Oscar Pereyra
opereyras@hotmail.com
El Censo de 2012, muestra claramente el traslado momentáneo en la ciudad de la Paz, de gran parte de la población urbana hacia las zonas rurales, esto debido a que esta gran mayoría es de origen rural y provienen de allí en segunda o tercera generación.
Resulta muy paradógico que se haya llevado a cabo el Censo en estas condiciones, sabiendo que estos grupos humanos, fueron obligados a trasladarse a sus comunidades y/o pueblos bajo la amenaza de perder los derechos sobre sus tierras o de ser echados de sus comunidades, bajo el argumento de que estos resultados serían la base para la distribución de los ingresos, cuando este no fue el objetivo del Censo.
El resultado es obvio, resultados erróneos de población mayor a la existente en estas comunidades, en las que la población joven es prácticamente inexistente y sin embargo esta tiene sus intereses en las ciudades, allí viven, trabajan, demandan servicios y todo. Por lo tanto los resultados del censo están distorcionados y solo sirven para crear conflictos, el único lugar donde pueden estar estos resultados censales es en el basurero.
Los Censos son muy importantes, sin embargo deben hacerse en función de nuestras propias demandas y no en base a los requerimientos de los Organismos Internacionales que son los financiadores y los más interesados en conocer estos datos.
Todos sabemos que la mayoría de la población (más del 70%) está asentada en las ciudades y hacernos creer que el 50% de la población está en el campo, es solo para estrategias políticas, la forma de desarrollar estas zonas rurales no es mediante la asignación de recursos económicos en detrimento de las ciudades, sino más bien con una migración efectiva ciudad - campo para lograr desconcentrar las principales ciudades, esto solo puede conseguirse con seguridad jurídica en el campo.
miércoles, 18 de septiembre de 2013
Plurinacionales promulgaron la Ley de Armas.
Franz Rafael Barrios Gonzalez
franzrbarrios@yahoo.com
¿Por qué lo anuncian como una novedad ignaros plurinacionales? Quién les ha hecho creer que la materia de armas, por el hecho de haber sido regulada por decretos, es "menos Orden Público" que si se lo hiciera por medio de una Ley.
Tan sólo por citar algo:
• Decreto Supremo 29747 de 15 de octubre de 2008.- "Prohíbe la importación de armas de fuego y municiones para uso civil, en todo el territorio nacional."
• Decreto Supremo 29534, 29 de abril de 2008.- Regula la importación, comercialización, tenencia, manipulación, empleo, portación, destrucción, desactivación, control, fiscalización, incautación y confiscación de armas y municiones de uso militar, policial y civil.
• Decreto Supremo 27520, 25 de mayo de 2004.- Crea la Autoridad Nacional de Armas Químicas.
Asimismo, el Estado boliviano al aprobar, ratificar, o adherir a cualquier Convención (que tenga por objeto la materia armas), incorporó dichas convenciones/regulaciones (que por cierto son varias y específicas) a la legislación nacional con el carácter de LEYES; cuyas vigencia y eficacia jurídicas son exigibles hace años:
Nuevamente, tan sólo por citar algo:
• Ley 2230 19 de julio de 2001.- Se aprueba la adhesión a la "Convención sobre prohibición o restricción del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados" y a sus protocolos anexos.
• Ley 1915 26 de noviembre de 1998.- Se aprueba y ratifica la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados.
• Ley 1870 15 de junio de 1998.- Se aprueba y ratifica la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción.
Se les recomiendan hagan el imposible esfuerzo de distinguir jerarquía normativa, de supremacía constitucional, y a su vez estas, de lo que significa VIGENCIA/EFICACIA JURÍDICA y ORDEN PÚBLICO. Fenómenos absolutamente distintos, valga la aclaración.
franzrbarrios@yahoo.com
¿Por qué lo anuncian como una novedad ignaros plurinacionales? Quién les ha hecho creer que la materia de armas, por el hecho de haber sido regulada por decretos, es "menos Orden Público" que si se lo hiciera por medio de una Ley.
Tan sólo por citar algo:
• Decreto Supremo 29747 de 15 de octubre de 2008.- "Prohíbe la importación de armas de fuego y municiones para uso civil, en todo el territorio nacional."
