Oscar Ortiz Antelo
oscarortizantelo@gmail.com
El Desacato, un supuesto delito cometido al calumniar, injuriar o difamar a un funcionario público, se ha constituido en uno de los principales instrumentos utilizados por el gobierno del Movimiento al Socialismo para coartar la libertad de expresión. Esta figura no corresponde a un país democrático y debe ser eliminada del Código Penal para resguardar un derecho humano fundamental, cual es la libertad de expresión.
Este delito, previsto en el articulo 162 del Código Penal boliviano, fue introducido en nuestra legislación penal por un gobierno dictatorial, copiándolo de legislación argentina, que a su vez lo habían adoptado de las leyes fascistas del régimen de Benito Mussolini, ex dictador italiano y principal aliado de Hitler.
Es vergonzoso que en pleno siglo XXI, un gobierno que se presenta como progresista utilice esta figura penal para amenazar con cárcel, a líderes opositores, periodistas y parlamentarios. Se ha convertido a este resabio de las dictaduras, en un instrumento para inhabilitar a potenciales competidores electorales y suspender de sus cargos a autoridades electas, dada la nueva ley aprobada en el 2010, por la cual un servidor publico electo por el voto popular puede ser suspendido de su cargo con la sola acusación de un fiscal.
El caso mas conocido es el del Gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, quien enfrenta dos procesos por desacato, uno iniciado por el Vicepresidente Álvaro García Linera y otro por el fiscal Marcelo Sosa. No es la única victima. El informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, menciona que el en el año 2009 se habían indicado cinco procesos por desacato y en el 2010 otros seis procesos.
En ambos informes, el Alto Comisionado recomienda al Gobierno de Bolivia eliminar esta figura del Código Penal boliviano y recuerda que hace ya más de una década que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha recomendado a los países miembros de la OEA eliminar esta figura de la legislación penal por ser incompatible con la libertad de expresión y con los principios básicos que protegen a la democracia y a los derechos humanos.
No es la única amenaza a la libertad de expresión existente actualmente en Bolivia. En la denominada Cumbre Social convocada por el presidente Evo Morales para mediados de diciembre, se ha incluido como uno de los puntos a debatir el de la comunicación. Tanto los sindicatos que aglutinan a los periodistas, como la Asociación Nacional de la Prensa, han denunciado que en realidad lo que se procura es coartar la labor de los medios de comunicación, en represalia por la cobertura brindada a la violenta represión policial contra la marcha indígena del TIPNIS, lo que habría provocado la reacción popular que obligó al gobierno a anular el proyecto carretero y le hubiera llevado a perder las elecciones judiciales.
Este es un gran ejemplo de porqué la libertad de expresión y de información debe ser preservada, no solo para garantizar un derecho humano fundamental sino para evitar los abusos de los gobernantes contra quienes piensan distinto.
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