EL DESARROLLO REQUIERE DE ACTORES Y DEL PACTO SOCIAL

Armando Méndez Morales

Sin caer en los extremismos del determinismo historicista marxista, que cree en los procesos inevitables en la vida de las sociedades, por una parte; ni tampoco en el planteamiento popperiano de que "el mañana es un página en blanco", por otra; se puede concebir al estudio del pasado, tanto de la conducta de las sociedades como de las ideas dominantes, como el medio más adecuado para comprender y entender el presente. Es posible determinar tendencias de comportamiento social, no siempre pronosticables por la presencia de nuevos hechos desconocidos y que pueden modificar su tendencia. Además, los procesos sociales que siguen una tendencia, unas veces, son también fluctuantes. Pero estas fluctuaciones en otros procesos anuncian cambio de tendencia, de sentido y de dirección. Finalmente, los procesos sociales pueden ser bien explicados por sus fundamentos, pero nunca implica el 100 % de su esclarecimiento. Siempre está lo aleatorio, el hecho no conocido y el nuevo elemento que aparece, lo que impide la perfecta explicación de cualquier fenómeno social.

La prestigiosa publicación "Opiniones y Análisis" dedica su número 100 a darnos la oportunidad de releer los anteriores con el propósito de hacer un balance, por áreas, de sus aportes en veinte años de presencia. De esta manera, se obtiene una visión histórica no sólo de lo acontecido y de lo pensando en estos veinte años, sino de todo el siglo XX a la fecha, dado que varios de los excelentes participantes, en sus exposiciones y explicaciones cubren todo este periodo, sin bien para referirse, en particular, a acontecimientos acaecidos en estos últimos veinte años.

La primera conclusión que se obtiene es que los acontecimientos que se vienen produciendo en Bolivia, en los últimos tres años, tienen muy buena explicación por lo pensado y por lo acontecido, en el país, desde los años 90 del siglo recién pasado, en adelante, cuando no de lo pensado y acontecido ya desde la Guerra del Chaco. Las sociedades se movilizan en función de creencias, las mismas que pueden ser ciertas o falsas. Si son ciertas, entonces, la sociedad apunta al desarrollo, si no lo son apuntan al estancamiento sino es al retroceso.

Una segunda conclusión, confirma la presencia, en el largo plazo, de dos visiones ideológicas diferentes y contrapuestas en Bolivia. La dominante es la de izquierda, desde sus posiciones revolucionarias hasta las social demócratas, caracterizada por ser estatista, nacionalista, socialista, romántica, en resumen: "anticapitalista". La otra, que es débil, es la liberal, tecnocrática, prooccidental, pragmática y procapitalista.

El presente artículo se propone indagar cuales fueron las principales preocupaciones políticas e intelectuales, en el país, durante estos últimos veinte años, en el área de "Economía y Desarrollo. Políticas y actores sociales", y que su vez impactaron en FUNDEMOS, para promover la discusión y el análisis sereno, entre intelectuales y especialistas, con el propósito de ofrecer un fruto a la sociedad boliviana que le permita comprender mejor los acontecimientos del país como así también indagar caminos de solución. La óptica con que se la encaró es la del pluralismo ideológico, de ahí que connotados intelectuales de la izquierda boliviana han participado en la variedad de publicaciones de FUNDEMOS.

Con el propósito ya señalado se ha visto por conveniente agrupar la temática en seis apartados y que son los siguientes: i) Los hidrocarburos. ii) La educación, iii) Tierra y territorio. iv) El sector financiero. v) El sector económico, y vi) Las preocupaciones sociales.

1.- LOS HIDROCARBUROS.

Dos números están dedicados al sector de hidrocarburos, siendo el primero con el que inició su vida "Opiniones y Análisis". A fines de los años ochenta del siglo recién pasado una gran preocupación cernía sobre el gobierno de entonces. La República Argentina tenía mora en el cumplimiento de pagos por la exportación de gas que le hacía Bolivia, lo cual ponía en dificultades a las arcas fiscales[2].

Al recordar el contenido de este primer número de la Revista, se deduce que el gobierno, de entonces, realizó una exitosa negociación con la República Argentina, mediante la cual un deuda total de corto plazo de 300 millones de dólares, que Bolivia le reclamaba a la Argentina por incumplimiento en el pago de las facturas del gas y los respectivos intereses, fueron compensados por otra deuda a largo plazo que Bolivia tenía con ese país, y que era del orden de los 800 millones de dólares. Bolivia dejó de recibir el monto indicado pero desapareció una obligación mayor de deuda. Con este acuerdo Argentina reanudó sus pagos mensuales por exportación de gas y Bolivia redujo su deuda pública externa de 4000 millones de dólares a 3200.

El Nº 61, fue dedicado a estudiar la importancia del gas natural para el país. Corrían los primeros años de este siglo, tiempo en que se confirma la existencia de significativos volúmenes de gas y se espera que se produzca una explotación racional de este energético limpio, con el propósito de convertirla en la columna vertebral del desarrollo de los próximos años. Se destaca la necesidad de establecer controles estatales adecuados al momento de su exportación por parte de las empresas petroleras para asegurar el beneficio del país. Se plantea la necesidad de impulsar el uso del gas en el mercado interno.

En pocos años Bolivia podía convertirse en un centro energético en América del Sur, lo que a la fecha, lamentablemente, no aconteció. Era el tiempo en que se hablaba de contar con una zona económica especial en las costas del Pacífico, que permitiese la operatividad de enormes barcos ligados a la actividad gasífera para su venta en mercados de EEUU, México y Chile. Se pensaba que el gas podía incorporar a Bolivia en el comercio internacional, de manera favorable. Pero esta posibilidad puso en el tapete de la discusión el más que centenario problema de la mediterraneidad de Bolivia, dado que Chile se constituía en la mejor opción para la exportación el gas, a mercados lejanos.[3]

2.- LA EDUCACION

El Nº 10 de las publicaciones referidas aborda un tema de permanente actualidad: El papel del maestro en las escuelas. Se sostiene que este debe ser el agente principal del "cambio" para el desarrollo económico y social de un país y, por ende, para Bolivia. Se dice que entre el 50 al 60 % del tiempo destinado en los doce años de asistencia al colegio es una pérdida de tiempo. Lo mismo en la educación universitaria. Los colegios y universidades son simples fábricas, mnemotécnicas. Esta educación produce empleados y no gente con iniciativa. No se da énfasis a las materias de matemáticas, física, computación, inglés, pero sí a las ramas de filosofía, literatura y sociología, ramos que deberían ser secundarios. "Un maestro debe trasmitir conocimiento de salud a los niños y a sus padres, y no un divulgador de conocimientos obsoletos y poco útiles al desarrollo social y económico del país", dice Mariano Baptista.