• Decreto Supremo 29534, 29 de abril de 2008.- Regula la importación, comercialización, tenencia, manipulación, empleo, portación, destrucción, desactivación, control, fiscalización, incautación y confiscación de armas y municiones de uso militar, policial y civil.
• Decreto Supremo 27520, 25 de mayo de 2004.- Crea la Autoridad Nacional de Armas Químicas.
Asimismo, el Estado boliviano al aprobar, ratificar, o adherir a cualquier Convención (que tenga por objeto la materia armas), incorporó dichas convenciones/regulaciones (que por cierto son varias y específicas) a la legislación nacional con el carácter de LEYES; cuyas vigencia y eficacia jurídicas son exigibles hace años:
Nuevamente, tan sólo por citar algo:
• Ley 2230 19 de julio de 2001.- Se aprueba la adhesión a la "Convención sobre prohibición o restricción del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados" y a sus protocolos anexos.
• Ley 1915 26 de noviembre de 1998.- Se aprueba y ratifica la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados.
• Ley 1870 15 de junio de 1998.- Se aprueba y ratifica la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción.
Se les recomiendan hagan el imposible esfuerzo de distinguir jerarquía normativa, de supremacía constitucional, y a su vez estas, de lo que significa VIGENCIA/EFICACIA JURÍDICA y ORDEN PÚBLICO. Fenómenos absolutamente distintos, valga la aclaración.
martes, 17 de septiembre de 2013
LA PAZ ATACADA
Radio Fides de Bolivia: Gobierno: Buses "Puma Katari" incrementará subvención a los hidrocarburos en $us 4.5 millones
Luis Fernando Ortiz Daza
lufo69@yahoo.com
La respuesta contundente a este gobierno impopular será decirles que esa "subvención" es una migaja a lado de la subvención de cientos de millones de dólares al agro cruceño que es propiedad en su mayoría de oligarquías acomodadas a este gobierno, subvención acompañada de transgénicos a costa de la salud del pueblo. Habrá que acotar que el pueblo paceño merece más subvención aún en respeto a su lucha por los hidrocarburos, habrá que decirle al gobierno mañudo que nuestras primeras autoridades se han embelesado tanto en el poder que ya están psicópatas. Habrá que decirles además que La Paz se merece transporte de calidad, no los minibuses de sus acólitos chóferes que no hacen más que maltratar a la gente. Habrá que decirle al gobierno que la subvención para los minibuses es 100 mil veces superior a los Puma Katari. Habrá que recordarles que están envenenando a La Paz con automóviles obsoletos.
Si los paceños se dejan convencer con estas mentiras a diestra y siniestra, si los paceños y sus autoridades son incapaces de desenmascarar las intenciones perversas con La Paz de estos desagradecidos, definitivamente La Paz se nos muere. Llegan al colmo de echar la culpa de los resultados del censo a la gestión Edil, cuando sabemos que en estos 8 años del MAS no se ha hecho absolutamente nada para cambiar la matriz productiva por parte del gobierno. Cuando sabemos que los bloqueos gestados por el gobierno son inmensamente mayores, cuando sabemos que toda la problemática social se resuelve en las calles de La Paz por culpa del gobierno. Solo por dar un ejemplo, las movilizaciones de la COB de este año cuántos días duraron, cuánto daño causaron. Parece ser que el gobierno municipal necesita el apoyo militante de sus ciudadanos para defender su ciudad.
Es hora de salir con bronca y decirles que estamos nuevamente cabreándonos, que la lucha sigue, que no es posible que el Gobierno Central se vaya de vacaciones a Santa Cruz a ver lo que antes odiaban, el progreso y desarrollo de un departamento pujante, a ver a sus hermosas mujeres que antes para ellos eran la degradación del capitalismo. Ha cambiado este gobierno y la sede sí se mueve, se va a santa Cruz, al paraíso de la inversión y el capitalismo. Se va con su disqué socialismo a cuestas y deja una ciudad arrasada y miles de desaparecidos en el último censo.
Lo que hay que hacer es crear conciencia y compartir opiniones acerca de las agresiones que sufre la ciudad de La Paz como cuna del proceso de cambio. Hay que defender los recursos de los paceños y dejarse de embelesar con un teleférico que no va a servir para nada, pues no crea empleo sustentable y no es una matriz productiva, habría que preguntarle al gobierno cuánto nos cuesta de subvención su campaña electoral con el teleférico, cuánto de energía va a consumir y si es rentable.
