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La re-reforma del sistema de pensiones está a la vuelta de la esquina y una riesgosa intervención estatal en el mismo es una certeza. Ante todo es un riesgo financiero al que me refiero, que en Bolivia no es fácil superar porque la economía plurinacional hoy, como la nacional ayer, no ha superado la pobreza. Es la misma pobreza que hizo se incorpore en el diseño del sistema de AFP una obligación de comprar anualmente bonos del Estado por valor de 180 millones de dólares necesarios para cubrir las obligaciones estatales contraídas con los jubilados del viejo sistema de reparto.
La pobreza, por supuesto, no es característica exclusiva del Estado. Si las AFP quisieran invertir todos los aportes de sus afiliados que forman el Fondo de Capitalización Individual (FCI) en títulos valores privados, el problema sería mayúsculo: los privados no emiten valores equivalentes a los millonarios montos que administran las AFP. Esta precaria condición de los privados hizo que, desde el inicio del sistema de capitalización individual y hasta hoy, más de dos terceras partes de los recursos recaudados por las AFP tengan el inexorable destino de convertirse en bonos estatales y así aumentar la deuda interna.
La obligación de comprar bonos e invertir mayoritariamente en deuda estatal acercaron al sistema de AFP al funcionamiento de un sistema de reparto, muy similar al que reemplazó. Este aspecto lo describí en varias oportunidades y en distintas publicaciones nacionales e internacionales desde 1997. Desde entonces advertí que era fundamental que tanto el Estado, con la activa participación de la Superintendencia de Pensiones y de las propias AFP, estudien las mejoras formas para diversificar la cartera del FCI. Por supuesto, no se hizo y ahora ya es tarde: la guillotina se levanta para cortar las cabezas de las AFP y erradicarlas como administradoras privadas.
El Estado como administrador no es, por su propia esencia, mal administrador. Sin embargo, cuando se mezclan roles puede enredarse a pesar de las buenas intenciones que suponemos conducen a reeditar su intervención en el sistema de pensiones. El proyecto de ley no sólo convierte al Estado en deudor y acreedor de los mismos fondos que administrará, también lo convertirá en el principal inversionista en títulos de entidades públicas. Si es así será el Estado invirtiendo en el Estado y se abrirán las puertas del infierno. Se ha dicho que el Estado logrará mayor rentabilidad que la alcanzada por las AFP. ¿Será que se piensa en invertir en las empresas estatales? ¿Será que se considera exigir calificación de riesgos a YPFB o a BOA?
No veo que la Superintendencia de Pensiones, rebautizada en el proyecto como Organismo de Fiscalización Previsional, llegue a ejercer efectivamente autoridad dentro de ese esquema de cosas. Menos aún cuando tendrá en la gestora estatal ejecutivos nombrados por el mismísimo presidente del Estado Plurinacional. La adopción de la información semestral del manejo de la cuenta individual por el sistema estatal propuesto no es suficiente garantía de buen manejo. En los hechos se ingresará a un manejo nominal de estas donde no es necesaria la inversión de los aportes; tan sólo se necesitará mostrar un crecimiento "teórico" dictado por las autoridades del Poder Ejecutivo que no evitará la tentación de intervenir en el sistema que crearán en breve.
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