Moira Veronica Sandoval Calvimonte
sandovalmoi_9@hotmail.com
Desde el anuncio de la promulgación del Decreto Supremo N° 1802, la opinión pública no ha cesado de comentar este suceso que afecta positivamente la economía de los trabajadores.
Sobre la determinación de instaurar un doble aguinaldo a trabajadores del sector público y privado, se ha referido el presidente Morales que ello se produce como un justo reconocimiento para los trabajadores señalando: "especialmente a los trabajadores del sector publico hemos castigado bastante con el tema de la austeridad, hay que reconocer ese esfuerzo. Felizmente va creciendo la economía…"
Al mismo tiempo el presidente afirmó que el gobierno nacional nunca abandonó al sector privado, habiéndoles beneficiado con la subvención en transporte y energía, expresando "…por eso pedimos que el sector privado tiene que cumplir con el Decreto Supremo de reconocer ese esfuerzo y ese compromiso que tienen los obreros del sector privado…"
Empero, bajo el riesgo de que quienes serán beneficiados con el doble aguinaldo puedan estar en desacuerdo con mis apreciaciones, por un mínimo de honestidad intelectual debo expresar algunas consideraciones de orden social y jurídico.
En cuanto a su connotación jurídica, esta determinación es típica de un manejo arbitrario y electoral de los recursos públicos, pues el dinero del Estado no es de propiedad de los gobernantes de turno, sino de TODOS los bolivianos. Así como los recursos de la empresa privada tampoco pertenecen a los gobernantes, por lo tanto es un abuso disponer de ellos mediante una imposición fuera de lo previsto en las normas laborales, y sin una política económica que lo respalde.
Asimismo, esta imposición del doble aguinaldo es una medida que pone en aprietos financieros a las empresas privadas, que no han tenido esa rentabilidad similar al Estado, pues no viven de la venta de hidrocarburos, induciéndoles con esta imposición, a revisar sus planillas y prescindir de muchos trabajadores para la gestión 2014.
Por otra parte, es una decisión que refleja el manejo improvisado de la economía –disfrazado de buenas intenciones- pues las entidades públicas que de hecho no habían presupuestado este gasto, se encuentran en iliquidez para afrontarlo, para lo cual el Decreto Supremo 1802 ha previsto autorizar la transferencia de recursos del TGN hacia la partida 10000.
Sobre los efectos inflacionarios del doble aguinaldo y mayor circulante monetario en el mes de diciembre, no realizaré pronósticos, pues el 2014 hablarán por sí solos los precios de la @ de papa y de harina, y del kilo de pollo y del tomate.
Considerando que el rendimiento del PIB superior al 4.5 en la actual gestión fiscal, que constituye el origen del doble aguinaldo según señala el decreto 1802, proviene directamente de la venta de hidrocarburos, y en consecuencia, pertenece a todos los bolivianos. Por lo tanto deberían con ello beneficiarse todos los habitantes de este territorio que constituye Bolivia y no solo quienes gozan de empleo y otros beneficios.
El monto correspondiente a ser destinado en el doble aguinaldo es aproximadamente 380 millones de Bolivianos, cifra que no es menor si consideramos que bien podría ser empleada dotando de equipamiento o insumos básicos de los que carecen los hospitales públicos, o un regalo-incentivo a los estudiantes de colegios particulares y fiscales (laptop), ropa y alimentación a niños huérfanos, o un bono a mujeres desempleadas que son cabeza de familia.
En esta línea, tampoco debería excluirse a los jubilados, más si seguimos el razonamiento de que aquéllos ciudadanos cesantes aportaron toda su vida y trabajaron en las empresas vinculadas a los hidrocarburos y minerales –muchos de ellos lucharon para su conservación en la Guerra del Chaco- y es correcto que se beneficien ahora del superávit producto del elevado precio de los hidrocarburos, que ahora goza la macroeconomía de nuestro país.
Al privilegiar únicamente al sector de empleados, dejando desprotegidos a los desempleados, el gobierno profundiza la brecha de contrastes entre gente que no percibe ningún ingreso fijo ni beneficio social frente a otros que -en muchos casos- accedieron a una fuente laboral por recomendación política masista y en sí ya cuentan con esa ventaja.
En este sentido, pregunto qué pasa con quienes están desempleados, que no recibirán ningún bono porque no son estudiantes (Juancito Pinto), ni mujeres gestantes (Juana Azurduy), ni ancianos (Renta D.), ni funcionarios públicos o privados? Justamente me refiero a esas huestes de jóvenes y gente de mediana edad que no tienen ingresos fijos ni laburo.
Si se pretende hacer justicia social, como pomposamente anunció el presidente Morales, no podría mas bien haberse creado un fondo para apoyar a toda la población que no cuenta con una fuente laboral? Es así que muchos países y también algunos Estados socialistas, insertan en sus presupuestos un monto destinado a asistir a sus ciudadanos desempleados, pagándoles un bono de cesantía para un sustento básico.
Es evidente que somos un país socialista de ficción, porque en los hechos, solo algunos sectores acumulan riqueza constituyéndose en privilegiados, mientras que otros no cuentan con la asistencia efectiva del Estado ni con políticas de largo plazo para generar empleos, con lo cual se profundiza la pobreza.
Por lo expuesto, considero que sería apropiado contar con una política económica que contemple la creación de nuevos empleos a través de la industrialización de las materias primas, y fomente la productividad, mediante el impulso a las iniciativas empresarias, microempresarias y cuentapropistas, a fin de aplicar una verdadera política de redistribución de recursos en camino a erradicar la pobreza.
Cabe entonces preguntarse: el doble aguinaldo es una medida que conlleva justicia social?...
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