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Uno de los temas de gran debate en las actuales campañas municipales es el de los miles de gremiales asentados en las calles de las diferentes ciudades del país, sobre todo en las grandes como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Solo en la ciudad de La Paz existen más de 40 mil gremiales lo que, incluyendo a sus familias, significa una población de más de 160 mil personas que sobreviven gracias a esta actividad. Para la ciudad de Santa Cruz se estiman más de 45 mil y para Cochabamba más de 30 mil. Es probable que la población total que depende y sobrevive gracias a esta actividad se acerque al medio millón de personas (padres, hijos y parientes cercanos) en las tres ciudades mencionadas.
El fenómeno de los "gremiales" forma parte del sector social denominado de los "informales", uno de los problemas sociales y económicos más graves del país. Se define como "informal" a la actividad que se encuentra "fuera de las normas legales", es decir, al margen de los registros municipales, tributarios, laborales y empresariales. De acuerdo con un estudio reciente elaborado por el Banco Mundial, el Ministerio de Planificación del Desarrollo y la Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE), el "sector informal de Bolivia es el mayor de América Latina…", que "en Bolivia casi el 80 por ciento de los empleos urbanos y rurales son informales, el más alto porcentaje en América Latina." En cuanto a su importancia económica el estudio dice "Bolivia es el primer país del mundo en lo que se refiere al valor agregado generado por el sector informal como participación del PIB, valor que se calcula en 68 por ciento." Cuando los empresarios no cumplen las leyes, el trabajador informal dependiente no tiene remuneración adecuada protegida por la ley, ni pensión ni salud para su familia. El trabajador informal por cuenta propia no tiene acceso a ninguna protección social.
Mientras los "informales" en general están constituidos por las diferentes categorías de trabajadores de los sectores productivos y de servicios de las áreas urbanas y rurales, los denominados "gremiales" lo conforman los pequeños comerciantes asentados en las calles de las grandes ciudades. Uno de los grupos más numerosos de estos "informales" lo constituye el grupo de los denominados "gremiales".
El fenómeno de la "gremialidad" ha adquirido en estas ciudades un carácter explosivo de extrema gravedad y cuidado, por los grandes espacios que ocupan ilegalmente en las calles y aceras, por el caos que generan en la circulación, por la basura que producen y por otros males como la delincuencia y la inestabilidad política. Como lo reconocen los alcaldes de las mencionadas urbes, el fenómeno "gremial" representa su principal "dolor de cabeza". Una parte importante del tiempo de trabajo de los alcaldes y de los recursos escasos de las alcaldías es acaparado y absorbido, por "la gremialidad", que se convirtió en los últimos años en la "principal enfermedad o plaga de las ciudades".
Otro aspecto problemático de estos asentamientos lo constituye el tipo de "actividad laboral" de estas personas y familias, dedicadas particularmente al comercio de bienes de consumo para los peatones y pasantes en general. Los bienes vendidos son básicamente importados y sobre todo provenientes del contrabando. Esta actividad parece perjudicar grandemente a los comerciantes "legales" instalados en los locales "formales", quienes consideran a los gremiales como a sus "enemigos jurados". Los comerciantes formales consideran con razón que, al pagar puntualmente sus impuestos nacionales y municipales, sufren una "competencia desleal" por los informales que no efectúan una contribución similar.
Tres políticas tradicionales
Tres tipos de políticas han sido aplicadas en estos últimos años para tratar de resolver, controlar y paliar el problema gremial. Inicialmente, durante los años cincuenta y sesenta, periodo en que comenzó a crecer el fenómeno, las autoridades procedían a la represión directa y a los desalojos de los pequeños comerciantes asentados en las aceras de las calles céntricas de las ciudades.
Posteriormente, a medida que los asentamientos se expandían, los comerciantes fueron vistos como una fuente de ingresos para las alcaldías y sus autoridades. Los gremiales descubiertos debían pagar un "impuesto". Esta permisividad se convirtió posteriormente en costumbre, lo que contribuyó a "formalizar" e "institucionalizar" la "gremialidad", así como a expandirla.
Una tercera política, finalmente, sobre todo realizada en estas últimas décadas, consistió en la "modernización" de los gremiales y la reubicación en edificios y locales comerciales construidos para este efecto en diferentes zonas de las ciudades.
