Cacerías de inmigrantes sin papeles

Juan Burgos Barrero*
juanburgosbarrero@hotmail.com

‘Las detenciones de inmigrante sin permiso de trabajo ni residencia en España se ha producido a las puertas de las oficinas consulares, como ha ocurrido en Madrid y Murcia, en las bocas de metro, paradas autobuses, restaurantes latinoamericanos, locutorios, cuando van a llevar o recoger a sus hijos del colegio e incluso allanando los domicilios’, denunció la embajadora de Bolivia, Carmen Almendras Camargo, quién tiene constancia del aumento de detenciones de bolivianos, marroquíes, ecuatorianos, peruanos, paraguayos, etc., a través de las denuncias de las asociaciones de inmigrantes.

Las personas con apariencia de encontrarse en situación irregular o por sus rasgos étnicos son chequeadas y acosadas por la policía en las distintas ciudades españolas. Toda esta gente de sueños rotos y desolados encuentra, en algunos casos, la cárcel por una falta administrativa que no está tipificada como delito y que puede acarrear una orden de expulsión.

Almendras expresó la preocupación del gobierno boliviano por informaciones publicadas en los últimos días en la prensa española. Explicó que estas medidas afectan de manera especial a nuestros compatriotas bolivianos, ya que el 70% de los alrededor de 250.000 inmigrantes bolivianos que se encuentran en España no tienen permiso de residencia y por ello son considerados irregulares.

Los gobiernos europeos comienzan a unificar la ley de la política migratoria y la están ejecutando. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está discriminando y criminalizando a las personas por su situación de irregular y todo ello dentro de la recién aprobada Directiva Europea para el retorno de los nacionales de terceros países en situación en irregular. Esta Directiva, aprobada por mayoría en el Parlamento Europeo y que nuestro presidente, Evo Morales, junto a otros mandatarios de América Latina calificaron como la Directiva de la Vergüenza, está frustrando la esperanza de muchos ciudadanos de poder vivir en los países desarrollados de otra manera.

Con respeto a las expulsiones, la Embajadora, aseguró que en los registros de 2008 se habla de 1.200 expediente de expulsión abiertos al mes y 800 deportaciones anuales. Con relación a los expedientes de expulsión de 2009 dijo que todavía no tiene datos oficiales, pero considera que se van incrementar notablemente. Por otra parte, informó que las aerolíneas registran la compra de billete sólo de ida. Desde que la situación económica empeoró los bolivianos están volviendo voluntariamente a nuestro país, alrededor de unos 240 al mes.

Los más débiles son quienes más pierden en las crisis económicas. Son ellos que trabajan en la economía informal, la construcción, servicios, restaurantes, limpieza, cuidados de niños y de ancianos, al margen del salario mínimo. ¿Y quienes son? Ante todo los pobres de África, seguidos de los pobres de Asia y de América Latina. Estos colectivos de inmigrantes en la Europa Comunitaria sufrirán y la están sufriendo la crisis con especial intensidad, engrosando filas de los desempleados junto a miles de trabajadores europeos que también han perdido sus trabajos, todos matiz más a matiz menos, enfrentan dificultades económicas para el pago de sus hipotecas, la educación de sus hijos y otros menesteres. Todo se trastoca cuando la economía mundial se contrae, pero las necesidades siguen siendo las mismas e incluso mayores.

En este contexto, son muchos los que buscan un chivo expiatorio y ponen la mirada en el “otro” como elemento perturbador y desestabilizador del sistema; así, el inmigrante irregular se convierte en el sujeto a perseguir y criminalizar. Algunos Gobiernos como el de Silvio Berlusconi, en Italia, han instruido a los médicos de la seguridad social para que denuncien a las personas que son atendidas y que no tienen sus papeles en regla. En España los sindicatos de policías han filtrado una orden divulgada por la agencia France Press, que revela que los agentes de policía están bajo presiones para cumplir con unas cuotas de arresto de 24 extranjeros irregulares semanales, en sus respectivos distritos. Visto lo visto, la policía esta guiada por el criterio de identificar inmigración y delincuencia. Al final, cuenta lo mismo una detención por robo que por no tener la documentación “en regla". El ministro de Interior de España, Alfredo Pérez Rubalcaba, niega que a las comisarías de Madrid se les haya asignado cupos fijos de detención; pero las informaciones de la prensa española, las declaraciones de la embajadora boliviana, Carmen Almendras Camargo y los sindicatos de policía, contradicen las declaraciones del ministro.

