Autonomia universitaria

Alberto Bonadona Cossío
abonadona2001@yahoo.es

La autonomía universitaria es una necesidad democrática para la sociedad boliviana. Permite pensar libremente y expresar ideas sin ningún tipo de restricción. En una universidad autónoma se enseña e investiga cualquier línea de pensamiento sin interferencia de la autoridad del Estado. Es imperioso respetar la autonomía universitaria y evitar, bajo cualquier circunstancia, que a esta comunidad se le diga qué o cómo pensar. En las más oscuras de las dictaduras, esta institución sirvió para defender a la sociedad de los bárbaros ataques en contra de la democracia.

La autonomía universitaria en América Latina surge en su primera forma en los movimientos universitarios de Córdoba en 1918. De allí se esparcieron las ideas de liberación del pensamiento de los dictámenes de las burocracias estatales o del pensamiento eclesiástico. El progreso material y cultural de las sociedades latinoamericanas exige que la ciencia avance sin la represión estatal o la condenación eclesial. Las universidades deben ser recintos donde se enseñorea el conocimiento universal para alcanzar nuevas cumbres del saber. No sólo es hablar de la autonomía universitaria en los acontecimientos de colación de grado o en la conmemoración de los años que la autonomía universitaria se plasmó en Bolivia desde 1931. Su ejercicio y su defensa es una cuestión de mayor seriedad y compromiso, particularmente porque constantemente se ve amenazada.

Hoy se encuentra amenazada y hasta silenciada. Y hoy es fácil amenazar y silenciar a las universidades estatales y no porque sus presupuestos dependen del Estado. Es tarea sencilla porque más de una autoridad universitaria ha abusado de la autonomía al fijar los niveles salariales. Así, para seguir vulnerándola, el gobierno no denuncia los elevados sueldos para ciertas posiciones. Los menciona veladamente para extorsionar a la comunidad universitaria sobre la base de esos privilegios y, así, lograr pactos de silencio. El Estado, con este gobierno o con cualquier otro, por mandato constitucional y por los reglamentos de la Universidad Boliviana, no puede decir cuánto deben ser los honorarios de profesores y autoridades universitarias. Es la comunidad autónoma universitaria que debe fijar esos niveles. Pero, ya el gobierno le ha dicho a las universidades cuanto debe ganar un rector, un decano o cualquier otra autoridad o docente. Es la consecuente defensa de la autonomía el entorno en el que se deben redefinir, autónomamente, los nuevos niveles que recuperen la cordura que debió prevalecer para no cometer excesos fruto del puesto circunstancial que permitió establecerlos. Esta no es tarea estatal, es obligación universitaria.

Ahora, además, el Estado se entromete en el Seguro Social Universitario y, dentro de sus políticas populistas, quiere dictar quien lo presidirá y quienes trabajarán allí. En vez de reivindicar el sindicalismo, como se supone debe ser un gobierno de cambio, excluye de la sindicalización a los trabajadores de esta institución y los incorpora al desdichado artículo 104 de la Ley General del Trabajo. Hoy el gobierno ya le dice a la Universidad cómo administrarse, mañana le dictará como pensar. Hoy vulnera la autonomía, mañana intervendrá las universidades y las acallará.