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La nueva Constitución Política consagra lo que ya existía como formas de propiedad en el país: la gran propiedad privada de los medios de producción en manos del imperialismo y la clase dominante nativa, la pequeña propiedad privada en manos de inmensas capas medias de los centros urbanos y del agro, las formas de la propiedad estatal sustancialmente reducidas después de la política de privatizaciones en el período anterior que se caracterizó por una política frenética de privatizaciones y las sobre vivencias de las formas de propiedad comunitaria de la tierra en el Occidente y el Oriente.
Todas estas formas de propiedad constituyen la estructura material del país y determinan múltiples formas de relaciones de producción que, a su vez, definen el comportamiento de las clases sociales, sus limitaciones políticas y sus posibilidades.
Estas formas de propiedad no se encuentran aisladas entre ellas, coexistiendo como estancos totalmente separados compartiendo el mismo tiempo y espacios separados. Por el contrario, interactúan entre ellas estableciendo relaciones de opresión y dominación. Unas, por su naturaleza, son la negación de las otras porque sus existencias significan socavar los intereses material de las demás.
La pequeña propiedad privada se rebela contra la grande, este hecho es cotidiano en el agro cuando los pequeños propietarios, con el correr del tiempo, ven reducidas sus propiedades al punto de que ya no pueden dar cabida a los nuevos miembros de la familia que se ven obligados a emigrar a las ciudades para someterse a formas de vida miserables. Estos sectores constantemente presionan contra la existencia del latifundio, las ocupaciones de tierras son constantes provocando situaciones de alta beligerancia.
Las contradicciones de la propiedad comunal con la privada (grande o pequeña) de la tierra también son constantes porque la última subiste a causa del avasallamiento de la primera que se manifiesta en las incursiones de los pequeños propietarios y de los latifundistas a los territorios comunitarios de origen que son el hábito de los originarios del Oriente, para citar uno de los múltiples casos que se producen a lo largo y ancho del país.
Las formas de propiedad estatal son permanentemente socavadas por la gran propiedad privada, sobre todo de aquella controlada por el imperialismo, en un Estado en manos de la clase dominante. COMIBOL, en su momento, fue empujada a la quiebra porque fue subordinada a los intereses del imperialismo y de la empresa privada nacional.
Entre todas estas formas de propiedad existentes y las contradicciones que emergen entre ellas, adquiere carácter preeminente la gran propiedad privada de los medios de producción porque Bolivia, por mucho que los teóricos de reformismo pretendan sobrevalorar la pequeña propiedad y la comunitaria, está vinculada al mercado mundial a través de ella, es fuente principal del ingreso de divisas y determina el comportamiento económico del país.
No se trata de la estúpida interpretación de los teóricos del reformismo en sentido de que existe un desprecio a las propiedades pequeña y comunitaria, sino de la comprensión cabal de que la pequeña propiedad -en el actual nivel de crecimiento de las fuerzas productivas en dimensión mundial- es la negación de la posibilidad de un mayor desarrollo de la humanidad, que se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, condición indispensable para el fortalecimiento del socialismo; por el contrario, las formas de la propiedad comunitaria, probablemente sean el punto inicial de la colectivización total de la propiedad. Los teóricos del "socialismo del siglo XXI" tienen que comprender que el socialismo no puede consolidarse sobre los cimientos de la economía precapitalista, esta etapa del desarrollo social significa liberar las fuerzas productivas de las ataduras de las relaciones de producción capitalistas para que el desarrollo de las máquinas y la capacidad productiva del hombre sirvan para satisfacer plenamente las necesidades humanas; sólo en estas condiciones podrá sobrevenir el comunismo superior.
En esta contradictoria y compleja estructura económica del país es inviable la construcción de un Estado "solidario, complementario y recíproco", tipificado como socialismo del Siglo XXI. Los "sabios" analistas y teóricos del reformismo que no comprenden esta realidad, están condenados a caer en el subjetivismo más grosero y a desarrollar una política reaccionaria al negar la lucha de clases y el derecho de los explotados a usar la violencia para echar por tierra el actual orden social decadente. Consecuentes con esta política reaccionaria, por ejemplo, penalizan la violencia (acción directa) de los explotados en su proyecto de la nueva ley laboral.
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