EL TIRO DE GRACIA A LA DEMOCRACIA

Manfredo R. Bravo Chávez
manfredobravo@yahoo.com

Estamos a punto de ver como se consolida el principal instrumento para destruir la democracia en el país. A pesar de todos los argumentos que pueda dar el gobierno para defender su proyecto de Ley Electoral, no puede ocultar que la única intención que tiene es evitar la participación transparente del electorado y cualquier posibilidad de un proceso justo y equilibrado.

La característica principal que tiene el proyecto de Ley Electoral aprobado en la Cámara de Diputados, es la ruptura con los principios básicos de la condición democrática. Principios que son universalmente reconocidos por la teoría política y por la Carta Democrática Interamericana. No conforme con ello, se observa una serie de violaciones Estado de Derecho en Bolivia.

Cabe destacar los atropellos que se están haciendo a los propios ciudadanos indígenas, cuando se legisla sobre las circunscripciones especiales. Resulta que ahora para ser reconocido como tales, tienen que ser avalados por la CSUTCB, CONAMAQ y CIDOB. Peor aún, son estas organizaciones, las únicas habilitadas para acreditar candidatos en circunscripciones especiales (indígenas), negando así el derecho, que tienen éstos ciudadanos, de ser parte de los instrumentos políticos que reconoce la legislación en Bolivia, como los son los Partidos Políticos, las Agrupaciones Ciudadanas y otras Organizaciones de Pueblos Indígenas.

El proyecto de Ley es violatorio del Estado de Derecho, al atropellar la CPE aprobada el pasado 25 de enero. Resulta que el mandato de la CPE en sus disposiciones transitorias, solo otorga competencias al Congreso para elaborar una Ley que Convoque a elecciones de Senadores y Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional y a Presidente y Vicepresidente de la República. Sin embargo, en la Ley se convoca a Referendo por Autonomías Departamentales, Regionales y Municipales Indígenas. Asimismo, es una Ley que atenta contra el principio de autonomía del órgano electoral, porque le da competencias al Ejecutivo para normar la Ley vía Decretos, desconociendo la autonomía de la Corte Nacional Electoral y vulnerando la autonomía de las cortes departamentales.

Lamentablemente, no tenemos ante quién reclamar. La única instancia de apelación de inconstitucionalidad, que es el Tribunal Constitucional, no funciona. En tal sentido, el gobierno puede darse el lujo de aprobar cuantas leyes inconstitucionales quiera. Eso es precisamente lo que está a punto de suceder con éste proyecto de Ley Electoral.

Un tema que preocupa de esta Ley, es que a pesar de las múltiples denuncias que acerca del Padrón Electoral, no se hace absolutamente nada para transparentarlo. Este tema ya ha sobrepasado inclusive los límites nacionales. El informe de Naciones Unidas sobre el sistema electoral boliviano, se convierte en un referente que sustenta la suciedad de nuestro Padrón electoral.

Sin embargo, el gobierno suma y sigue, el proyecto de "cambio" no puede detenerse aunque tenga que pasar por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos y nos envuelve en una ficción democrática electorera. Y para consolidar el atropello, se incorpora el voto en el exterior con innumerables vacíos técnicos y administrativos que permiten la manipulación interesada del voto a cargo de sus propios funcionarios en Embajadas y Consulados. ¿Dónde se ha visto esto?

Evidentemente la ciudadanía no esta consciente del peligro que implica este proyecto de Ley y las posibilidades que los cambios propuestos por el Senado prosperen son escasas. Ya se habla de que será finalmente el Congreso el que tendrá la última decisión, y el representante del CONALCAN ha amenazado con un nuevo cerco para que se apruebe el proyecto de la Cámara de Diputados. En tal sentido la única posibilidad que tenemos los bolivianos –aunque no necesariamente efectiva- es la movilización ciudadana.

La democracia se desmorona, la lucha por una Ley Electoral que otorgue garantías a la libre e igual participación de todos los ciudadanos, debe ser una lucha nacional. Debemos defender los principios democráticos y velar por transparencia del sistema electoral del país. No podemos ir a un proceso electoral, sin que exista al menos un Tribunal Constitucional donde apelar los atropellos al Estado de Derecho; un nuevo Padrón Electoral transparente en concordancia con la fuente del Registro Civil; y las garantías que aseguren el principio de igualdad del voto. Si no se dan al menos estas tres condiciones, no tendremos elecciones democráticas.