Luis Fernando Ortiz Daza
lufo69@yahoo.com
La respuesta contundente a este gobierno impopular será decirles que esa "subvención" es una migaja a lado de la subvención de cientos de millones de dólares al agro cruceño que es propiedad en su mayoría de oligarquías acomodadas a este gobierno, subvención acompañada de transgénicos a costa de la salud del pueblo. Habrá que acotar que el pueblo paceño merece más subvención aún en respeto a su lucha por los hidrocarburos, habrá que decirle al gobierno mañudo que nuestras primeras autoridades se han embelesado tanto en el poder que ya están psicópatas. Habrá que decirles además que La Paz se merece transporte de calidad, no los minibuses de sus acólitos chóferes que no hacen más que maltratar a la gente. Habrá que decirle al gobierno que la subvención para los minibuses es 100 mil veces superior a los Puma Katari. Habrá que recordarles que están envenenando a La Paz con automóviles obsoletos.
Si los paceños se dejan convencer con estas mentiras a diestra y siniestra, si los paceños y sus autoridades son incapaces de desenmascarar las intenciones perversas con La Paz de estos desagradecidos, definitivamente La Paz se nos muere. Llegan al colmo de echar la culpa de los resultados del censo a la gestión Edil, cuando sabemos que en estos 8 años del MAS no se ha hecho absolutamente nada para cambiar la matriz productiva por parte del gobierno. Cuando sabemos que los bloqueos gestados por el gobierno son inmensamente mayores, cuando sabemos que toda la problemática social se resuelve en las calles de La Paz por culpa del gobierno. Solo por dar un ejemplo, las movilizaciones de la COB de este año cuántos días duraron, cuánto daño causaron. Parece ser que el gobierno municipal necesita el apoyo militante de sus ciudadanos para defender su ciudad.
Es hora de salir con bronca y decirles que estamos nuevamente cabreándonos, que la lucha sigue, que no es posible que el Gobierno Central se vaya de vacaciones a Santa Cruz a ver lo que antes odiaban, el progreso y desarrollo de un departamento pujante, a ver a sus hermosas mujeres que antes para ellos eran la degradación del capitalismo. Ha cambiado este gobierno y la sede sí se mueve, se va a santa Cruz, al paraíso de la inversión y el capitalismo. Se va con su disqué socialismo a cuestas y deja una ciudad arrasada y miles de desaparecidos en el último censo.
Lo que hay que hacer es crear conciencia y compartir opiniones acerca de las agresiones que sufre la ciudad de La Paz como cuna del proceso de cambio. Hay que defender los recursos de los paceños y dejarse de embelesar con un teleférico que no va a servir para nada, pues no crea empleo sustentable y no es una matriz productiva, habría que preguntarle al gobierno cuánto nos cuesta de subvención su campaña electoral con el teleférico, cuánto de energía va a consumir y si es rentable.
jueves, 12 de septiembre de 2013
La extorsión como forma de Gobierno
Tenga usted por seguro que en la caracterización que hago sobre cada año, a la conclusión de éstos, la del año en curso lo considerará como el de la extorsión. Comenzó así y está terminando así.
Y no es que las prácticas extorsivas hubieran aparecido recién hace 365 días cuando, a raíz del caso Ostreicher cayó una parte, la más visible, de la red de extorsión gubernamental que el régimen montó para lucrar a través de una suerte de industria del terrorismo de Estado. No.
Aquellas simplemente fueron puestas en evidencia, entre otras cosas por la insistencia del Embajador para las Causas Justas del Estado Plurinacional, don Sean Penn. Su data se remonta prácticamente a los albores de la llegada al poder de Morales & Cia.
En enero, cuando la estantería del régimen se había venido abajo y había que hacer algo para recomponerla, se les ocurrió a sus "spin doctors" largar, para desviar la atención de la opinión pública que estaba totalmente indignada con las revelaciones sobre la red de extorsión gubernamental, guarismos "preliminares" del censo de 2012. Este es el origen del entuerto sobre los datos censales que hasta hoy –cuando se acerca el año de la realización del censo (21 de noviembre)- pone contra las cuerdas al régimen, cuya credibilidad está por suelos.
