martes, 4 de mayo de 2010

El Despotismo de Evo Morales

Guillermo Lousteau Heguy
aulalibrebol-owner@yahoogroups.com

En su reciente libro, "Por una izquierda democrática", el boliviano Joan Prat, se pregunta "por qué democrática"? Y responde: "Sencillamente porque las izquierdas hoy hegemónicas en Bolivia están permitiendo que el país se deslice hacia nuevas formas, quizás más sutiles, tutelares, suaves y metódicas de despotismo".

Aunque el término "autoritarismo" es más actual, despotismo (aunque no ilustrado, por supuesto), le calza perfectamente a Evo Morales: autoridad absoluta no limitada por las leyes.

Es posible que visto desde la izquierda, el despotismo de Evo Morales puede ser considerado "sutil, tutelar y suave". Pero no es esa la imagen que surge cuando se considera la situación jurídica y el estado de derecho en Bolivia.

Desde el punto de vista de la vigencia de los derechos básicos y del adecuado funcionamiento institucional (separación de poderes, independencia del poder judicial y libertad individual) los excesos del presidente Morales, incluyendo el control absoluto de los resortes estatales, y la persecución política, ponen a Bolivia en una situación mucho más dramática que sus compañeros del ALBA. Más que Venezuela, y sólo superada por la tiranía cubana.

El Gobierno ha avasallado todo el sistema jurídico y puesto en marcha una maquinaria jurídica que ha quedado en evidencia en el caso del supuesto atentado terrorista para atentar contra la vida de Morales, recientemente fabricado por Morales para perseguir a sus opositores, sean dirigentes políticos o empresarios. La maniobra es tan evidente que no necesita de mayores análisis, pero le ha permitido a Evo deshacerse de rivales políticos y sembrar el miedo entre los pocos líderes sociales que aún existen en Bolivia.

La defensa en juicio ya no existe en el país y tampoco la garantía del debido proceso, Evo Morales arrasó con el poder judicial, que ya no tiene independencia alguna, y lo utiliza como arma política contra sus adversarios. Es lo que se llama ahora "la judicialización política". Para hacerla más eficiente, recurre a la aberración de crear leyes penales retroactivas de fondo y de procedimiento.

En todas estas transgresiones institucionales, Evo Morales está asesorado por el mismo grupo que alimenta los cambios constitucionales y legales en Venezuela, Ecuador y Nicaragua: el CEPS y la Universidad de Valencia.

Bolivia pone en el tapete la relación entre democracia y Estado. Los ideólogos del ALBA consideran que sus países se encuentran en una etapa fundacional, lo que le quita importancia y peso a las instituciones tradicionales de la democracia, que serían un contrapeso a la voluntad omnímoda de los gobernantes actuales.

Esta etapa fundacional se justifica, según el vicepresidente García Linera, en la necesidad de incorporar a la clases excluidas hasta la llegada de Evo Morales y allí comenzaría la realización del Estado, en un proyecto de revolución amparado en la Asamblea Constituyente.

Para que un proyecto como éste sea legítimo, el Estado debiera fijarse como meta la integración de todos los sectores que componen la Nación boliviana, y distinguir claramente entre Estado y gobierno. Un gobierno es temporal mientras que el Estado es constante y permanente. Someter al Estado a los cambios que cada gobierno quiera es esterilizar los esfuerzos históricos en favor de la libertad que significó establecer esa distinción.

Pero si Evo Morales considera a los sectores históricamente excluidos, como el total de la nación boliviana y excluye a los otros sectores, nada ganaría el país y Morales pierde su pretendida legitimidad, la integración nacional. Considerar a una parte como el todo es, precisamente,, una de las formas políticas del totalitarismo.

Las elecciones del 4 de abril ponen al descubierto una nueva faceta del despotismo del presidente boliviano. Contrariado por los resultados, Morales ha impugnado a los comicios como fraudulentos y tanto él como sus acólitos se han lanzado contra la Corte Nacional Electoral, último vestigio de alguna legalidad democrática. Esta paradoja de que el propio gobierno alegue fraude, siendo el responsable de la transparencia del comicio, se explica por la decisión de Morales de negarles cooperación a los Gobernadores y Alcaldes electos (acusándolos de corruptos y separatistas), en violación de los preceptos constitucionales.

Si las autoridades electas no pueden asumir en condiciones de ejecutar sus funciones, porque el Presidente les niega sus derechos y concentra de facto todos los poderes, transgrediendo la propia constitución del socialismo boliviano, ya será innegable el despotismo de Evo Morales.

Despotismo, como dije antes, mucho más acendrado y profundo que el de Venezuela, que acaba de ser condenado por la Internacional Socialista, reunida en Buenos Aires, que, sin embargo, omitió condenar al gobierno boliviano.

La única razón para esta omisión es que Bolivia pasa más desapercibida que Venezuela en la preocupación de los políticos y analistas de todo el mundo. Esto es precisamente el problema.