Las Normales son deficientes en la preparación de los profesores. No hay el reconocimiento al profesor según su esfuerzo de trabajo sino es la antigüedad lo que se premia. Es deseable alcanzar la liberalización del trabajo del maestro para que este se supere y no se mantenga en la mediocridad al amparo de la seguridad del empleo estatal. Un profesor debería ser. "facilitador, estimulador del crecimiento personal del alumno, testimonio y ejemplo vivo de los valores, autentico y crítico".

Cómo no esperar estudiantes revoltosos, radicales en su vida madura, cuando lo que aprenden en el colegio es ideología, ideología radical, como es claro ejemplo de este papel, cuando uno de los profesores participante en esta publicación comentada habla de "la lucha de clases, la lucha entre la clase dominante y el proletariado"[4]

Se dice que las escuelas están pobremente equipadas, lo que puede ser cierto, pero más grave que esta falencia es la formación de quienes se dedican a la profesión del magisterio. Esta falencia explica por qué cada vez más las escueles y colegios privados adquieren mayor importancia. Ya un tercio de la educación se daba en establecimientos privados, a principios de los años 90, y con una calidad mejor que la fiscal.[5]

La permanente crisis de la educación, su cobertura incompleta, la baja calidad, los programas ampulosos y obsoletos, la educación castellanizante, son tratados en el Nº 82. Impresiona como los intelectuales bolivianos sueñan con quimeras y jamás se preguntan sobre los probables costos de sus quimeras. Uno podría decir: ¡claro no es su dinero! es el del Estado.

Recientemente se ha planteado la Nueva Ley de Educación, en julio de 2006, y que apunta a "una educación descolonizadora", lo que según un Resumen Ejecutivo del Ministerio de Educación, de entonces, y que se transcribe textualmente, dice lo siguiente: "poner fin a las fronteras étnicas, es decir, en la otorgación de oportunidades, ya sea esto en el campo académico, laboral, político y económico no se privilegia a nadie ni a partir de la raza pertenencia étnica y/o lingüística. También significa no privilegiar las concepciones del mundo occidental como si fueran únicos y universales, sino implica valorar los conocimientos, saberes y tecnología de las civilizaciones de las sociedades indígenas tanto de tierras amazónicas y andinas".[6]

El Nº 4, de las publicaciones referidas, aborda un tema también inquietante sobre la universidad boliviana. Hay crisis y hay que resolverla. Para unos "resolver la crisis de la universidad por medio de su modernización sería aislarla del contexto nacional". Para otros el problema está en los insuficientes recursos económicos, lo que provoca la falta de infraestructura apropiada, frente a una expansión continua de la población universitaria. No hay planificación. Las universidades son islas con escasa asimilación de la ciencia y la tecnología. Están divorciadas de la realidad y de las necesidades productivas del país. Una universidad que se dedica a la trasmisión del "conocimiento obsoleto" y tremendamente politizada. A título de "universidad abierta al pueblo", ingresa cualquier sin tener las más mínimas aptitudes académicas. Un mundo universitario, que para 1990 tenía ya 100 mil estudiantes y sólo a universidades privadas asistía un 3.3 por ciento.[7]

3.- TIERRA Y TERRITORIO

Un asunto que, hoy, es conflictivo para Bolivia es todo lo que tiene que ver con su vida rural. Esta temática, "Opiniones y Análisis", abordó en tres números: el 2, el 9 y el 65. El primero se refirió al "desarrollo alternativo" como solución a la proliferación de la actividad cocalera en el Chapare cochabambino, y en el marco de la Ley del Régimen de la Coca y Substancias Controladas, más conocida como la Ley 1008, promulgada el año 1988, y que recogía acuerdos entre los productores de coca y el gobierno de entonces. En esta publicación, se comenta la existencia de un plan quinquenal, denominado: "Plan integral de desarrollo Alternativo y sustitución de cultivos", cuyo propósito final era alejar a Bolivia de la actividad del narcotráfico, por medio de un conjunto de acciones que haga atractivo al agricultor campesino dejar la coca por producciones alternativas agropecuarias, y cuando se había detectado el cultivo de 50.000 hectáreas de coca, en el año 1988, cuando dos años antes habían sido ya de 24 mil.[8] Hoy, se ve que el objetivo no se cumplió.

La publicación Nº 9, tocó diversos problemas como son: el despoblamiento del área rural, la menor producción agrícola frente a una mayor demanda de alimentos por parte de las ciudades. Se toca también el viejo problema de la tenencia de la tierra, del minifundio. Se destaca la progresiva pérdida productiva del mundo rural altiplánico y su pérdida de competitividad. La salida a estos problemas se dio por medio de la masiva migración a Santa Cruz. Necesidad repetida: una Política agropecuaria que busque integrar al campesino a la vida nacional, que mejore la producción y productividad agropecuaria, y mejore su nivel de vida y alimentaria. Se planteaba que los campesinos debían contar con adecuados tamaños de tierra y de tecnología para la producción y, de esta manera, mejorar la competividad hacia el exterior y conseguir apertura de mercados externos. Estos mismos resultados sustituirían productivamente el cultivo excedentario de coca. Todo esto debía estar acompañado con un claro mejoramiento de la gestión de las instituciones públicas del sector.

A principios de los años 90 se decía ya que el Estado boliviano es homogeneizador, racista, clasista y excluyente de los aymaras, quechuas y guaranís. Se da una concentración improductiva latifundiaria e improductiva de la tierra en Santa Cruz y en el Chaco. Se observaba una asignación de factores productivos (tierra, agua, tecnología, información) muy desequilibrada entre los actores económicos del campo. Se anotaba que había una insuficiencia de inversión pública favorable al sector agropecuario. Se decía que el desarrollo agropecuario requiere de una política sectorial que tenga incentivos tributarios, crediticios, comerciales y arancelarios. Que la apertura al comercio exterior debía ser controlada y no indiscriminada, sobre todo para el sector campesino pobre, quién debe ser "privilegiado". El desarrollo rural debía ser responsabilidad del país y del Estado.

