Eduardo Campos Velasco
eduardocamposdc@yahoo.es
(La situación es insostenible. El gobierno debe explicar la política de lucha contra el crimen, frente en el que evidentemente está perdiendo el lance, con sendos autogoles)
La existencia de redes de corrupción en los más altos niveles de gobierno; como es el caso del grupo de funcionarios que extorsionaban al ciudadano norteamericano Jacob Ostreicher, son una muestra clara del fracaso gubernamental en la lucha contra el crimen. Es inadmisible, en Bolivia o cualquier parte del mundo, que los delincuentes estén precisamente gozando del poder para realizar sus operativos. El caso Ostreicher r acaba desnudando la incompetencia e inoperancia del gobierno en la lucha contra el crimen, misma que paradójicamente, es publicitada de manera desproporcionada como exitosa por ellos mimos.
¿Cómo explicar que el propio ministro Romero y sus antecesores, que tiene tanta dedicación para reprimir y perseguir opositores y disidentes de su partido, no se hayan percatado de la presencia de las redes del crimen en sus narices?
Lo desconcertante para todos es que sea el propio director general del ministerio de gobierno el que comandaba una red conformada por jueces, fiscales y otros funcionarios con jerarquía e influencia. No se trata de "algunos criminales con influencias" en las esferas de gobierno; el caso es que los criminales estaban en el propio gobierno, gozando de puestos de jerarquía. Esa es la gran diferencia y eso es lo que alarma y preocupa a la ciudadanía.
Pudiéramos decir que de no mediar la llegada del actor norteamericano Sean Penn a nuestro país y, de no haberse entrevistado con el detenido Ostreicher, nada de todo esto se hubiera conocido. Eso es lo que da miedo, eso es lo que preocupa a los ciudadanos de este país, que no existan garantías, ni estado de derecho que protejan la vida, bienes y acciones de los bolivianos.
Pero además, no se trata de un hecho aislado, como pretenden hacernos creer desde el gobierno; no es una sola persona la involucrada, no se trata tan solo del abogado Rivera, están comprometidos – como se ha conocido públicamente – jueces, fiscales y vaya a saber, cuantos otros funcionarios más; situación que por lo menos nos hace suponer la existencia de mas nexos, gente que desde el poder hacen de las suyas.
Indudablemente la situación amerita explicaciones y no para decirnos que lo lamentan, sino y sobre todo para explicar, ¿cómo es que en sus narices opera el crimen?, ¿cómo esperan que podamos confiar en tantos otros funcionarios, casi todos militantes de su partido que hacen y deshacen en tantos niveles de gobierno que controlan?, ¿qué ha sido de la famosa revolución moral que han prometido?, ¿dónde está el cambio de la justicia boliviana que garantizaron se produciría con la elección de nuevos magistrados?, ¿y la ministra anticorrupción, Nardy Suxo?
Este caso no es el único, ni el primero; todos recordamos, cómo el general Sanabria, siendo el más alto funcionario de inteligencia de Bolivia en la lucha contra el narcotráfico, acabo involucrado en la exportación de droga a los EE UU. Pero si faltara, tampoco la sociedad boliviana ha olvidado que Santos Ramírez, siendo uno de los más importantes líderes del MAS, se vio involucrado en hechos de corrupción, relacionados con trafico de infuencias y asesinato que hasta ahora no se esclarecen.
La imagen de Bolivia en el contexto mundial, se ve fuertemente perjudicada con cada de los hechos que muestran como en los niveles más altos del gobierno se cobijan redes de crimen y corrupción.
El propio presidente Morales, tiene la obligación de explicarnos a los bolivianos, cómo es que va hacer para superar esa crónica presencia de personas involucradas con el delito en su gobierno.
La situación es insostenible. El gobierno debe dar explicaciones de su política de lucha contra el crimen, frente en el que evidentemente está perdiendo el lance, con sendos autogoles
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