Cuando la primera oleada extorsiva parecía "bajo control", surge la detención del Jefe de la Unidad Anticorrupción, Fabrico Ormachea, aprehendido con las "manos en la masa"… y la respuesta gubernamental recurre a la misma mecánica: desconocer al funcionario, insinuar que es más o menos un loquito que hace fechorías por cuenta propia, llamarlo "desertor"; eludir, en resumidas cuentas, cualquier vínculo con el "torísimo solitario".
¿Dónde están sus mandantes? ¿dónde sus padrinos?. Lo sugestivo del asunto es que ahora son dos los altos cargos del régimen que están a merced de la justicia estadounidense; ambos por delito infraganti.
Extorsión en el caso "Las Américas", extorsión en el caso "Ostreicher", extorsión en el caso "Aerosur"… el régimen masista tiene el dudoso honor de haber hecho de la extorsión una forma de gobierno. Delicuentes de cuello azul (blue collar criminals).
Y no es que las prácticas extorsivas hubieran aparecido recién hace 365 días cuando, a raíz del caso Ostreicher cayó una parte, la más visible, de la red de extorsión gubernamental que el régimen montó para lucrar a través de una suerte de industria del terrorismo de Estado. No.
Aquellas simplemente fueron puestas en evidencia, entre otras cosas por la insistencia del Embajador para las Causas Justas del Estado Plurinacional, don Sean Penn. Su data se remonta prácticamente a los albores de la llegada al poder de Morales & Cia.
En enero, cuando la estantería del régimen se había venido abajo y había que hacer algo para recomponerla, se les ocurrió a sus "spin doctors" largar, para desviar la atención de la opinión pública que estaba totalmente indignada con las revelaciones sobre la red de extorsión gubernamental, guarismos "preliminares" del censo de 2012. Este es el origen del entuerto sobre los datos censales que hasta hoy –cuando se acerca el año de la realización del censo (21 de noviembre)- pone contra las cuerdas al régimen, cuya credibilidad está por suelos.
Cuando la primera oleada extorsiva parecía "bajo control", surge la detención del Jefe de la Unidad Anticorrupción, Fabrico Ormachea, aprehendido con las "manos en la masa"… y la respuesta gubernamental recurre a la misma mecánica: desconocer al funcionario, insinuar que es más o menos un loquito que hace fechorías por cuenta propia, llamarlo "desertor"; eludir, en resumidas cuentas, cualquier vínculo con el "torísimo solitario".
¿Dónde están sus mandantes? ¿dónde sus padrinos?. Lo sugestivo del asunto es que ahora son dos los altos cargos del régimen que están a merced de la justicia estadounidense; ambos por delito infraganti.
Extorsión en el caso "Las Américas", extorsión en el caso "Ostreicher", extorsión en el caso "Aerosur"… el régimen masista tiene el dudoso honor de haber hecho de la extorsión una forma de gobierno. Delicuentes de cuello azul (blue collar criminals).
EN DEFENSA DEL DERECHO DE SINDICALIZACION
Gonzalo Rodríguez
rodriguez.go@gmail.com
PRONUNCIAMIENTO DEL PT
Una reciente publicación de prensa ha llamado la atención sobre las restricciones sindicales contenidas en la Ley de Cooperativas. La Ley 356, de 11 de abril de 2013, a través de su Art. 37.IV.2 dispone que ningún asociado/a "de una Cooperativa de Producción, Servicios y Servicios Públicos, podrá pertenecer a un indicato laboral de la misma".
Tal pretensión constituye una afrenta inadmisible al Art. 23.4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. XXII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Art. 26 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, Art. 16.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y, Art. 8.1 del Protocolo de San Salvador; que reconocen y garantizan la libertad sindical.
Pero el respeto de tales tratados Internacionales de Derechos Humanos definitivamente no le interesa al gobierno, al extremo que ni se acordó de su obligatoria consideración, como correspondía por mandato del Art. 13.4 y 256 de la Constitución.
Más vergonzoso y censurable aún resulta el papel del Ministerio de Trabajo que, cuando el Órgano Ejecutivo remitió el respectivo proyecto de Ley al parlamento, ni durante su tratamiento legislativo, no hizo notar que tal pretendida restricción a la asociación sindical implica además vulnerar el Convenio 87 de la OIT, sobre la libertad sindical.