Se decía, hay que desarrollar políticas redistributivas en un contexto de "comunidad campesina como sujeto dinamizador del desarrollo". Mientras esto no se de siempre fracasarán los intentos del desarrollo de la economía campesina. En palabras de Miguel Urioste: "Lo que estoy planteando es el rescate, fortalecimiento y protección de los valores de organización social, reciprocidad, colaboración, inventiva, de autogobierno local, que existen en las comunidades, llámense éstas capitanía, brechas, colonias, ayllus, etc… reconocimiento de la propiedad comunitaria territorial".[9]

La evaluación que se hacía de la reforma agraria concluía que no había sido un plan concebido por el MNR sino que se había dado de hecho, que afectó solamente al occidente del país y dio lugar a un "neolatifundismo" en el Oriente, promovido por los regímenes militares que distribuyeron arbitrariamente y gratuitamente ingentes cantidades de tierra. Y "tierra sin infraestructura caminera y de riego, sin tecnología apropiada y sin crédito de fomento no tiene un resultado positivo". La "reversión de tierras para su posterior distribución a manos productivas" es una necesidad.

En 1984, el lema "la tierra es para quién la trabaja" cambió por "tierra para quien la trabaja personalmente". La Ley INRA de 1996, que se supone buscaba superar las deficiencias de la Reforma Agraria, permitió el reconocimiento de las Tierras comunitarias de Origen en el Oriente de Bolivia (TCOs). Paralelamente, en la parte occidental del país, se difundió el planteamiento de la reconstitución de los territorios andinos. Se dijo: "autonomía político administrativo del territorio indígena originario", aunque: "la realidad en los valles y altiplano es que la tierra es de propiedad familiar, pero con prácticas muy primitivas y de natural baja productividad".

Después de la caída del gobierno de Sánchez de Lozada y medio siglo después de la Reforma Agraria, se tenía, por una lado, la misma composición de la estructura agraria boliviana de hacía veinte años atrás. Un 68 % de las unidades agropecuarias estaban constituidas con una superficie de hasta 5 hectáreas, cada una, y una participación en la superficie del 1.4 % del total, mientras el 4 %, que poseía más de 100 hectáreas por unidad, absorbía el 91 % de la superficie total. Pero por otro lado, a cincuenta años de reforma, se tenía como dominante en la producción agropecuaria del país a la empresa agraria constituida por 50,000 unidades, la mayoría intensivas en uso extensivo de la tierra y la minoría en capital, mayormente ubicadas en el Oriente boliviano. Los pequeños agricultores alcanzaban a 550 mil.

Emergió, "Tierra y territorio", como discurso de ONGs vinculadas a las preocupaciones rurales de Bolivia. Aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables por parte de los pueblos indígenas. Ya se decía proféticamente: "Estamos a las puertas de un conflicto de dimensiones, cuyo escenario será la disputa de tierras…¡guerra por la tierra!".[10]

Paralelamente se observaba, en el mundo urbano, el fenómeno de la terciarización descontrolada de la economía y del crecimiento exponencial de la economía informal. Se anotaba la presencia de un mercado financiero restringido, con elevadísimas tasas de interés, que llevaba en su seno el reto de la democratización del sistema financiero

4.- EL SECTOR FINANCIERO

El número 3 abordó temática financiera, esta vez referida a la refundación de la Bolsa de Valores en Bolivia, la cual recomenzó a operar el 20 de octubre del año 1989[11]. Su reinicio de labores comenzó con grandes promesas de convertirse en el mecanismo de financiamiento más importante para las inversiones empresariales y de movilización del ahorro interno. De esta manera, se pensaba iniciar el desarrollo de sociedades por acciones. La manifestación de las "nuevas" ideas económicas que en Bolivia comenzaban a difundirse, a partir de la promulgación del ya famoso D.S. 21060, del año 1985, parecía sustituir la predominante visión económica estatista, que había regido el país hasta esa entonces, por una visión más de economía de mercado, escenario en el cual el funcionamiento de una Bolsa de Valores sería fundamental.[12] Hoy, a veinte años de ese hecho se puede afirmar que en Bolivia lo que hay es una "Bolsita".

Fue también una preocupación de FUNDEMOS darle una mirada al crédito agropecuario en sus primeros números. Así el Nº 5, denominado: "Programas y Tentativas de Crédito al Sector Agropecuario", realiza un diagnostico de los recursos destinados al sector agropecuario canalizados por medio del Banco Central de Bolivia, bajo lo que se conocía como "créditos de fomento o créditos refinanciados". Sucedía, que con tal motivo, las tasas de interés activas para el sector agropecuario resultaban ser más bajas que las tasas pasivas que pagaban los bancos. Se había convertido en práctica bastante corriente la reprogramación de créditos e, incluso, del pago de los intereses. Las deficiencias del Banco Agrícola, entonces existente, estaban a la vista, "créditos a fondo perdido desde que se los otorgaba". Se financiaban proyectos sin factibilidad demostrada. Este banco llegó a tener una ¡mora del 64 por ciento!, sin embargo, se insistía en la creencia de que podía convertirse en una institución eficiente y competitiva con el sector privado. Se decía que el Banco Agrícola reconstituido se dirigiría "al mediano que no es atendido por nadie y bajo el concepto de banca de fomento". Siempre se hablaba del sistema de seguro para el pequeño productor, que nunca se pudo concretar.

