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Con el anuncio del Vicepresidente respecto a aprobación en las próximas semanas de una nueva Ley de Reforma a la Regularización del Derecho Propietario Urbano, se confirma nuestra denuncia y preocupación sobre el futuro de la propiedad urbana en Bolivia y en particular en nuestra ciudad.
La alianza oficialista MAS – MSM tuvieron siempre en mente regular a favor de sus intereses el tema de la propiedad urbana; el proyecto de Constitución Política del Estado aprobada de forma ilegal en Oruro establecía en su artículo 57 lo siguiente "La expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme con la ley y previa indemnización justa. La propiedad inmueble urbana no está sujeta a reversión".
Si bien la Constitución vigente no contempla este articulo del modo como estaba establecido en el proyecto, tampoco señala con precisión que esto no ocurra, es decir, existe un vacio que da lugar para la aprobación de leyes que interpreten esta situación como les convenga, tal cual sucede con otras leyes que se aprobaron últimamente en la Asamblea Legislativa al margen de la Constitución y en cumplimiento de la voluntad del Presidente.
El caso es que esta Ley anunciada por el segundo mandatario del país viene en camino y tiene que ver con la regulación de la propiedad urbana, cuyos responsables de su ejecución son los Gobiernos Municipales, la misma que nos tiene que motivar una profunda preocupación sobre sus objetivos e intenciones, sobre todo cuando todas las políticas del denominado proceso de cambio se inscriben en la afectación de los derechos ciudadanos como es la propiedad privada.
El Gobierno esta obligado por los movimientos sociales a satisfacer sus demandas de vivienda en las ciudades, en virtud de su fracasada política en la materia, caracterizada por la ineficiencia absoluta y rodeada de vergonzosos escándalos de corrupción que hasta la fecha no han sido aclarados y menos sancionados. Ahí nace el riesgo para los ciudadanos, cuyas propiedades sean el objetivo de la aprobación de esta Ley y el blanco de expropiaciones a precio de gallina muerta o en su caso confiscaciones bajo cualquier pretexto o argucia legal, justificando sus arbitrariedades en supuestos casos de corrupción pública, ganancias ilegitimas o simplemente sospechas como aquellas que el Gobierno esta acostumbrado a inventarse con tal de apropiarse de propiedades de los particulares.
El tema no es menor, y nuestra voz de advertencia es una especie de alerta temprana para que los ciudadanos y ciudadanas tomemos las previsiones necesarias a efecto de proteger nuestras propiedades y no se atropelle política y abusivamente nuestros derechos humanos.
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