ESTADO, INEFICIENCIA Y CORRUPCIÓN

Bernardo Corro Barrientos
bcorro@gmail.com

En respuesta a mi artículo “riesgos de la corrupción y de la ineficiencia” publicado en la sección Tiempo Político de La Razón el 29/06/2007, Nardi Suxo, Ministra de Transparencia, me envió recientemente una carta argumentando que su ministerio “se encuentra implementando diversos proyectos referidos en su artículo, como ser la transparencia en la gestión pública y la lucha contra la corrupción, estoy segura que recogen muchos de los aspectos propuestos por su persona.” Con la carta venía un libro de 92 páginas sobre los programas y objetivos de ese ministerio. Se debe reconocer que los esfuerzos de la Ministra son importantes para la lucha contra la corrupción.

Lo preocupante, sin embargo, además de la corrupción, es el problema del fortalecimiento de la institucionalidad del Estado Plurinacional como totalidad, no solo por tal o cual aspecto. Se supone que el nuevo Estado debe ser honesto y eficiente en cuanto a sus diversos servicios a la sociedad y en cuanto a su tarea de impulsar el desarrollo. La construcción y el funcionamiento eficiente de los diversos mecanismos del Estado deben concentrar, por consiguiente, nuestra atención.

Lo afirmado recientemente en una entrevista televisiva por el Ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, de que “existen leyes pero no se cumplen”, nos preocupa. Esta frase tiene densidad histórica. El Ministro expresaba su inquietud respecto al no acatamiento de las leyes tanto por YPFB como por la Contraloría General de la República, la entidad responsable de la fiscalización de los recursos públicos. Más allá, sin embargo, del caso específico de YPFB, lo que este caso destapa, además, son las conductas ineficientes e irregulares de varias otras entidades y ministerios encargados de diferentes aspectos del funcionamiento del sector hidrocarburos. Estas entidades se revelan ser tantas y tan importantes que se puede afirmar que toda la administración pública falló, que el Estado falló. Existen las leyes y la ley Safco, pero no se cumplen. De aquí surge el interrogante, frente a la nueva Constitución Política del Estado, sobre si la frase del Ministro constituye una fatalidad histórica inevitable y si el Estado Plurinacional podrá superarla.

El problema de la corrupción parece difícil de resolver, ya que presenta múltiples dimensiones. No es fácil detectarla y la tarea de la Ministra no es sencilla. La escandalosa corrupción en YPFB, por ejemplo, pese a lo grosero e incluso ingenuo de sus formas, no fue detectada por los organismos encargados del seguimiento, sino por el desenlace fortuito de un crimen. Se escucha también que en otros sectores se habrían producido igualmente otros hechos irregulares, por decir lo menos, como en el sector de vivienda, y en diferentes ministerios. La ciudadanía pasa de asombro en asombro. Se podría pensar que este flagelo continúa como en anteriores gobiernos.

Aún no se toma conciencia de que el tema de la corrupción es sólo la otra cara de la ineficiencia. Ambas son caras de la misma medalla. Esto es lo que afirmábamos en el artículo comentado por la Ministra. Ambas van juntas y ambas deben ser tratadas simultáneamente. Si se las tratara separadamente, como hasta ahora, o aisladamente, probablemente todo siga igual. Es en realidad gracias al caos y a la ineficiencia organizados en varias entidades públicas, es decir, debido al incumplimiento de las normas de los sistemas de la ley Safco, que se filtra la corrupción, que la ilegalidad se introduce en la administración pública como chulupi en la oscuridad. Si se organizaran e institucionalizaran las estructuras de la eficiencia, a nivel de las máximas autoridades ejecutivas especialmente (las MAE), no habría corrupción. Además, si hubiera eficiencia en las entidades, este sería un país desarrollado. No olvidar que la ecuación del desarrollo es igual a eficiencia menos corrupción y menos burocracia (D = E – C – B).

Si se cumplieran las normas no se producirían, por ejemplo, casos como la sorprendente baja ejecución presupuestaria por los ministerios y otras entidades públicas. Debido a esta ineficiencia, una parte de los ministerios del poder ejecutivo (como antes) apenas logró utilizar entre el 20 a 35 por ciento de sus presupuestos. Estos recursos estaban presupuestados para ser invertidos en bien de sus sectores respectivos y del país, sin embargo, poco fue utilizado. ¿Qué revela esto? Esta es, en realidad, una prueba significativa de la alta ineficiencia de la administración pública. No pudieron invertir esos recursos –cerca de 500 millones de dólares en total - por que sus MAE simplemente no cumplen las normas de la ley de Safco, se ocupan de otras cosas.

La ciudadanía comenta, por ejemplo, que algunos ministros dedican un 40 % de su tiempo a ser “jefes de personal”, otro 55 % a ser “almaceneros” y menos de un 5 % a cumplir sus tareas de dirigir las políticas públicas. Esto significa que esos ministros se dedican sobre todo a temas de contrataciones de personal (nepotismo, compadrazgo,…), a compras de material de escritorio, a contratos, etc. No se dedican, por consiguiente, a sus funciones específicas, a evaluar la marcha de sus programas, a mejorarlos, a elaborar nuevos de proyectos. Su preocupación en estos casos se restringe a encontrar un “proyecto estrella”, que les permita luego echar humo sobre su ineficiencia y sobrevivir políticamente. Todo esto es el caldo de cultivo de la corrupción. Este problema no puede ser desligado de las competencias de la ley Safco.

Si los funcionarios medios y bajos responsables de los diferentes sistemas administrativos de los ministerios y entidades públicas pudieran realizar sus tareas sin intromisión de las máximas autoridades, otra sería la realidad de este país. Otra también sería la realidad, si las MAE se dedicaran a sus funciones específicas, es decir, al desarrollo del país, a satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Lamentablemente, los funcionarios medios no pueden cumplir con sus responsabilidades a causa de, por una parte, sus compromisos con la MAE que los contrató personalmente o, por otra parte, por la amenaza del despido.

La construcción del nuevo estado requiere, por consiguiente, el cumplimiento de normas claras en los temas mencionados. En la ley Safco no está claro. Esta ley debe, por consiguiente, reglamentar rigurosamente las funciones específicas de las MAE y de los funcionarios, dar garantías a estos últimos y castigar la ingerencia de las autoridades. Para esto parece claro que es imperioso establecer un nuevo programa de institucionalización de cargos y la carrera administrativa. Este podría ser la base de un nuevo Estado Plurinacional.