Se repiten los problemas ya conocidos y no resueltos: tenencia de la tierra, mano de obra, conocimiento agrícola y crédito insuficientes. Se insiste en la necesidad de la asistencia técnica al sector y en la búsqueda de mercados, a tiempo de reconocer que sin mínimas condiciones productivas del pequeño campesino, el crédito no mejorará su situación. El crédito a gente que vive en la subsistencia no es solución, los coloca en peor situación, los hace deudores. Por tanto, para convertir a los pequeños productores agrícolas en sujetos de crédito, se requiere, primero: riego, caminos, centros de acopio, para mejorar la productividad en general, luego de lo cual identificar actividades productivas viables es una necesidad. Se concluía que únicamente la soya se había convertido en una actividad competitiva.[13]

La insuficiencia de la vivienda en cantidad y calidad, fue abordada por el Nº 14. Un importante antecedente es que la hiperinflación de los años 80 había hecho desaparecer el crédito para la vivienda. Desde el gobierno de Villarroel los trabajadores habían luchado por la Seguridad social para la vivienda, lo que a la fecha sigue siendo una aspiración incumplida.

Las deficiencias de las viviendas ya existentes era problema principal y conocido, tales como: la falta de servicios básicos de agua potable y alcantarillado. En 1987, se fundó el Fondo Nacional para la Vivienda (FONVI) exclusivamente para financiar vivienda popular, bajo la figura del fideicomiso con lo que desapareció, sin pena ni gloria, la oficina estatal denominada Consejo Nacional de Vivienda. En los primeros años 90 se diseña una nueva política nacional de vivienda, la que se concreta en un "Plan Nacional de Vivienda Popular" y con el lema de "Lograr un digno habitat", que, hoy día, se encuentra inscrita en la Nueva Constitución Política del Estado. Sin embargo, la nueva entidad estatal (FONVI), llegó a financiar únicamente 1500 soluciones habitacionales por año, muy lejos de lo que se requería.[14] Había una necesidad de alcanzar 100 mil unidades habitacionales (nuevas y mejoradas). Mientras tanto, el sistema privado de ahorro y préstamo de vivienda, compuesta por las mutuales, alcanzó una mejor cobertura, llegando a dar 100 mil préstamos desde su inicio en 1964, lo que representaba 3570 préstamos por año, y gracias a la indexación de sus operaciones financiera al tipo de cambio de bolivianos por dólar. [15] Lamentablemente, la famosa "desdolarización" del sistema financiero de principios de los años 80 colapsó al sistema.[16]

5.- EL SECTOR ECONOMICO

Un tema de permanente actualidad y preocupación es el comportamiento de la inversión como variable clave para el desarrollo económico, en un contexto de altos costos de transporte, de energía eléctrica, insuficiencia de aeropuertos y de carreteras. El Nº 6, aborda este tema y plantea le necesidad de la atracción del capital extranjero y, con ello, la tecnología y la apertura de mercados en el exterior. Un proyecto de ley del gobierno anterior muy procedimental y no consensuada con los interesados, llevó al nuevo gobierno, instalado el año 1989[17], a promover otra ley, mas corta y orientada hacia una economía de mercado. Se buscaba contrarrestar la insuficiencia de ahorro interno con la inversión extranjera, reconociendo la existencia de un sistema financiero nacional atrasado. Se observa que la inversión privada sólo era la mitad de la pública, aspecto inconcebible en una economía de mercado.[18] La nueva Ley de inversiones debía delinear las reglas del juego para el largo plazo y con garantías expresas para la inversión extrajera, en un contexto de política macroeconómica coherente. Un marco jurídico, que no discrimine a lo extranjero de lo nacional. Alcanzada la estabilidad tomaba importancia el crecimiento económico y con ello la inversión. Se vislumbra a la minería y a los hidrocarburos como puntales de las exportaciones[19].

Un amplio estudio sobre el contrabando en Bolivia, es el contenido del Nº 38, contrabando siempre creciente. En 1990 fue de 339 millones de dólares y en 1997 de 1226. Se recuerda que el Código tributario califica al contrabando como un delito. Se hace hincapié en que el Estado pierde impuestos con esta actividad, pero también se recuerda que el 65 % de la población trabajadora en el país, en esos años, estaba constituido por los "cuenta propia y familiares no remunerados", que son informales y vinculados a la actividad del contrabando. Su conclusión: "modernización de los mecanismos de control, fiscalización y recaudación conducen a la ampliación del mercado en un ambiente de competencia leal, transparencia y equidad."[20]

La revista Nº 55 dedica un artículo a la "Ley del Dialogo Nacional", que se promulgó en julio de 2001, junto a la "Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza", y cuyos elementos centrales fueron los siguientes: Criterios para el destino de los recursos condonados por el pago de la deuda externa de parte de los acreedores externos. Con este motivo, se creó un fondo municipal para la educación escolar y salud pública, que, primero, financie déficits acumulados en salud y educación y, luego, destine el 10 % para salud, 20 % para educación y 70 por ciento para infraestructura productiva y social. Se decidió que fuesen los beneficiarios los que elijan los proyectos en estos sectores. Parte de esta estrategia fue el Plan Nacional de empleo de emergencia (PLANE), que de tal no tuvo nada, porque continúa hasta el día de hoy, aunque con otros nombres Adicionalmente, se estableció la entrega de estos recursos considerando la población del municipio y el nivel de necesidades básicas insatisfechas. Se creó la Dirección Unica de Fondos (DUF) buscando conjuncionar las políticas entre el Poder Ejecutivo y los municipios. También se instituyó el "control social". En cuanto a tierras se dijo que faltaba sanear el 89 por ciento de la superficie sujeta a saneamiento.[21]

Una idea antiliberal predominante en Bolivia es que el Estado siempre ha estado sirviendo los intereses de los ricos y los antinacionales. Si fuese así, uno se pregunta: ¿Cómo es posible que esos poderosos intereses hubiesen permitido que un Evo Morales acceda al gobierno? Entra también en contradicción con el hecho de que en varias veces los "revolucionarios" han llegado, en Bolivia, al gobierno. Y los revolucionarios ofrecen un gobierno al servicio de los pobres, que nunca cumplen. Lo que hacen es buscar un Estado donde el "yo individual se subordine al yo colectivo"[22]

Una evaluación económica del país desde 1985 en adelante, nos dice lo siguiente: El ya famoso D.S. 21060 fue el medio por el cual el manejo racional de la macroeconomía retornó a ser una cualidad gubernamental, aunque no impidió la presencia crónica del déficit fiscal, financiado principalmente, por fuentes externas de la cooperación internacional. Sin embargo, los resultados[23] no fueron los que se hubiese deseado: un crecimiento económico bajo y fluctuante; una presencia de la inversión extranjera importante en la segunda mitad de los años 90, sin su contraparte de mayor crecimiento económico; la condonación de la deuda externa; un deterioro de los términos de intercambio hasta el año 2002 y, de ahí en adelante, un comportamiento favorable tipo exponencial hasta el año 2008, lo que explica la presencia de un boom económico en los tres últimos años, impulsado por el comportamiento del sector externo de la economía boliviana, lo que a su vez explica la presencia inusual de un superávit fiscal y de balanza de pagos.[24]

En lo que va del gobierno del Presidente Evo Morales se observa que su inspiración esta en el nacionalismo, que se concreta en la "nacionalización de los hidrocarburos", en el retorno a manos del Estado de las empresas públicas antes privatizadas, y la apertura de nuevas empresas de propiedad estatal.

