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La delincuencia ha tomado las calles sin discriminar barrios residenciales o periféricos. Las víctimas son preferentemente niños, mujeres y ancianos ante la mirada atónita de un Gobierno carente de ideas para frenar su asenso. Es así que el Ministerio de Gobierno es incapaz de generar planes de respuesta a la arremetida de redes de la mafia, unas criollas y otras con un componente internacional. El Viceministerio del ramo, permanentemente es sorprendido con los pantalones abajo, debido a que sus direcciones y unidades técnicas no responden a la magnitud del problema pues no cuentan con los recursos técnicos para esperar lo contrario. El Comando Nacional de la Policía, ha ejercitado planes que han resultado absolutamente insuficientes por su carácter institucionalmente aislado, pues en ningún momento articuló sus escasos recursos a los que deben destinar las prefecturas, municipios y otras instituciones. En síntesis, el esfuerzo que se intentó desplegar desde la cúpula de la Policía quedó en un esfuerzo voluntarista que no frenó la escalada de violencia que sufren los centros urbanos de todo el país.
A la mafia del narcotráfico, se suman ahora redes dedicadas al robo de vehículos y domicilios, secuestros, incremento acelerado de asaltos a la luz del día, robo y asesinatos al interior de vehículos de servicio público, además de presencia de pandillas en las calles y proliferación del consumo de drogas en ciudades y centros de atracción turística en nuestro país de una manera casi impune. A esto debemos añadir un sistema penitenciario, dependiente del Ministerio de Gobierno, que ha sido motivo de admiración internacional, no precisamente por ser referencia en la rehabilitación de delincuentes; al contrario, la prensa de otros países se ocupó de los penales bolivianos porque son exactamente la antítesis de un centro de rehabilitación. Hasta ahora no ha existido voluntad para estructurar un sistema de rehabilitación que necesariamente debería estar basado en la acción pedagógica del trabajo manual y académico en zonas adecuadas de nuestro territorio. Esto pasa por contar con una política penitenciaria en lugar de un conjunto de centros de reclusión sobrepasados en sus reales capacidades y convertidos por tanto, en centros de hacinamiento donde impera la ley del más fuerte. Pero si estas deficiencias son resultado de la incapacidad del poder ejecutivo, queda también claro que el sistema judicial es el otro eslabón de la cadena de inseguridad, pues los limitados esfuerzos que pueda encarar la Policía, generalmente caen en saco roto a la hora de aplicar justicia a los delincuente que entran y salen de las instancias policiales y judiciales como Pedro por su casa ante el estupor y frustración de la ciudadanía. Por tanto, la Fiscalía y los órganos judiciales son corresponsables de todo lo que ocurre en las calles de nuestras urbes.
Como respuesta, el Gobierno únicamente emitió un decreto que confisca los recursos de las prefecturas sin mayor idea de lo que se hará con estos y que reflejan la falta de capacidad para gestionar la seguridad de los bolivianos, pues no importa quién gaste el dinero, lo importante es saber cómo y en qué, en el marco de una estrategia nacional de lucha contra la delincuencia. Es necesario que el Ejecutivo, el poder Judicial y el Legislativo se sienten a la mesa para tomar acciones sobre este tema, caso contrario lo que se haga de manera aislada, seguirá siendo insuficiente y la delincuencia seguirá en asenso.
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