La georeferenciación de límites entre Oruro y Potosí, no resolverá el conflicto.

Eduardo Campos Velasco
eduardocamposdc@yahoo.es

Una vez más el gobierno central pretende resolver el conflicto limítrofe entre Oruro y Potosí de manera apresurada y equivocada, intentando salvar su responsabilidad. Ahora, la Ministra de Autonomías (Claudia Peña) quiere llevar adelante la georeferenciación del área con la intensión de establecer la delimitación definitiva.

La georeferenciación es una tarea técnica que sólo puede realizarse cuando se dispone de una cartografía definitiva que establezca con claridad los límites. La georeferecniación, se entiende como el posicionamiento con el que se define la localización de un objeto espacial en un sistema de coordenadas o - a la inversa - en la elaboración de datos (georeferencias) a partir de objetos localizados en determinados lugares.

En el conflicto limítrofe entre Oruro y Potosí, no se dispone de una cartografía definitiva aceptada por ambas partes y las referencias materiales (los hitos o mojones) no existen o no están ubicados de conformidad de las partes. En esas circunstancias, la utilización de la georeferenciación - como propone la ministra de autonomías - no contribuye a la solución del conflicto y por el contrario, puede enervar los ánimos de orureños y potosinos, al no ser suficiente para resolver el diferendo.

Lo que no parece entender la ministra Peña, es que el conflicto se sitúa en el ámbito del derecho, en el que las partes (Oruro y Potosí) reclaman su dominio sobre el territorio, mismo que a falta de una base cartográfica y documental exacta, deberá definirse en un proceso jurídico administrativo antes una instancia imparcial, en el marco de la constitución y las leyes. Esa es la situación y cualquier intento de resolver el conflicto utilizando GPS y "a como de lugar", sólo agravara el conflicto.

En este sentido, la decisión de las autoridades de los municipios de Quillacas, Pampa Aullagas y Salinas de Garci Mendoza; así como del Comité Cívico y la Central Obrera Departamental de no participar de la georeferenciación impulsada por la Ministra Claudia Peña, resulta consecuente con los intereses del departamento.

Han paso 20 meses desde que se firmaron las actas de paz, en agosto del 2010 y en ese transcurso de tiempo, el conflicto antes que resolverse se ha agravado paulatinamente, fundamentalmente por las contradictorias acciones del gobierno central que siempre ha estado más interesado en cuidar su imagen que en resolver el problema.

El proceso de las actas de paz, fracaso por fallas del propio ministerio de autonomías, que no pudo mantener una actitud imparcial e institucional. Concretamente, la presencia del viceministro Gregorio Aro (oriundo de potosí) como juez y parte, fondearon esa iniciativa. Por otra parte, las constantes declaraciones de entonces ministro de autonomías, Carlos Romero y del propio Presidente Morales, quienes en varias oportunidades señalaron el gobierno central no tenia competencias para resolver el conflicto, acabaron generan mayor incertidumbre y desazón.

Es por demás evidente que el gobierno central no pudo, ni supo enfrentar el problema adecuadamente, lo que en definitiva ha ocasionado los lamentables enfrentamientos que se han producido en las últimas semanas, con el saldo de más de 30 personas heridas. En ningún momento quisieron atender los pedidos de militarización de la zona, para evitar el enfrentamiento, hasta que finalmente, de manera tardía, tuvieron que enviar tropas policiales para que la violencia no se incremente y generalice.

El gobierno central, antes que ofrecer nuevas soluciones apresuradas, debiera empeñarse en garantizar la aprobación de la nueva ley de unidades territoriales en la asamblea plurinacional, instancia en la que tiene pleno control, como hemos visto en tantas leyes ágilmente aprobadas. Por otra parte, debiera garantizar la convivencia pacífica en la zona, recurriendo para ello, si es necesario incluso a las fuerzas armadas, para impedir que se vuelvan a producir enfrentamientos funestos.

En todo esto, el Gobierno Autónomo Departamental, esta obligado a apoyar la iniciativa de los municipios y comunidades involucradas en el conflicto y, de las instituciones cívicas y obreras que en defensa de los intereses regionales han decidió no participar de las acciones impulsadas por la ministra de autonomías. En ese sentido, el Gobernador debiera instruir la inmediata suspensión de los spost, en los que de manera interesada aparece la ministra Peña pretendiendo hacer creer que la famosa georeferenciación resolverá el conflicto; más aún, cuando su difusión se la realiza con recursos públicos del departamento.

La unidad de los orureños, de sus instituciones y sobre todo de sus autoridades, es la garantía para que el conflicto limítrofe pueda resolverse a favor de los intereses del departamento.