Una preocupación constante en el país es la inflación, la misma que se fue reduciendo paulatinamente, en la década de los noventa, para luego volver a aumentar pero a un nivel tolerable hasta el año 2006.[25] Este fenómeno alcanzó nuevamente preocupación en el país durante los años 2007 y 2008 cuando la misma alcanzó los dos dígitos y del orden del 12 por ciento anual.[26] Con el propósito de frenar este proceso el Banco Central de Bolivia retiró dinero de la economía en un volumen que alcanza el mismo stock de emisión realizado por ese banco, a marzo del año 2009. Con este mismo propósito decidió, primero, apreciar el tipo de cambio y, luego, desde octubre del 2008 en adelante, ha ingresado a un tipo de cambio fijo. Las importaciones han llegado a crecer durante el año 2008 a la tasa más alta de toda la historia económica del país. Sin embargo, la última información oficial indica que la tasa de inflación anual viene bajando y a la fecha se encuentra en un nivel razonable del 6 %. La experiencia mundial enseña que el combate eficaz contra la inflación se basa en la existencia de un banco central independiente y de políticas fiscales responsables.[27]

6.- LAS PREOCUPACIONES SOCIALES

La última parte de este artículo se ha de referir a una visión de los problemas con una perspectiva más social, sin con ello decir que no se vio la temática social en los anteriores puntos. En el Nº 12, se encuentra la opinión de que el mercado es insuficiente, que concentra la riqueza y que la democracia exige la distribución de la riqueza. Con este propósito se debe diseñar la política social, cuyos propósitos deberían ser los siguientes: cobertura de los servicios de agua potable y de saneamiento básico, como así también de los servicios de salud, todo esto con los propósitos de reducir la mortalidad materno infantil, erradicación de la desnutrición severa y de la desnutrición infantil. La Política social debía traducirse en inversión en salud y en educación, con lo que se aumentaría la productividad del trabajo y con ello la mejora del nivel y calidad de vida. Esta concepción, a principios de los años 90, llevó al gobierno de entonces a proponer la "Estrategia Social Boliviana", con un horizonte de 10 años, y para mejorar las oportunidades de los pobres. La implementación de la estrategia debía definir grupos objetivo y fomentar el uso productivo de la mano de obra, dando preferente atención a las necesidades apremiantes de los grupos vulnerables. Se podría sintetizar estas acciones como el "Decreto de Lucha contra la Pobreza"[28].

Se decía que el achicamiento del Estado, compatible con una economía de mercado no corresponde a un país como Bolivia porque no está en condiciones de entrar al libre juego de la libre competencia en el mercado mundial. No sería correcto no subvencionar cuando otros países lo hacen y cuando las empresas bolivianas no tienen capacidad competitiva con las extranjeras. La libre importación inutilizaría la producción nacional. La conclusión, se requiere un Estado que subvencione.

Rafael Puente preguntaba: ¿Cómo un Estado en proceso constante de achicamiento va a poder responder a dos tareas gigantescas, incumplidas a lo largo de 180 años de vida republicana y de 500 años de vida colonial, como son la falta de infraestructura física, que es una de las tragedias de nuestro país y la absoluta falta de desarrollo social? El afirmaba que no es cuestión de inventiva, que hay contradicciones internas entre lo que es el ajuste estructural, el achicamiento del Estado y la entrega de la vida económica y social del país a los mecanismos del mercado.[29] Estos comentarios se hacían cuando paralelamente operaba el Fondo Social de Emergencia y que, en cinco años y medio, había financiado 3.274 proyectos (escuelas, caminos, alcantarillado, agua potable, atención primaria de salud, educación básica) y que concretaba la política social del Estado Boliviano.

Proliferaron visiones críticas sobre los programas de ajuste estructural, diciendo que sólo se buscaba lograr y mantener la estabilidad sin buscar deliberadamente un crecimiento sostenido y diversificado de la economía. Se hacía una política de apertura al exterior sin estimular las inversiones nacionales lo que aumentaba el desempleo. Se decía que esos programas "agudizan los procesos recesivos", por la apertura irrestricta a las importaciones, la reducción del gasto público, los despidos masivos de gente, el congelamiento de salarios, la elevación de las tasas de interés, y la "liberalización del mercado del trabajo[30]. La pobreza aumenta y no disminuye.[31]

En el Nº 16, se encuentran afirmaciones como ésta que dice: "lo neoliberal no funciona". El "modelo" se fatiga por la falta de equidad social. Los factores que generan la deuda social son: El ajuste económico neoliberal, la deuda externa, la repartición de tierras. El libre mercado está a favor de los fuertes y hábiles de una sociedad. La deuda social es consecuencia del sistema económico vigente (capitalismo dependiente y atrasado) sobre el cual el neoliberalismo lleva hasta "límites de perversidad social". La deuda social es "la clase social que nunca ha pagado". La cara de la deuda social es la gran pobreza que existe en Bolivia en todos los órdenes. La Iglesia Católica coincide: "hay deuda social" cuya contraparte es la pobreza, su divisa es "opción preferencial por los pobres". La deuda social es la consecuencia del minifundio junto al latifundio. Solución: dar territorio a las nacionalidades y etnias originarias con títulos comunitarios. Este pensamiento se concreta en la Nueva Constitución Política del Estado cuando acepta como principio la "discriminación positiva" y, por tanto, mayores derechos a los "originarios" en desmedro del resto del país.