Ninguna de estas políticas logró resolver, sin embargo, el carácter masivo y creciente de este fenómeno ni sus expresiones más conflictivas. El problema sigue creciendo, por consiguiente, y se continúa con las soluciones "parciales", "parches" y superficiales. Estos remedios paliativos tienen, sin embargo, costos enormes para la ciudadanía y para el país. En la ciudad de La Paz, por ejemplo, la alcaldía tuvo que contraer créditos gigantescos con los organismos multilaterales de financiamiento (20 millones de dólares con el Banco Mundial, 30 millones con el banco Interamericano de Desarrollo y 18 millones con la Corporación Andina de Fomento) para construir grandes galerías en diferentes zonas de la ciudad. Estas "soluciones" altamente costosas son, obviamente, solo paliativos superficiales que no resuelven el problema de fondo. El fenómeno gremial continuará creciendo.
Interpretaciones tradicionales
¿Cómo resolver el problema de manera sostenible? Antes de responder a este interrogante es necesario primeramente determinar la causa de los fenómenos de la informalidad y de la gremialidad. ¿Por qué hay informales y gremiales? De acuerdo al estudio mencionado elaborado por el Banco Mundial y las autoridades bolivianas, la causa del problema radicaría "en la falta de normatividad, en la debilidad de las instituciones públicas y en la insuficiente percepción de los beneficios de ser formal." (p.11) Una de las principales causas que generaría la informalidad sería la "complejidad de las regulaciones" que tendría que cumplir cada unidad productiva o comercial para poder llegar a ser formal, mayor que en otros países de América Latina.
Esta conclusión parece simplista y superficial. El problema sería simplemente un asunto de normas y de procedimientos, es decir, algo burocrático. El problema no sería, por consiguiente, muy grave, ni la solución muy difícil. Si fuera simplemente así, uno se pregunta ¿por qué los gobiernos no lo resuelven rápidamente? ¿Por qué gastan millonadas de dólares durante décadas si la solución es tan fácil? ¿Por qué no se les ocurre resolverlo contratando simplemente a dos abogados medianamente eficientes, a dos secretarias y a un mensajero para redactar una nueva norma en un par de meses?
Lo que pasa es que el asunto no es tan simple, es decir, tal como lo manifiesta el estudio mencionado. Este estudio, inspirado como muchos otros de otros países en las propuestas superficiales del peruano Hernando de Soto ("El otro sendero"), reduce el problema de la informalidad a un asunto de papeleos y de trámites. Después de tres décadas de aplicar estas propuestas nada cambió ni en Bolivia ni en ninguna parte. Ni las autoridades bolivianas ni mucho menos los expertos del Banco Mundial parecen estar conscientes del verdadero problema.
Causas del problema
La causa del problema no es de carácter simplemente normativo y burocrático, sino un asunto profundamente económico, un asunto que depende, en realidad, de los modelos económicos que se sucedieron en el país desde hace muchas décadas.
Los diferentes modelos económicos implementados en el país, por lo menos desde los años cincuenta, han privilegiado el crecimiento asimétrico de algunos sectores productivos en detrimento del desarrollo equilibrado del conjunto de las unidades productivas y regiones del país. Estas políticas económicas desequilibradas han dado lugar al crecimiento de monopolios y oligopolios gigantes (a escala boliviana), a las concentraciones gigantescas de los mercados en las diferentes cadenas productivas y de servicios del país. Estas concentraciones gigantescas excluyen de los mercados a las miles de unidades productivas y de servicios más pequeñas y bloquean su desarrollo productivo y tecnológico.
Este fenómeno, el más extendido entre los países de la región, impide la inversión en los sectores mencionados, bloquea el crecimiento de las unidades productivas más pequeñas y frena su productividad. Los monopolios y oligopolios, al impedir el crecimiento de las miles de unidades más pequeñas impiden la creación de empleo en las mismas y la absorción del desempleo, del subempleo y del crecimiento vegetativo de la fuerza de trabajo. Este es, en síntesis, el proceso profundo que genera y expande la informalidad y la "gremialidad" en Bolivia, a través de los modelos económicos sucesivos (tanto de economía estatal como neoliberal).
Cuando se resuelva el problema de las concentraciones monopólicas, las microempresas y las empresas medias y pequeñas, así como las unidades del microcomercio, es decir, de los gremiales, podrán encontrar espacios crecientes que les permitan acceder a remuneraciones e ingresos cada vez mayores. Los ingresos cada vez mayores les permitirán superar las actividades "sobrevivencia" a las que los condenan las estructuras actualmente monopólicas que acaparan los mercados de bienes y de servicios.
Si no se resuelve el problema del monopolio y del oligopolio, así como de los monopsonios en los sectores campesino y originarios, mediante un profundo proceso de reducción monopólica y de regulación estricta de los mercados de bienes y de servicios, es decir, de la oferta y de la demanda globales, el problema continuará sin cambios, en detrimento de la economía nacional, de las ciudades y de la sociedad.
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