¿QUE SE JUEGA EN EL CENSO?

¿Volveremos al faccionalismo identitario?
 
Henry Oporto
hocastro07@yahoo.es
 
El gobierno encara el Censo 2012 con un propósito político primordial: revalidar el mito de Bolivia como país indígena, y propulsar un nuevo aliento a la indigenización identitaria, que ha sido uno de sus caballos de batalla. Evo está ansioso por volver a mostrarse como representante de una sociedad prevalentemente de pueblos originarios y, por tanto, investido de un "derecho natural" a ejercer como su indiscutible gobernante. No cabe duda que estos son objetivos prominentes para un régimen que está urgido de revertir su declinante trayectoria, y de hallar la forma de asegurar su continuidad, más allá del 2014.

Que una cuestión de índole técnica sea encarada con una perspectiva de cálculo político, no debe sorprender a nadie. Casi todo lo que se ha hecho en los últimos seis años, en el manejo de los asuntos nacionales, tiene ese sello. Y el Censo Nacional no será la excepción. Su inminente politización viene de ahí, y nadie se extrañe que las reacciones tengan similar connotación. El Censo está contaminado, y afronta un alto riesgo de sesgo y distorsión en la recolección de datos.

La etnopolítica

En lo concerniente a las preguntas de autoidentificación étnica, es probable que el Censo sea un pasaje, de nueva cuenta, a otra experiencia de etnización del debate político (la etnopolítica). Ese fue el fenómeno que vivimos en los primeros años del ascenso del MAS, en un complejo escenario de crisis política e intensa desagregación social. Allí irrumpió una suerte de diáspora identitaria, superpuesta a la polarización política e ideológica que dividió al país en las "dos bolivias". Estos procesos los he analizado en mi libro El cielo por asalto (Plural, 2009).

El Censo de 2001 registró que el 62% de los bolivianos se decía perteneciente a alguno de los "pueblos indígenas y originarios". Se trató, sin embargo, de un dato artificial, puesto que la boleta censal había excluido la opción "mestizo", con lo cual se creó la realidad sesgada de un país mayoritariamente indígena. Con todo, ese dato fue la munición que etnicistas, indigenistas, multiculturalistas, populistas y demagogos de distinta laya, supieron utilizar para acometer contra la idea misma de una Nación boliviana y cuestionar la existencia del Estado Nacional. El resultado ha sido una peligrosa crisis de identidad colectiva, que llevó a muchos a preguntarse qué somos los bolivianos: ¿una comunidad nacional o solo un conjunto abigarrado de pueblos, culturas y nacionalidades? ¿Podíamos reivindicar una personalidad común, un "nosotros", más allá de las diversidades socio-culturales, o es que estas eran tan marcadas que rivalizaban en importancia con una identidad nacional colectiva? En definitiva, ¿qué es lo que nos une y justificaba ser una nación o, incluso en el extremo, un solo país?

Aquella corriente de debilitamiento de la conciencia nacional y dilución de un espíritu de cohesión social, culminaría en la nueva Constitución. En ella, el Estado republicano ha sido sustituido por un "Estado Plurinacional", definido en términos étnicos, que consagra nada menos que 36 naciones indígenas y originarias, dotadas de privilegios especiales â€"entre ellos el derecho a "tierra y territorio" y a "su libre autodeterminación"-, estableciéndose un sistema de derechos diferenciados, propio de un régimen de segregación social. Todo ello a título de "descolonización".

Ello no obstante, es el propio régimen que se ha encargado de bajar la espuma indigenista. Enfrentado a decisiones complicadas, como en el caso del TIPNIS y otros conflictos relacionados con la explotación de los recursos naturales y el medio ambiente, Evo se ha visto en aprietos para controlar los demonios desatados; finalmente, no ha tenido empacho en confrontar y reprimir las protestas indígenas. Se vio entonces que el comunitarismo y los derechos especiales reconocidos a los pueblos indígenas eran más retóricos, simbólicos y sobre todo instrumentales en una fase de acumulación política. Más allá de la esfera gubernamental, también la acción social ha tendido a tomar un sesgo rentista antes que ideológico y político.

Pero ocurre que ahora, volviendo otra vez sobre sus pasos anteriores, el régimen ha decidido que el Censo es la ocasión para recuperar las credenciales indígenas perdidas. Y para ese fin se ha diseñado una boleta ajustada a sus intereses políticos; se tiene el aparato estatal para manejar discrecionalmente el operativo censal, se cuenta con recursos cuantiosos para una vasta campaña publicitaria, y está en manos del Ejecutivo el procesamiento de los datos censales así como la presentación de los resultados.

Una batalla en ciernes

Es perceptible que la fotografía que se desea mostrar es una sociedad mayoritariamente adscrita a pertenencias indígenas. El empoderamiento indígena (y el discurso del Estado plurinacional) sigue siendo la coartada para que el régimen puede justificarse y prevalecer como un poder fuerte y necesario (el "único"), capaz contener el potencial de desintegración de un país fragmentado en sus identidades étnicas. Pero no es difícil darse cuenta que esta estrategia política conlleva riesgos, como el de devolvernos a un escenario de tensiones étnicas, eventualmente explosivas.

Por contrapartida, probablemente no tengamos la fotografía de la Bolivia real, la de sus diversidades y diferencias internas pero también de sus denominadores comunes y elementos unificadores de la nacionalidad boliviana, siendo que en estos reposa la posibilidad de revitalizar las tendencias de cohesión social y cultural del país.

La exclusión de la categoría "mestizo" como opción de pertenencia o identidad cultural, lo mismo que la pregunta relativa a la religión, apuntan a evitar que la sociedad boliviana se muestre en su condición fundamentalmente mestiza y católica: dos fundamentos de la identidad nacional de los bolivianos. Para el régimen es crucial que ello no ocurra. Lo dejaría sin piso en la instrumentación de la cuestión indígena como justificación de su proyecto de poder.

Pero toda acción genera una reacción. El manejo sectario del Censo ha quedado en evidencia, y es probable que las protestas contra las restricciones al derecho a la identidad propia, tiendan a multiplicarse. No solamente los "mestizos" están indignados. También lo están otros sectores de la población que reclaman poder expresarse en sus particulares pertenencias étnicas, religiosas y sexuales. El régimen no la tiene fácil. Y si en la elección judicial de octubre 2009, hubo una contienda política que se dio en las urnas, esta vez, en el próximo noviembre, podría darse a través de las boletas censales.