El gasto público social para pagar la "deuda social" -contrariamente a lo que alguna gente piensa- comenzó a incrementarse desde los años 90[32] y con el criterio que: "La seguridad social se halla destinada a la liberación de la miseria, la ignorancia, el acceso individual de los bienes materiales, morales y culturales."

Para los críticos de la política económica denominada "neoliberal", la "deuda social" es su consecuencia, como así también la concentración de ingresos y el aumento de la pobreza. Para Pablo Ramos, no hubo políticas sociales en los programas de ajuste estructural. Los intentos estabilizadores fracasan porque "la lucha contra la inflación es un problema estructural". "No es un problema de demanda sino de oferta". Desde 1985 Bolivia "está en recesión profunda", sentenciaba Ramos. Los efectos del "neoliberalismo son: Altos costos de producción por la elevación de los precios de los hidrocarburos y de la energía eléctrica, impuestos elevados, altos intereses para los préstamos. Igualmente se reduce el mercado interno por las importaciones. Son insuficientes los recursos financieros para la educación. El magisterio recibe bajos salarios en un contexto de deterioro de toda la educación. Todo esto son efectos del "neoliberalismo". [33] En síntesis, se atribuye todos los males de la sociedad boliviana al programa de estabilización económica que se impulsó a partir de 1985 porque habría aumentado una "deuda social" de larga data.

Después del año 1985 se buscó aumentar la presión tributaria, que siempre fue insuficiente, para atender las necesidades sociales. Y ya se vislumbraba la incapacidad de Bolivia para honrar su deuda externa, lo que finalmente ocurrió.

Muchos no quisieron, y no quieren ahora, ver que las difíciles condiciones laborales responden al subdesarrollo y al atraso del país. Los románticos quieren condiciones suizas para el trabajador cuando el aparato productivo es africano. En verdad "la deuda social" se paga con el desarrollo económico, social y cultural.

En 1997 se llevó a cabo el Primer Dialogo Nacional, cuyo contenido es materia de la publicación Nº 33. Funcionaron cuatro mesas. En la de oportunidad los consultores llegaron a las siguientes conclusiones. Hay evidencia empírica que dice que gracias a "las reformas estructurales, tales como la liberalización del comercio, la del sistema financiero, la reforma tributaria, la reforma de la seguridad social, la privatización de las empresas públicas" el crecimiento no fue menor al alcanzado. Sin embargo se reconoce la presencia de un gran obstáculo dado por los bajos niveles de educación, en general. Unos llegaron a pesar que Bolivia entró en sintonía con la democracia y con el mercado. Pero para que operen bien los mercados se reconocía que se requieren instituciones efectivas, donde se respeten los derechos de propiedad en un sistema legal que funcione, junto a una burocracia incorrupta y eficaz. Institucionalidad significa reglas claras del juego, se decía. Hay que superar la pobreza. Hay que desarrollar una economía de mercado con sentido social.[34] Preocupación permanente, la baja tasa de crecimiento potencial de la economía boliviana.

Las conclusiones de las cuatro mesas fueron de carácter general[35], en muchos casos una repetición de lo ya conocido, un listado de buenas intenciones y de objetivos ideales. En lo económico sus principales conclusiones fueron: los frutos del desarrollo deben distribuirse con equidad; la economía debe manejarse con sentido ético; el crecimiento económico es insuficiente; se debe generar ahorro interno; captar inversión extranjera; generar una distribución más justa. El Estado debe ejercer la función social y la redistribución del ingreso y debe ser promotor, regulador y facilitador en lo económico y redistributivo en lo social. Hay que disminuir la pobreza urbana y rural, modernizar la estructura productiva nacional; cambiar la naturaleza y las condiciones de inserción de Bolivia en la economía internacional, etc., etc.[36]

El Nº 51 de septiembre de 2000 se dedica al tema actores sociales. Se considera un actor social a una organización pública que busca transformar al Estado para dar cabida a la satisfacción de sus demandas. Se reconoce la preeminencia en Bolivia de la cultura corporativa, que fue respuesta a los gobiernos autoritarios, y que ahora se convierte en un escollo para el desarrollo de la democracia. La capacidad individual está cercenada lo que lleva al enfrentamiento corporativo al que estamos acostumbrados. Se dice que hay una "incapacidad de construcción de una nueva hegemonía en las sociedades como la nuestra". Se destaca que la ley de Participación Popular otorga la cualidad de miembros de la sociedad civil a los grupos originarios.

Una consecuencia del Dialogo Nacional II habría sido el posicionamiento de que el problema principal boliviano se encuentra en el sistema político del país.[37] Que la igualdad jurídica es un enunciado no cumplido del todo, porque hay discriminación racial y económica. Hay una incapacidad de articulación de la ciudadanía para enfrentar los problemas en democracia. "La fortaleza de los actores está en la construcción de la ciudadanía y de la capacidad de vincular los intereses particulares con aquellos que son de otros y diferentes a los de uno mismo".[38] También se observa la clara evidencia de la debilidad del Estado, con la aparición de los movimientos regionales, los comités cívicos, la coordinadora del Agua en Cochabamba, en sustitución a los viejos como la COB.[39]

El Nº 52 nos recuerda la eterna influencia del marxismo sobre las organizaciones laborales y sindicales, quienes ven al Estado como la expresión de los intereses patronales. Bajo el título de: "El sindicalismo en Bolivia: Presente y futuro", se hace una presentación histórica del movimiento sindical boliviano, sus épocas de auge y sus épocas de decadencia. Cómo la crisis de Comibol liquida a la élite minera. Lo novedoso fue la aparición de las organizaciones originarios campesinos o indígenas campesinas.[40]

La temática de la migración está abordada por el Nº 83, Se destaca la explosión demográfica en la ciudad de El Alto, que para fines de los años 90 tiene pobreza creciente y una ausencia de oportunidades, pero junto a una acumulación de capital en construcciones. Junto a este hecho, está el "advenimiento de ciudadanía" según Carlos Laruta, y el acceso al agua potable y la televisión de la gente proveniente del campo. Aparecen, después de 1985, las Juntas de Vecinos dirigidos por "radicales de izquierda marxista o indigenista", (mineros relocalizados), y que tienen su expresión de máxima violencia en los hechos luctuosos de Octubre de 2003. Una conclusión: la dinámica de El Alto sería no homogénea, está entre "el mercado y la reciprocidad." El Alto se habría convertido en el centro de "interculturalidad".En cambio el "multiculturalismo" puede dislocar la unidad nacional. Se reconoce que la migración es la respuesta de la gente que busca oportunidades.

