Alberto Bonadona Cossío
abonadona2001@yahoo.es
Es humano echar la propia culpa a otros o a causas externas. También es humano equivocarse y reconocer errores. Lo primero es más sencillo, lo segundo requiere de integridad y valor. Estas actitudes se ven en todas partes del mundo. Hoy se presentan con los bonos pagados a los ex ejecutivos de AIG, la compañía de seguros más grande de Estados Unidos y del mundo. También se ven en el caso de los fideicomisos inscritos en el presupuesto boliviano a favor de las empresas estratégicas, curiosa combinación de fábricas de papel y cartón con la petrolera YPFB.
En EE.UU., la recuperación de las empresas quebradas otorgó 173.000 millones de dólares a AIG que incluían el pago de 165 millones de dólares a 76 ex ejecutivos. El Congreso estadounidense, en una primera instancia, se opuso a estos bonos, pero al ser advertido que el no pago podía causar juicios con costos mayores al monto de los bonos, hizo que el congresista Christofer Dodd introdujese a último momento la frase que permite honrarlo si las empresas ingresaron al programa de recuperación antes del 9 de febrero, caso preciso de AIG.
En Bolivia el ex Ministerio de Hacienda, ex porque ahora es el rimbombante Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, autorizó los contratos de fideicomisos con montos no revelados con la exactitud que, en contraste, se conocen de los desventurados bonos en EE.UU. Se sabe que alcanzan a decenas de millones de dólares. Sólo se sabe que el fideicomiso de YPFB es de 45 millones de dólares después de un muerto que hizo posible se devele su manejo que ensombreció la imagen de ésta empresa y mando a la cárcel a su ex presidente, Santos Ramírez. Los fideicomisos forman parte del presupuesto nacional y, si bien están respaldados por la ley financial promulgada por el Presidente del Estado Plurinacional, ésta saltó la aprobación del Congreso al no cumplirse las fechas establecidas para ello. Sin embargo, los fideicomisos forman parte de los presupuestos de anteriores administraciones estatales. Diversos diputados y senadores han conocido y utilizado la existencia de los mismos.
En Estados Unidos los millonarios pagos a los 76 empleados de AIG, en un clima de desempleo y desasosiego general, provocaron el enojo popular. El presidente de la Comisión de Banca del Congreso, el referido Mr. Dodd, después de negar el cambio en la ley que aprobó el pago y que fue suscrita por Obama, reconoció que él introdujo la modificación por la presión que ejerció la administración presidencial. Posteriormente, el propio Obama asumió completa responsabilidad a la vez que señaló que realizará todo lo que su autoridad le permita para exigir la devolución de los injustos bonos.
En Bolivia las culpas son de todos menos de los que firmaron y no fiscalizaron los fideicomisos. Los senadores "recién" descubren su existencia aunque, acertadamente, apuntan a la responsabilidad que tiene el Ministro de Economía de fiscalizar los fideicomisos. Este, a su vez, culpa al pasado de los senadores antes de asumir su responsabilidad. El fideicomiso de YPFB ha pagado sobornos, ha dado paso a un delictuoso contrato que no colocó ni la piedra fundamental de la planta comprometida, y todavía las autoridades culpan del embrollo al presupuesto y al contrato.
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