Democracia y función de la economía estatal
Gonzalo Rodríguez Amurrio
En marzo de 2015, en un foro realizado en Buenos Aires, el Vicepresidente apuntalaba su teoría de que los sistemas democráticos resultaban fósiles y que la forma de vigorizarlos era a través de la democracia de las calles. También afirmó que los gobiernos revolucionarios deben mostrarse como los más democráticos y justos. En una nueva conferencia en la misma ciudad, a fines de mayo de 2016, demandó el respaldo al gobierno de Evo Morales, frente al riesgo de un retorno al pasado (a lo neoliberal).
En el país, también en mayo de 2016 se originó un nuevo conflicto social por el cierre de ENATEX; y hoy vemos otra vez la represión a las protestas sociales, lo que echa por tierra la retórica de "democracia de las calles" de García Linera. Y que, tras la derrota del gobierno en el Referéndum del 21 de febrero, el no aceptar la negativa popular a su re-re-re-elección, revela que más bien resulta un gobierno anti democrático.
En cuanto al riesgo de volver al pasado, la lucha contra el D.S. 2765 de cierre de ENATEX, hace patente el cuestionamiento obrero, precisamente al rumbo neoliberal presente en el gobierno, comparando, no sin razón, a tal decreto con el 21060, que en 1985 inició el neoliberalismo en Bolivia. Los trabajadores vuelven a sufrir políticas neoliberales, no por obra de personajes del pasado sino del propio gobierno del que García Linera es Vicepresidente, así como, la ciudadanía entera viene sintiendo, a través del totalitarismo gubernamental, un retorno a periodos pre democráticos (dictaduras).
Una cosa es el discurso gubernamental anti-imperialista, socialista, popular y de "democracia participativa" o de "democracia de las calles"; y otra su práctica alineada, más bien, a enfoques totalitarios en lo político y al neoliberalismo en lo económico.
Ahora bien, a propósito de esta temática que nos ocupa, existen textos legales interesantes, pero que la práctica gubernamental pretende convertirlos en letra muerta.
Así, en la Constitución Política podemos encontrar que, en relación a la democracia participativa, en tanto característica del sistema de gobierno (Art. 11.I) y a la gestión de empresas públicas, la economía estatal debe "garantizar la participación y el control social sobre su organización y gestión, así como la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y en los beneficios" (Art. 309.5)
Hoy, por las denuncias que salen a la opinión pública, por parte de trabajadores de ENATEX, se conoce que nunca fueron escuchados por el gobierno, que las políticas y la administración, gubernamentales, resultan responsables del fracaso de tal empresa.
Pero, además junto al citado mandato constitucional, inherente a una democracia participativa en lo económico, se tienen otros. El Art. 316 de la Ley Fundamental dispone que "la función del Estado en la economía consiste en: (…) 9. Formular periódicamente, con participación y consulta ciudadana, el plan general de desarrollo, cuya ejecución es obligatoria para todas las formas de organización económica"; pero el gobierno nunca consultó nada a la ciudadanía, y tampoco a sus trabajadores.
En la misma línea de democracia participativa, el Art. 317 de la C.P.E. establece que "el Estado garantizará la creación, organización y funcionamiento de una entidad de planificación participativa que incluya a representantes de las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada"; pero, a más de siete años de haberse aprobado la Constitución, no se conoce de voluntad y esfuerzo alguno del gobierno al respecto.
En función de la realidad, de un gobierno que intenta burlar los resultados del Referéndum del 21 de febrero, que con total indolencia pisotea el principio de mandar obedeciendo al pueblo, que no duda en asumir criterios neoliberales para la administración de las empresas estatales ¿podrá tener moral el Vicepresidente para hablar de democracia fósil y presentarse como abanderado de una nueva democracia?
El autor es abogado y ex dirigente obrero
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