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Alejada de la ideología y las buenas o malas intenciones de los gobiernos que la instauran o modifican, la regulación ha desarrollado técnicas que, apropiadamente utilizadas, garantizan resultados tales como: mínima corrupción, información oportuna, trato justo a las partes que participan en el esquema y disminución de los efectos negativos que ejercen los monopolios. Resultados necesitados en Bolivia y deseables por cualquier gobierno y por todos los ciudadanos.
En esta época de crisis económica y financiera internacional los gobiernos, analistas, académicos y los propios reguladores de los países industrializados han llegado a la conclusión que entre las causas que crearon o al menos ahondaron las espantosas consecuencias de la crisis se encuentra una falta de regulación o su negligente aplicación. Particularmente, se observa la degeneración del marco regulador en el campo financiero en el que, junto al libre mercado, prevaleció el soborno, el clientelismo, la irracionalidad y la estafa. Se desvirtuó y se neutralizó la actuación de los reguladores bajo la consigna de que la libre competencia se autoregula y que los resultados de su equilibrio son los más óptimos. Un pensamiento exageradamente defendido por la corrupta administración Bush con las nefastas consecuencias que afectan a los Estados Unidos y al mundo entero.
Los mecanismos que utilizan los marcos reguladores a través de las superintendencias han sido probados por más de un siglo. Imprescindibles frente a las naturales fallas del mercado, atenúan la inclinación de empresas que controlan mercados determinados que, en su incesante búsqueda de mayores utilidades, desarrollan prácticas para aumentar ilegítimamente sus ganancias. La práctica más conocida es la denominada captura del regulador. Por lo general ejercida por las empresas para controlar a los reguladores vía sobornos u ofertas de buenos empleos después de su vida de empleado público, reduce la efectividad del ente regulador. También se presenta la captura por parte de los gobiernos particularmente cuando las autoridades tienen el poder de nombrar o remover a los funcionarios reguladores o tienen la facultad de financiar sus presupuestos.
En Bolivia, a partir del 9 de abril, se ha modificado el marco regulador y, por sus características, debe llamarse marco fiscalizador. Una visión equivocada de la forma de supervisar las actividades de las empresas (públicas o privadas) con poder de mercado que, solícitamente, invita a una acelerada corrupción. El recurso jerárquico metido en el mismo saco (ministerio) que el director ejecutivo (antes superintendente), un consejo con control social que incluye al ministro cabeza del sector, dos representantes de las organizaciones sociales o de los usuarios y con fuentes de financiamiento, aparte de la tasa de regulación, tales como patentes y fondos del TGN, constituyen el marco preciso para aumentar la corruptela. Que el control social funcione es un hecho aleatorio de baja probabilidad mientras no se erradiquen el uso abusivo de recursos por parte de los controladores y sus ya conocidas e históricas prácticas de prepotencia e interferencia en la esperada aunque, todavía, ausente gerencia pública profesional.
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