La migración del campo hacia la ciudad, que se da en Bolivia, es parte del desarrollo de la economía de mercado. La migración significa que el campo se vacía y se atosigan las ciudades, en busca de oportunidades ausentes en el campo, donde, muchas veces, no se tiene allí siquiera autosuficiencia alimentaria.[41] Construyen sus viviendas como pueden, sin ningún financiamiento ni apoyo estatal. Muy pocos en las ciudades se convierten en asalariados, la mayoría en trabajadores por cuenta propia, germen fundamental para el desarrollo de una economía de mercado. Mercantilismo simple diría Carlos Marx, y varios de ellos se han hecho ricos. Muchos de ellos se dedicaron a la actividad del transporte, (servicio de movilización como de mantenimiento y arreglos de vehículos), desde ayudante pasando por chofer, mecánico de taller y hasta propietario, momento en el que se asocia en un "sindicato de propietarios de vehículos". Se convierten en q'aras, cuando se enriquecen, según la opinión de sus mismos paisanos campesinos.

En la parte occidental del país el motivo fundamental de la migración es la "baja productividad y falta de tierras", con la característica de no desarraigarse de su comunidad de origen, del todo.[42]

Desde una óptica departamental se concluye que los departamentos de Potosí, La Paz, Oruro, Chuquisaca y Beni, y en ese orden, se caracterizan por migración neta negativa. En cambio, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Pando, y en ese orden, se caracterizan por ser zonas de migración neta positiva, siendo Pando el de mayor crecimiento.[43]

Internacionalmente hablando, es posible que Bolivia esté entre los países que más expulsa población, confirmado la afirmación de que hoy la migración se da desde los países pobres hacia el mundo desarrollado. La información estadística no es precisa, su estimación va desde uno y medio boliviano por cada diez habitantes en Bolivia, hasta uno por cada cinco.[44]

7.- CONCLUSIONES

Hemos hecho un recorrido. Hay actores, pero nunca hubo un verdadero pacto social en el país, y lo poco que se pudo haber avanzado, en este sentido, desde el año 1985 en adelante, se está destruyendo día a día. Pero las ideas que hoy son dominantes, tanto en el gobierno como en la mayoría, se las difundió ya desde mucho tiempo atrás, las mismas que se han popularizado y constituyen las "creencias colectivas".

Hay dos visiones opuestas, una que sostiene que el principal actor en la economía debe ser el Estado, al cual los privados deben subordinarse. Se cree, como en los tiempos ya pasados, que el motor del desarrollo es el Estado, sobre todo en sociedades subdesarrolladas. La otra visión plantea que son los individuos, solos o voluntariamente asociados, los que se constituyen en el motor de desarrollo de cualquier sociedad, lo cual da lugar al desarrollo de la economía de mercado.

No se ha llegado a comprender que Bolivia hace ya mucho tiempo es una economía predominantemente de mercado, altamente informal y atrasada. La ciudad de El Alto, con su denominada feria 16 de Julio, se convierte en lo más representativo del mundo "neoliberal", si por tal se entiende una plena economía libre de mercado. El contrabando, por un lado, y la proliferación del círculo coca- cocaína, por otro, son la mejor expresión de que Bolivia vive la etapa del "capitalismo salvaje". Sin embargo de esto, con preocupación vemos que el gobierno de Evo Morales, en el discurso, pretende impulsar también la economía comunitaria, ya en plena descomposición desde hace tiempo, siguiendo las cantinelas de la "revolución de los antropólogos" y de la "revolución de los intelectuales de izquierda". Pero en verdad, lo que está haciendo es retornar al capitalismo de Estado, comprobadamente fracasado y tan dañino por la corrupción generalizada que le acompaña.

La Paz, abril de 2009


[1] Investigación realizada para la revista "Opiniones y Análisis", Nº 100, Fundemos y Hanns Seidel Stiftung e V, abril 2009, La Paz-Bolivia.

[2] Foro: "Transacción de la deuda bilateral Boliviano Argentina", Opiniones y Análisis", Nº 1, Septiembre 1989, La Paz- Bolivia.

[3] "Gas Natural en Bolivia: Desafíos y Perspectivas", Nº 61, Noviembre 2002. Ibíd.

[4] "los maestros como parte radicalizada de la clase media, somos víctimas de la política de destrucción de las fuerzas productivas, de la política antinacional", dice el profesor Estanislao Aliaga.

[5] Foro: "¿El Maestro Boliviano, Un factor de desarrollo?, Nº 10, agosto 1991, Ibíd.

[6] "Reforma de la Educación en Bolivia", Nº 82, Noviembre 2006.Ibíd.

[7] Foro: "Universidad: Modernización o Crisis sin Solución", Nº 4, Enero 1990, Ibíd.

[8] Foro: La problemática de la coca y el desarrollo alternativo", "Opiniones y Análisis", Nº 2, Octubre 1989, La Paz, Bolivia.

[9] Foro: "Problemas y perspectivas del Sector agropecuario en Bolivia", Nº 9, mayo 1991, Ibíd.

[10] "Tierra, campesinos e indígenas", Nº 65, Noviembre 2003. Ibíd.

[11] La primera Bolsa de Valores operó en Bolivia allá por los años cuarenta del siglo XX.

[12] Foro: "Perspectivas de la Bolsa de Valores Boliviana", Nº 3, Diciembre 1989, Ibíd.

[13] Foro: "Programas y Tentativas de Crédito al Sector Agropecuario", Nº 5, Febrero 1990. Una actividad exitosa fue el inicio de la producción de trigo y gracias al PL480 que financió toda la cadena, desde la semilla hasta la comercialización del grano.

[14] FONVI ya no existe y acabó en un mar de corrupción y de ineficiencia.

[15] Foro: "Restructuración del Sistema de Financiamiento para la Vivienda", Nº 14, Noviembre de 1992, Ibíd.

