sábado, 24 de octubre de 2009

AUTONOMIA PARA ORURO

Eduardo Campos Velasco
eduardocamposdc@yahoo.es
http://educamposv.lacoctelera.net

(Si Oruro no opta por la autonomía en diciembre de este año, acabará situándose como una región marginal en el contexto nacional e internacional)

Oruro de una manera poco reflexiva, ha mantenido una actitud de apoyo al gobierno central, principalmente al régimen actual, sin reparar que de esa manera, se margina del contexto nacional e internacional. La sociedad orureña, sus instituciones y fundamentalmente, su representación cívica y política, no han sido capaces de advertir el riesgo de seguir atados al centralismo estatal, promoviendo por el contrario, la sumisión y obediencia a las decisiones que se toman en la Plaza Murillo.

Esta actitud, entendible de alguna manera en el caso de la ciudadanía (debidos a la profunda confusión ideológica que la adormece), no puede pasarse por alto en el caso de sus dirigentes cívicos y políticos. A diferencia de los hombres y mujeres comunes de la sociedad que centran sus actividades en sus propósitos particulares, los dirigentes tienen la responsabilidad de conducir, de dirigir, de orientar y por supuesto, de advertir los peligros que se ciernen sobre la colectividad que dicen representar.

En inadmisible que precisamente los que dirigen la sociedad, los que la representan, sean los primeros en apoyar y disimular las consecuencias de ese centralismo que por más de 50 años nos tiene postergados. No es normal que los que tienen la responsabilidad de velar por los intereses de todos, acaben de cómplices de aquellos que nos perjudican.

Son estos dirigentes y representantes los que en los últimos tiempos se han encargado de convencernos que Oruro debe ser un aliado incondicional de La Paz, región que históricamente ha hecho todo lo posible para invisibilizarnos en el contexto nacional e internacional; son los mismos que en junio del 2006, movilizaron a la ciudadanía para que se pronuncie por el NO en el referendo autonómico, bajo el falso argumento que votar a favor de la autonomía era dividir Bolivia; son estos mismos que no hace muchos días atrás, no reclamaron por la reducción descomunal del presupuesto de inversiones de la prefectura para la gestión 2010.

En un tema similar (comparativamente), la ciudad de El Alto, se encuentra en movilización, reclamando la reducción de su presupuesto municipal en 54 millones de bolivianos. Pese a que se trata de uno de los centros que mayor apoyo le brinda al gobierno central, El Alto, como es natural, cuando se trata de sus propios intereses, hacen lo correcto, los defienden. Sin embargo, Oruro no dice nada. Ha perdido 202 millones de bolivianos en su presupuesto de inversiones para la gestión 2010 y todo está, como si nada hubiera pasado. Uno se pregunta: ¿Dónde están esos senadores y diputados que representan a Oruro que tienen tiempo para opinar del acontecer político nacional y no dicen nada de la reducción del presupuesto prefectural?, ¿dónde está ese Comité Cívico que se ocupa de incorporar a sus miembros en las listas de candidatos del partido de gobierno y no dice nada ante semejante reducción del presupuesto regional?

Claro, con esos representantes uno acaban entendiendo por qué, mientras en la mayoría de los departamentos del país, el debate sobre la autonomía se ha iniciado hace muchos años, en muestro medio, no acaba de comenzar. ¿Cómo es posible que la región más perjudicada por el centralismo de Estado, no tenga un criterio al respecto?, ¿cómo se explica que sus representantes políticos, los parlamentarios (diputados y senadores), el prefecto, el Comité Cívico y otras autoridades, no asuman una conducta contestataria a ese mal trato que sufre la región y por el contrario, hagan todo lo posible para convencernos que estamos bien, como estamos?

De los tantos problemas que tenemos como sociedad, seguramente uno de los que más contribuye a que no podamos resolverlos, es precisamente tener ese tipo de representantes que antes que preocuparles la suerte de la colectividad a la que dicen representar, se mueven tras mezquinos intereses personales.

Pero veamos más bien, que puede cambiar en diciembre de este año, si Oruro opta por la autonomía.

Según el artículo 272 de la nueva Constitución Política del Estado (NCPE), la autonomía implica, la elección directa de autoridades mediante voto, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas en el ámbito de su jurisdicción y competencias.

Por su parte, el artículo 277, señala que el gobierno departamental estará constituido por una Asamblea Departamental, con facultades deliberativas, fiscalizadoras y legislativas y, un órgano ejecutivo. El artículo 279, establece que el órgano ejecutivo departamental, estará dirigido por un gobernador en condición de máxima autoridad ejecutiva.

