domingo, 25 de abril de 2010

Segregación laboral

Mauricio Ríos García
riosmauricio@yahoo.com
http://riosgarcia.blogspot.com/

La referencia más emblemática que se tiene de la segregación en la historia, es la del Apartheid en Sudáfrica. Un sistema legal de discriminación racial que por casi cincuenta años privó de derechos y privilegios a un ochenta por ciento de su población.

En apariencia, la implementación del proyecto del Código Laboral que el gobierno pretende implementar, apunta a una conquista social para favorecer a los trabajadores frente a quienes los contrata. Sin embargo, la regulación de este proyecto es tan rígida y compleja, que se vuelve excluyente y termina creando una segregación laboral entre al menos un setenta por ciento de los trabajadores que se desenvuelven en el sector informal de nuestra economía, y los que se ubican en el sector formal, gozando de los derechos y privilegios establecidos por ley.

De hecho, algunos aspectos de la política laboral vigente (que ya encarecen el ingreso al sector formal), han sido cada vez más rígidos durante los últimos tres años. Por ejemplo, cada vez que se decreta el incremento del salario mínimo, no sólo se está creando un incentivo para la negociación entre empleados y empleadores al margen de la ley, sino que se reducen las posibilidades de aquellos que están dispuestos a trabajar por un monto inferior al establecido por ley; y para los que desean conservar su empleo, deberán trabajar más tiempo o considerar la posibilidad de recibir un sueldo inferior al que conseguirían con su experiencia y nivel de instrucción calificado.

Lo mismo sucedió en Sudáfrica. Cuando se estableció el salario mínimo, los sindicalistas blancos sostenían que a los empleadores les resultaba “más económico reemplazar a europeos con mayor nivel de instrucción (y usualmente muy bien pagados) por personas de color, menos eficientes pero más baratas; inclusive, un líder sindicalista dijo que "ya no quedaban trabajos en la industria de la construcción, y que en estas circunstancias apoyaba el salario mínimo como la segunda mejor forma de proteger a los artesanos blancos" (Williams, 1989).

Por lo general, se tiende a pensar que estas "conquistas sociales" carecen de costos. El empresario con sentido común, al considerar el costo total por trabajador (salario base, seguridad social, aguinaldos, vacaciones pagadas, etc.), se pregunta qué tanto aumenta la producción con el nuevo empleado, o si el costo por el mismo empleado será recuperado en el precio del producto adicional que se produjo.

Estas conquistas no son gratuitas, puesto que no habría ninguna diferencia entre dar un aumento de sueldo y una prestación de servicios cualquiera, si ambos tienen el mismo costo. Por el contrario, en un mercado de trabajo libre (sin regulaciones laborales), los sueldos se elevan hasta el punto en que los empleadores contratan al número de trabajadores que ellos necesitan, y los trabajadores dispuestos a emplearse por ese ingreso encuentran trabajo; es decir, no existe alteración (léase regulación) en el precio fijado por la oferta y demanda del mercado.

Por supuesto que los sindicatos y los gobiernos tienen conocimiento sobre este mecanismo, por eso tienen el cuidado de no decretar el incremento salarial en un cien por ciento, pues temen que al elevar demasiado los salarios se genere mayor desempleo. Lo que buscan, sin embargo, no es permitir que el trabajador decida hacer lo que crea conveniente con el costo total de su trabajo, sino tener el poder de tomar decisiones por él.

Hasta el momento, este tipo de regulaciones han sido implementadas por medio de la fuerza en todo lugar, y es comprensible. Cuando a las personas se les otorga derechos diferenciados, no sólo se les aleja las posibilidades de mejorar su calidad de vida, sino que, al igual que con la segregación racial sudafricana, estos podrían ser hechos legalmente aceptados, temiendo la represión durante tanto tiempo, que al momento en que se dé una reacción violenta para revertir la ley y así recuperar sus libertades, los problemas de nuestro país ya no tendrán que ver con las capacidades físicas o intelectuales de sus habitantes, sino con su condición como seres humanos.