Si bien se explica que los parlamentarios oficialistas simplemente levanten las manos para aprobar los proyectos enviados por el ejecutivo como su única opción, los llamados libre pensantes de la bancada del MAS están llamados a explicar al pueblo boliviano: ¿por qué cohonestaron este despropósito antisindical del gobierno?.
A su turno, , las bancadas de fuerzas de oposición están obligadas a explicar ¿cuál fue su actitud sobre el contenido del Art. 37 de la Ley 356? No se puede hablar de respeto del estado de derecho, de las libertades y los derechos humanos; y en este caso haber resultado negligentes, cuando no cómplices, frente esta nueva vulneración.
Los pocos o algún/a parlamentario/a que tenga sincera convicción a favor de los derechos humanos y de los derechos sindicales como parte de ellos, en estas circunstancias, tiene la oportunidad de asumir su deber de demandar la inconstitucionalidad de dicho Art. 37 de la Ley 356.
El Partido de los Trabajadores, por su origen en las filas sindicales y presencia en diferentes sectores laborales, no permitirá que ningún sindicato de cooperativa alguna – sea del sector minero, fabril, telefonía, etc. – resulte afectado por esta disposición contraria a los derechos humanos; respaldaremos su no acatamiento por toda organización sindical, trabajador/a que pretenda ser afectada por esta disposición irracional, así como, emprenderemos los esfuerzos necesarios para que el Art. 37.4.2. de la Ley 356 sea retirada formalmente de la vida jurídica nacional, por su esencia anticonstitucional.
rodriguez.go@gmail.com
PRONUNCIAMIENTO DEL PT
Una reciente publicación de prensa ha llamado la atención sobre las restricciones sindicales contenidas en la Ley de Cooperativas. La Ley 356, de 11 de abril de 2013, a través de su Art. 37.IV.2 dispone que ningún asociado/a "de una Cooperativa de Producción, Servicios y Servicios Públicos, podrá pertenecer a un indicato laboral de la misma".
Tal pretensión constituye una afrenta inadmisible al Art. 23.4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. XXII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Art. 26 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, Art. 16.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y, Art. 8.1 del Protocolo de San Salvador; que reconocen y garantizan la libertad sindical.
Pero el respeto de tales tratados Internacionales de Derechos Humanos definitivamente no le interesa al gobierno, al extremo que ni se acordó de su obligatoria consideración, como correspondía por mandato del Art. 13.4 y 256 de la Constitución.
Más vergonzoso y censurable aún resulta el papel del Ministerio de Trabajo que, cuando el Órgano Ejecutivo remitió el respectivo proyecto de Ley al parlamento, ni durante su tratamiento legislativo, no hizo notar que tal pretendida restricción a la asociación sindical implica además vulnerar el Convenio 87 de la OIT, sobre la libertad sindical.
Si bien se explica que los parlamentarios oficialistas simplemente levanten las manos para aprobar los proyectos enviados por el ejecutivo como su única opción, los llamados libre pensantes de la bancada del MAS están llamados a explicar al pueblo boliviano: ¿por qué cohonestaron este despropósito antisindical del gobierno?.
A su turno, , las bancadas de fuerzas de oposición están obligadas a explicar ¿cuál fue su actitud sobre el contenido del Art. 37 de la Ley 356? No se puede hablar de respeto del estado de derecho, de las libertades y los derechos humanos; y en este caso haber resultado negligentes, cuando no cómplices, frente esta nueva vulneración.
Los pocos o algún/a parlamentario/a que tenga sincera convicción a favor de los derechos humanos y de los derechos sindicales como parte de ellos, en estas circunstancias, tiene la oportunidad de asumir su deber de demandar la inconstitucionalidad de dicho Art. 37 de la Ley 356.
El Partido de los Trabajadores, por su origen en las filas sindicales y presencia en diferentes sectores laborales, no permitirá que ningún sindicato de cooperativa alguna – sea del sector minero, fabril, telefonía, etc. – resulte afectado por esta disposición contraria a los derechos humanos; respaldaremos su no acatamiento por toda organización sindical, trabajador/a que pretenda ser afectada por esta disposición irracional, así como, emprenderemos los esfuerzos necesarios para que el Art. 37.4.2. de la Ley 356 sea retirada formalmente de la vida jurídica nacional, por su esencia anticonstitucional.
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