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La Contraloría General de la República es la máxima instancia del control fiscal de las operaciones y manejo de recursos de la administración pública, cuya labor en los últimos años ha significado un aporte fundamental a la institucionalización de la administración pública y la construcción del servicio civil. Por mandato del artículo 213/I de la nueva Constitución Política del Estado, la Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquéllas en las que el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa.
Contrariamente a este mandato constitucional, la toma política de la Contraloría General de la República por parte del Gobierno y la designación en el cargo de Contralor de un connotado dirigente del partido de Gobierno y diputado nacional, se ha constituido en el hecho de mayor cinismo político, confirmando su desprecio por el estado de derecho y la coronación de sus ambiciones totalitarias a través de la cooptación política de órganos públicos respetables para fines políticos y particulares.
Al Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y la Fiscalía General de la República, se ha sumado la destrucción de la Contraloría General de la República, sin embargo en este último caso se advierte un alto interés de carácter político – estratégico a diferencia del resto de los otros órganos públicos antes señalados; su control busca objetivos políticos muy concretos y se inscribe en la misma estrategia aplicada en Venezuela con el órgano contralor del Estado.
Un primer objetivo estratégico, comprende en usar las atribuciones institucionales de la Contraloría General de la República para linchar a los adversarios políticos que tengan pretensiones electorales, mediante la asignación de responsabilidades por la función pública y emisión de pliegos de cargo, a efecto de ingresarlos en las causales de inhabilitación de candidatos a cualquier cargo de elección popular. Este primer objetivo se viene montando de forma sistemática y focalizada con algunas a autoridades de Prefecturas y Gobiernos Municipales, cuyo punto culminante será el proceso electoral de abril.
Un segundo objetivo, tiene que ver con la persecución de autoridades públicas no afines al gobierno, con la generación de informes y dictámenes parcializados y la consecuente liquidación mediática, a titulo de lucha contra la corrupción, vulnerando los sagrados principios constitucionales de inocencia, defensa y debido proceso.
Un tercer objetivo, que ya se viene percibiendo, se trata del encubrimiento de actos dolosos y de corrupción que se conocen constantemente en las esferas gubernamentales, mediante denuncias públicas, probadas e incluso aceptados en algunos casos por el Gobierno, como ocurre con las indemnizaciones por las nacionalizaciones, las carreteras Potosí – Tarija y Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, que significan millones de dólares de daño económico causados al Estado, sea por cohechos directos, o por negligencia o incapacidad en el manejo de la cosa pública, ahí no existe Contraloría General de la República y el silencio cómplice del actual contralor es de asombro generalizado, que debela los fines de su presencia y la toma política de este órgano de control fiscal.
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