Eduardo Campos Velasco
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En los últimos días, con la aprobación de la famosa "ley corta" en el seno de la asamblea plurinacional, todos hemos asistido (de alguna manera) a la consumación de lo que hasta hace poco se trata apenas de una presunción. Lo dijimos muchas veces, el estado plurinacional, antes que representar a la pluralidad del país, se constituirá en un instrumento al servicio de la concentración del poder. Desde esa perspectiva, señalamos también (con anterioridad) que la sociedad boliviana se aprestaba a debatirse en una nueva contradicción. Por una parte, el estado plurinacional, configurado y electo en diciembre del 2009, con fuertes rasgos centralistas y autoritarios y; por otra, el estado autonómico, democrático y plural que esta apunto de constituirse a partir de las elecciones del 4 de abril del presente año. Ambos en esencia son contradictorios e inevitablemente entraran en colisión.
Lo que acaba de suceder en la asamblea plurinacional, es apenas la primera muestra de lo que sucederá de aquí en adelante. Mientras la expectativa general, ingenuamente cree que este nuevo órgano del estado, se constituirá en un escenario plural y democrático que resuelva los principales problemas de la sociedad boliviana; en los hechos, esta instancia, cumplirá el triste papel de acatar y subordinarse a los designios del órgano ejecutivo. Eso es lo que han hecho al aprobar la famosa ley corta. Contrariamente a los principios democráticos que tienen en la independencia de poderes, un de sus principales atributos, lo que ha hecho la asamblea plurinacional, es someterse y poner al poder judicial en manos del ejecutivo. De esa manera, con la ley corta, el presidente Morales, asume la potestad discrecional de nombrar autoridades de otro poder del estado.
En el pasado, con la anterior constitución política del estado, el presidente tenía la facultad de nombrar magistrados de manera interina, siempre y cuando el poder legislativo no resuelva esa acefalias. Sin embargo, aun estando contemplada en la constitución esta medida, esa posibilidad siempre fue resistida, precisamente por vulnerar la independencia de poderes. Recordemos lo que sucedió con la intención del Presidente Carlos Meza, quien pretendió nombrar autoridades judiciales interinas.
La aprobación de la ley corta por el legislativo de una manera tan ágil, nos muestra esa sumisión de los legisladores plurinacionales a los designo del gobierno. La ley entro y salió aprobada de ambas cámaras, como sucedió con el texto de la constitución aprobada en Oruro, en diciembre del 2008, sin leer su contenido y sin cambiarle ni una coma. Por su puesto que - de todas maneras - debido a la contundente mayoría que dispone el partido de gobierno en el legislativo, les permite aprobar leyes sin mucha dificultad; sin embargo, esa mayoría, no les franquea la facultad de legislar en contra de los principios democráticos. Lo que han hecho los parlamentarios oficialistas, es abdicar sus facultades y atribuciones a favor del presidente Morales. Pero veamos el fondo del tema.
Sabemos que de acuerdo a la nueva constitución política del estado, se designaran autoridades judiciales por voto directo, elección que de acuerdo a lo previsible, sucederá a fines de este año, una vez que la asamblea plurinacional apruebe la ley marco que hace falta para que se produzca ese hecho. Por otra parte, también conocemos que producto de las renuncias y persecución a varios magistrados del poder judicial por pate del gobierno, existen muchas acefalias que han provocado que el poder judicial virtualmente este paralizado. No hay que olvidar que durante los 4 años de gobierno de Evo Morales, sistemáticamente sus parlamentarios (siendo mayoría), se negaron a realizar nombramientos tal como disponía la anterior constitución. Asimismo, muchas de las acefalias en el poder judicial, son el resultado de la sañuda persecución que el gobierno ha desatado contra varios magistrados, logrando descabezar la justicia boliviana.
Se conoce que en el Tribunal Constitucional, existen 5.691 causas pendientes. Por otra parte, sólo el 5% de los 8.073 privados de libertad en las cárceles bolivianas, cuentan con sentencias ejecutoriadas. En esas condiciones, asumiendo que existe la necesidad y urgencia de nombrar magistrados de forma interina, hasta que se produzca la elección de las nuevas autoridades del poder judicial, es inadmisible que la asamblea plurinacional (órgano legislativo del estado), antes que resolver el problema, lo que haga es aprovechar la circunstancia para favorecer la concentración de poder en torno al presidente Morales. Es cierto, sólo es por 10 meses y hay una evidente urgencia de contar con autoridades judiciales, pero la pregunta es: ¿por qué tiene que nombrarlos el presidente Morales, si ellos como legisladores, tiene esa atribución y bien pudieran hacerlo? El problema no es que los nombrados por el Presidente Morales sean idóneos o no; el problema es los legisladores han abdicado sus atribuciones a favor de presidente.
Esa es la prueba de cómo la asamblea plurinacional (incluidas personas tan notables como Ana María Campero, ex defensora del pueblo) sumisamente acaten una disposición política. Con ese ejemplo, podemos imaginarnos lo que sucederá con el resto de disposiciones que se requiere aprobar en la asamblea plurinacional. Así, estos legisladores, de ser los hombres y mujeres que representan a todos los bolivianos, se habrán convertido en simple levantamos al servicio de los designios políticos del partido de gobierno. Eso no le hace bien a nadie. Ni al propio partido de gobierno. Esa práctica deleznable, no puede ser considerada como el cambio que requiere la sociedad boliviana. Bolivia antes que concentrar el poder a favor de un partido, de una persona; requiere ampliar la participación de todos, respetando los principios democráticos, que permita construir una sociedad con equidad y desarrollo. Felizmente, el estado autonómico, antípoda del centralismo y la concentración del poder, está a punto de constituirse en abril de este año.
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