[16] En 1987 se dispuso la transferencia de la deuda externa del sistema de ahorro y crédito para la vivienda representa por CACEN al TGN

[17] El nuevo gobierno que se instala en agosto de 1989 impulsó un proyecto de ley de inversiones de sólo 14 artículos.

[18] Hoy en día es aún menor.

[19] Foro: "Necesidad de una Ley de Inversiones", Nº 6, Mayo 1990, Ibíd.

[20] "Contrabando e informalidad", Nº 38, Septiembre 1998,

[21] "2001: La Sucesión constitucional en Bolivia", Nº 55, Noviembre 2001, Ultimo artículo.

[22] Lo que se está viviendo con el gobierno de Evo Morales es una parodia de aquello que, en su concepción nacionalista, Rene Zabaleta pensaba que para afirmar a la nación: "hay que expulsar a las clases extranjeras, a sus descendientes, o agentes o socios de la invasión.". Esto justifica el rechazo al Estado de Derecho porque este "cede la soberanía colectiva a favor de los particulares". Ver Fernando Molina, en "Temas de Coyuntura Nacional", Tomo II, Nº 85, Junio 2007.Ibíd.

[23] Juan Antonio Morales indica que en el periodo 1985-2005, Bolivia optó por una economía abierta, "con protagonismo del sector privado, con amplia inserción en los mercados internacionales de comercio y de inversión. Las reformas estructurales de los años noventa fueron de largo alcance, pero chocaron con términos de intercambio muy desfavorables y el progresivo desencanto de la población por la falta de resultados". "Temas de Coyuntura Nacional" Ibíd.

[24] El superávit fiscal fue del 4,5 % en 2006, 1,7 en 2007 y 3,2 en 2008, con relación al PIB. El superávit en Balanza de pagos para los mismos años fue de: 13,3; 14,9 y 14,8, respectivamente.

[25] "Análisis del Proceso inflacionario y sus efectos socio económicos", Nº 94, Octubre 2008. Ibíd.

[26] La información oficial, hasta el mes de marzo de 2009, indica que la tasa de inflación ha diminuido hasta ubicarse en una tasa anual tolerable del 6,6 por ciento, aunque la tasa promedia anual está en el orden del 13 por ciento.

[27] Ver Armando Méndez Morales en: "Los árbitros de la vida institucional boliviana", Nº 90, Febrero 2008. Ibíd.

[28] En 1988 la pobreza era del 68 % cuando en 1976 fue del 74 por ciento.

[29] Diputado Rafael Puente: "Ajuste Estructural y política social" en Seminario "Política Social en Bolivia", Nº 12, mayo 1992, Ibíd.

[30] La vieja visión cepalina se observa en estas apreciaciones. El problema estaría en que no se puede satisfacer las necesidades básicas por la existencia de la pobreza estructural, ergo, el Estado tiene que resolver.

[31] Seminario: "Política social en Bolivia", Nº 12, Mayo 1992. Ibíd.

[32] Después del ajuste estructural que se requirió hacer para manejar racionalmente la macroeconomía nacional, después de la hiperinflación de los años 80, en 1991 ya se tenía un gasto público social similar al que se tuvo en 1980, antes de la hiperinflación.

[33] Seminario: "Deuda Social en Bolivia", Nº 16, Marzo 1993, Ibíd.

[34] Entre el 6 al 18 de octubre de 1997 se llevó a cabo el Dialogo Nacional "Bolivia hacia el Siglo XXI" con el propósito de que "los bolivianos puedan ponerse de acuerdo para hacer un diseño global de las políticas de Estado. Se decía que hasta entonces sólo se dieron pactos políticos pero se requería "el pacto entre el Estado y la sociedad civil". Pensar el país "no desde la estrechez de los intereses particulares" habría sido la esencia del Dialogo y donde se puso en práctica el "interés general", el "interés del país". Fue el inicio del "enriquecimiento de la democracia representativa con elementos de una democracia participativa y deliberativa." Se decía que si no se hacía algo, las brechas entres pobres y ricos se ampliarían con todos los riesgos de descontrol y de ingobernabilidad. "Ya no será posible, en el futuro, para ningún gobierno gobernar sin escuchar, consultar y tomar en cuenta a la sociedad civil." Se requieren políticas de Estado.

[35] Funcionaron cuatro mesas, la de Desarrollo económico; Lucha contra el narcotráfico; Justicia e institucionalidad, y Desarrollo humano. La segunda concluyó con que la política antidroga en Bolivia había fracasado. Para que fuese eficaz debía darse la reducción de la producción de drogas junto a mejorar las condiciones de vida de los campesinos,

[36] Dialogo Nacional "Bolivia hacia el Siglo XXI", abril 1998, Ibíd.

[37] Este hecho es un claro antecedente para que años después se generalice el postulado de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, porque la conclusión es que los problemas de Bolivia están en el orden político.

[38] Julio Aliaga también dice: "es imposible, culturalmente hablando, que una comunidad campesina pueda incorporarse a las redes del mercado y del conocimiento, para modernizar sus sistemas de producción y distribución sin el apoyo directo de políticas de fomento sectoriales".

[39] "Nuevos y Viejos actores sociales", Nº 51, Septiembre 2000, Ibíd.

[40] "El Sindicalismo en Bolivia; Presente y Futuro", Nº 52, Noviembre 2000. Ibíd.

[41] El proceso tiene varias fases, una de ellas es que de manera espontánea la gente del campo se junta en ciertos lugares dando el origen a pueblos. Luego la gente abandona los mismos para dirigirse a poblaciones más grandes y, principalmente, a grandes ciudades que tienen mejores oportunidades como son El Alto de La Paz y Santa Cruz. De manera más o menos intensa una característica, en cualquier parte del mundo, ha sido la discriminación que la gente del campo sufre en las ciudades. Hoy mismo este es un fuerte rasgo de la exitosa China.

[42] La gente migrante en el altiplano boliviano que luego retorna a su comunidad de origen es la que, por lo general, se convierte en sus dirigentes, quienes ya con mentalidad citadina, son los que reivindican derechos colectivos de su comunidad de origen frente al Estado.

[43] La Ley de Participación Popular otorga recursos públicos a municipios sin ningún tipo de recursos financieros, lo que ha permitido alguna retención de su población.

[44] "Las migraciones en Bolivia", Nº 83, Diciembre 2006.