De acuerdo a la NCPE, si Oruro opta por la autonomía en diciembre de este año, en abril del 2010, estaremos eligiendo por voto un gobernador y no un prefecto, elegiremos también, 33 asambleístas departamentales (16 por territorio, 16 por población y 1 especial) y no, como sucede ahora, 24 consejeros, elegidos por los consejos municipales. Por otra parte, esa asamblea departamental que se instale luego de abril del 2010, tendrá facultades legislativas, reglamentarias y fiscalizadoras, cosa que no sucede al presente con los consejeros departamentales que apenas ejercen las funciones de fiscalización y consulta y; lo más importante, ese gobierno departamental, tendrá la capacidad de administrar sus recursos económicos de manera autónoma y planificar su desarrollo.

El artículo 300 de la NCPE, se refiere a las competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos. Establece 36 competencias exclusivas en el ámbito de su jurisdicción, entre las cuales, se destacan las siguientes:

Elaborar y aprobar sus estatutos; planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción; efectuar referendos y consultas sobre temas de su competencia; promover la generación de empleo y las condiciones laborales; elaborar y ejecutar planes de ordenamiento territorial y de usos de suelos; planificar, diseñar, construir y administrar las carreteras, líneas férreas y ferrocarriles y, construcción, mantener y administrar los aeropuertos; manejar las estadísticas regionales; otorgar personerías jurídicas a las organizaciones sociales y organismos no gubernamentales; definir y ejecutar proyectos de electrificación rural, fuentes alternativas y renovables de energía; promover y conservar el patrimonio natural, cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, científico, tangible e intangible y las políticas de turismo; crear y administrar impuestos, tasas y contribuciones departamentales; apoyar al comercio, industria y servicios para el desarrollo y la competitividad; elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y presupuestos; promover y administrar los servicios para el desarrollo productivo y agropecuario; administrar sus recursos por regalías y; probablemente la más importante, planificar el desarrollo departamental.

Finalmente el artículo 305 de la NCPE, señala que toda asignación o transferencia de competencias deberá estar acompañada de la definición de la fuente de los recursos económicos y financieros necesarios para su ejercicio.

Tomando en cuenta este marco normativo señalado en la NCPE y considerando el estado de situación de nuestro departamento, varios de cuyos aspectos fueron referidos en esta nota, pudiéramos arribar a las siguientes conclusiones:

- Los orureños, conocemos y estamos viviendo los perjuicios del centralismo que durante tantos años nos ha postergado.
- El marco jurídico constitucional para acceder a la autonomía en el país, está vigente.
- Los demás departamentos del país, están fuertemente embarcados en acceder al régimen autonómico, indistintamente de la preferencia política ideológica de las mayorías electorales de cada uno de ellos.
- En los últimos cuatro años, pese a una inversión publica prefectural cercana a los mil quinientos millones de bolivianos, la situación del departamento de Oruro, no ha cambia sustancialmente.
- Proyectos tan importantes como los caminos: el Oruro â€" Pisiga y el Oruro â€" Ancaravi â€" Turco â€" Tambo Quemado, no están concluidos.
- El proyecto Oruro Puerto Seco, que se gestó a partir de la aprobación de la Ley 3316, de diciembre del 2005, apenas está en etapa de la elaboración de su estudio, con serias amenazas a su ejecución, principalmente por las decisiones del nivel central, en relación a los acuerdos que lleva adelante con Chile.
- Un gran número de proyectos encarados desde la prefectura, principalmente en el rubro de carreteras, se encuentran paralizados, con demora en su entrega definitiva o con deficiente ejecución.
- No contamos con políticas de desarrollo departamentales referidas a minería, agropecuaria, industria, comercio y turismo, principales actividades económicas que tendrían que constituirse en los pilares de nuestro desarrollo.
- Las ventajas competitivas de Oruro en el contexto nacional e internacional, no son suficientemente conocidas, lo que nos aísla de los procesos de integración, principalmente económico comerciales.
- A partir de abril del 2010, cuando la mayoría de los departamentos del país accedan al régimen autonómico, se iniciara el proceso de construcción de una nueva Bolivia, desde las regiones, proceso del cual, Oruro corre riesgo no ser parte.
- Finalmente, conocemos la conducta, capacidad, responsabilidad y compromisos de las actuales autoridades y representantes de Oruro con los intereses regionales y se puede inferir la de las que serán elegidas en diciembre de este año. Cuadro francamente desalentador que debiera motivarnos para tomar decisiones trascendentales.

Bajo esas consideraciones, la sociedad orureña esta obligada a tomar una decisión. O continua como está (con tantos problemas no resueltos, postergada por el centralismo estatal, sin dirección política y cívica y; sobre todo, sin una visión clara de futuro) o opta por el régimen autonómico, escenario que si bien no resolverá automáticamente todas sus dificultades, puede permitir recuperar la capacidad emprendedora que históricamente nos ha caracterizado. En mi criterio, si Oruro no opta por la autonomía en diciembre de este año, acabará situándose como una región marginal en el contexto nacional e internacional.

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