Oscar Ortiz Antelo
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A última hora, la Asamblea Extraordinaria de la OEA logró un acuerdo para aprobar la reforma para el fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta ha sido duramente cuestionada por los países miembros de la ALBA, que pretendieron aprovechar ese proceso para limitar sustancialmente su capacidad de actuación y, especialmente, acabar con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que ha emitido informes críticos sobre los abusos contra los medios de comunicación independientes cometidos en estos países.
Injustificadamente, países gobernados por partidos que se definen como de izquierda buscan debilitar hasta la inoperancia a una entidad que fue uno de los principales órganos de protección a las dictaduras militares de los 70 y 80, incluyendo a varias personas que hoy ocupan espacios de poder importantes en esos gobiernos. Venezuela ha denunciado a la CIDH, según expertos, para evitar ser alcanzada por las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que han acudido diversas víctimas de los atropellos del Gobierno de Hugo Chávez. Bolivia y Ecuador han amenazado con retirarse de la CIDH, a la que han llegado, por ejemplo, grupos indígenas por el conflicto del Tipnis y perseguidos políticos (caso Bolivia) y medios de comunicación (caso Ecuador), cuyo presidente los enjuicia y demanda por millonarias indemnizaciones que los obligarían a cerrar.
Sus críticas no son sinceras. Tanto la CIDH como la Corte Interamericana son compuestas por siete miembros elegidos por la Asamblea General, en la cual los países latinoamericanos tienen mayoría. Incluso Chávez controló la mayoría de los votos en las últimas elecciones gracias al petróleo donado a naciones del Caribe. El financiamiento recae principalmente sobre Estados Unidos y Canadá, porque muchos otros países no cumplen con sus aportes, especialmente los de la ALBA. La ubicación en Washington, otro de los argumentos, no es el tema de fondo. La Corte tiene sede en Costa Rica e igualmente está siendo desconocida por Venezuela.
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con la Comisión y la Corte, necesita ser fortalecido. Reconocido por su desempeño frente a las dictaduras militares, este ha sido poco efectivo frente a los abusos contra los derechos humanos infringidos por gobiernos que, teniendo origen en elecciones democráticas, gobiernan autoritariamente, como sucede en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. Este debiera ser el fondo de la discusión.
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