusiasta anuncio del régimen, en torno a la instalación de una planta nuclear en territorio boliviano –paceño, para mayor precisión-.

¿Qué extraño designio puede estar influyendo en la mollera de El Innombrable (lo pongo de esta manera para que no se piense que, dado mi penoso anonimato, quiero ganar popularidad mentándolo) para embarcarse en semejante desatino?

"Con la planta nuclear me sentí en la cima del mundo", dice el inefable Montgomery Burns en un episodio de Los Simpson. ¿Tiene la obsesión de El Innombrable alguna relación con estas palabras?

"¿Eres egocéntrico?" le pregunta a El Innombrable la periodista María de los Ángeles Baudoin  (Suplemento "Ventana", La Razón 2 de febrero de 1997). Luego de explicarle el significado del término, que El Innombrable desconoce, éste responde "Sí, es un vicio". Huelgan mayores consideraciones.

Me encuentro leyendo el libro "Los Simpson y la filosofía" (varios autores). De éste extraigo la siguiente descripción de Springfield: "La planta nuclear es una fuente de contaminación y peligro constante, pero al menos pertenece al magnate industrial y esclavista local, Montgomery Burns, y no a alguna remota corporación multinacional".  ¡Vaya consuelo!

Puestas así las cosas, la conclusión es que, para inflar aún más su ya elefantiásico ego, El Innombrable está dispuesto a convertir nuestra ciudad en el próximo Chernobyl. Burns se frota las manos y murmura "excelente".

JUICIO DE RESPONSABILIDADES, INDELEGABLE

Franz Rafael Barrios Gonzalez
franzrbarrios@yahoo.com

El Vicepresidente del Estado y Presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, anunció un "Proyecto de Modificación" al procedimiento de juzgamiento de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (contenido en la Ley N° 044), en ejecución de su confesada persecución "personal" contra 3 magistrados de dicho Tribunal.

 

A decir de García, la modificación de la Ley N° 044, tendría como intención la de evitar que "los senadores condenen a los magistrados del TCP".

 

Para empezar, qué sentido podría tener un "nuevo procedimiento" si éste ya no fuera a cumplir con su único fin, que es el de viabilizar el "juzgamiento", por medio de un Tribunal de Sentencia (conformado por senadores), a altas autoridades del TCP! Sentencia que resuelve, en principio y según dispone el parágrafo I del Art. 9 de la Ley 044, pretensiones pertenecientes a las materias penal (sanción penal) y/o civil (responsabilidad civil).

 

En la misma línea, el proyectista de la improvisada modificación, el Procurador General del Estado, Héctor Arce, cree que con ello se podrá "separar la responsabilidad penal de la administrativa"; ignorando el ámbito de aplicación de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) y que, para el servidor público no cabe la responsabilidad penal sin que, por lo menos, exista al mismo tiempo la responsabilidad administrativa, entre otros aspectos.

 

El Procurador General afirmó también que el Órgano Legislativo "sólo puede emitir sanciones administrativas". No obstante, Héctor Arce ignora que, por elemental noción de Derecho Administrativo, los Órganos Legislativo, Judicial, Ejecutivo y el Electoral, tienen todos y en todo momento, sólo que a distinto predominio de una función con respecto a la otra, las funciones ejecutiva, administrativa, legislativa y judicial (García de Enterría, E. et al; Curso de Derecho Administrativo; 2011).

 

Ahora bien, lo más alarmante tras el proyecto modificatorio de la Ley N° 044 radica en el hecho de que, ni el Vicepresidente, ni el Procurador General del Estado, ni otros de sus promotores (suponemos "estudiosos del Derecho"), hubieran tenido la luz jurídica necesaria para advertir que, la atribución de la Cámara de Senadores para juzgar a los magistrados del TCP en un Juicio de Responsabilidades, es indelegable e inderogable (salvo reforma parcial de la CPE)!

 

La CPE en su Art.160 establece (con carácter de Orden Público Constitucional inderogable para noticia de los proyectistas) que: "Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: 6. JUZGAR EN ÚNICA INSTANCIA a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo, del Tribunal Agroambiental y del Control Administrativo de Justicia por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, cuya SENTENCIA será aprobada por al menos dos tercios de los miembros presentes, de acuerdo con la ley".

 

El Urs-prungs-norms (la más alta, suprema, o primera norma de nuestro sistema jurídico), expresamente ordena que, en lo referente a un Juicio de Responsabilidades seguido contra magistrados del TCP, el Tribunal de Juzgamiento/Sentencia (única instancia reiteramos), será aquél conformado por los miembros de la Cámara de Senadores, y ningún otro!

 

Finalmente, si bien García Linera nos viene demostrando que el estudio jurídico no es lo suyo; no podemos permitir que el Presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional también ignore las atribuciones constitucionales de su propia Cámara de Senadores, y que, en flagrante atentado al Orden Público Constitucional y al Órgano que preside, intente "hacer un traje a medida de la impunidad" delegando atribuciones constitucionales a otras instancias que, con su prestación a tamaña aberración jurídica, viciarán de nulidad cualquier eventual "falso juzgamiento" posterior.