Y es que la situación laboral ya bordea la discriminación. En el norte de Inglaterra los trabajadores gritan en las calles que, ‘¡Los puestos de trabajo británico son para los británicos. Ese grito se escucha a lo largo y ancho de los países desarrollados del Primer Mundo. Bajo esta presión social y con medidas que rayan la ilegalidad los gobiernos de la Unión Europea están convirtiendo al inmigrante en un sujeto acosado, aislado y sumergido en una situación no deseable de clandestinidad. Hemos hablado con algunos ellos: Oscar, Lizi, Gringa, Sonia, Carmen, “Cholero”, Lula, Mercedes, entre otros. No pongo los nombres completos ni su nacionalidad para no complicar aún más su situación. Todos manifiestan sentimientos de miedo, de angustia, de impotencia ante el avasallamiento de sus derechos en las redadas policiales que buscan irregulares o por la falta de equidad y respeto a sus derechos laborales.

Esta tendencia a la criminalización de los extranjeros ha sido denunciada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos como fuente de comportamientos xenófobos y racistas. Surgen los viejos estereotipos sobre los inmigrantes: quitan los trabajos a los locales, colapsan la seguridad social y que el nivel de enseñanza ha descendido en las escuelas, supuestamente, por la presencia de los hijos de los inmigrantes. La crisis y la falta de liderazgo político que dé confianza a sus conciudadanos esta sacando a la luz lo peor de la gente, explican los juristas. Echar la culpa a los inmigrantes por la falta de puestos de trabajo es mirar hacia otra parte eludiendo el problema de fondo.

La crisis económica trae consecuencias nefastas para el colectivo de inmigrantes, y sobre todo si no tienen papeles, son los primeros que pierden los puestos de trabajos; a quienes no les reconocen sus derechos sociales o beneficios; nos le pagan sus finiquitos; entre otras razones porque también van a disminuir los paquetes de estimulo a los banqueros internacionales quebrados, las ayudas destinadas al gastos público. Mientras, en las calles los inmigrantes tienen dificultades para movilizarse de un lado a otro por miedo a ser detenido. Sus aspiraciones de vivir dignamente se convierten en un infierno.

En esta situación de arbitrariedad, Almendras Camargo aseguró que la Embajada “no puede renunciar a la defensa de sus ciudadanos, acudiendo a cualquier mecanismo que corresponda". De momento, explicó que el Ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ya tiene conocimiento de la posición de preocupación de Bolivia sobre las detenciones de inmigrantes bolivianos irregulares. Al margen de la complejidad del asunto, Camargo se mostró confiada en que la situación se reconduzca y el Gobierno español cumpla "su compromiso" de ejecutar sus normas de control de la inmigración con "todas las garantías de respeto escrupuloso de los Derechos Humanos".

En este ámbito jurídico- político, el Consejo General de la Abogacía recuerda que "el Estado tiene la obligación de garantizar las libertades públicas y los derechos fundamentales de todas las personas", incluidos, los inmigrantes aunque estén en situación irregular.

Pareciera que los policías españoles y el ex ministro de justicia, Mariano Fernández Bermejo, son aficionados a las cacerías. Cazar jabalíes y venados en España no es ilegal, aunque le haya costado el cargo al señor Bermejo. Lo que no es legal es cazar inmigrantes sin papeles, acosarlos en las calles y detenerlos. Carecer de papeles no significa perder los derechos personales básicos. Emigrar no es un delito.

*Juan Burgos Barrero, periodista boliviano residente en Dhaka, Presidente del Grupo Latino en Bangladesh.