miércoles, 15 de diciembre de 2010

ERRORES O DELITOS

Luis Fernando Ortiz Daza
lufo69@yahoo.com

Los escenarios posibles para la solución de la suspensión del Gobernador de Tarija, Mario Cossío, deberían pasar necesariamente por la confrontación de dos visiones de desarrollo del departamento, lo que implica un amplio debate entre las bancadas que tienen presencia en la Asamblea legislativa Departamental, además el debate se debería trasladar a una cumbre departamental que viabilice el reencuentro que hace tanto tiempo se hace necesario para los tarijeños.

La procedencia o no del recurso de suspensión presentado por el fiscal Gilbert Muñoz, deberá ser postergado, hasta que se logren conclusiones en un amplio debate que involucre a las fuerzas representativas del departamento. Por hoy es necesario pensar con la cabeza fría acerca de la legalidad y legitimidad de la suspensión de Mario Cossío. Dentro de la Ley marco de Autonomías, se introdujo de contrabando un artículo que hace posible la suspensión de autoridades electas, con la simple acusación formal.

La Ley de leyes que es la Constitución Política del Estado, no permite esta situación hasta que el imputado tenga sentencia ejecutoriada, esto es lo que debe pesar en la conciencia de los asambleístas, antes que los apetitos personales o los intereses de grupo. Debe entender la población que la defensa no es aquí de una persona, la defensa es de principios y de valores.

Principios de la declaración de derechos humanos que dicen que una persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario, que la persona debe tener el debido proceso y otros que están en debate y que deben ser debidamente amplificados para el conocimiento de la población.

Valores que atingen a la persona destinada a suceder en el cargo al gobernador, ya que no cuenta con la legitimidad del voto, puesto que ninguno ha sido electo para ese cargo, además que no representa a una mayoría citadina, que quiérase o no es la mayoría en el departamento, esto sin despreciar la cualidad que tienen las otras provincias que con todo derecho, al sentir que son violados sus derechos y desatendidas sus peticiones, pueden pedir el cambio de cualquier autoridad electa.

Para ello es posible que también se haga la ley de la iniciativa legislativa ciudadana y la ley de revocatoria de mandato. El gobierno nacional apura leyes a su conveniencia y convoca a elecciones a su antojo. Hay que reflexionar por qué no se espera un poco, ya que de darse la situación de renuncia del gobernador actual para defenderse desde el llano, éste no cuenta con las garantías de la conformación de un tribunal constitucional y no existen las autoridades judiciales democráticamente electas para que actúen con la independencia que debieran tener. Además, de que no existe una ley que convoque a elecciones inmediatas para que tengamos una autoridad legal y legítima.

La Asamblea Legislativa Departamental tiene la enorme tarea de poner a Tarija en la cima de la democracia y del respeto de las leyes, tiene la enorme tarea de demostrar al país en su conjunto deque otra visión es posible, de que es posible entre todos dar una salida justa, que de contento a todos los tarijeños para que no sigamos divididos como hasta ahora.

Como corolario de estos desajustes legales y contradicciones el Presidente Morales, ya tiene su Gobernador, que es don Lino Condori, persona de un buen perfil en su zona, como también cualquier otro asambleísta que ha sido elegido democráticamente, pero esto no justifica que todos tengan las mismas ambiciones por encima de los principios democráticos de libertad, justicia y fraternidad y paz, que tanta falta nos viene haciendo.

Hoy mismo el alcalde de La Paz Luis Revilla está siendo imputado formalmente por gastos de representación no declarados, a decir de sus defensores se trata de un error procedimental e involuntario, al igual que el error del Gobernador Cossío, por no haber hecho el seguimiento a un proceso administrativo. Por eso es que se debe probar la culpabilidad, para demostrar que no se trata de un error y los delincuentes de la administración pública que son muchos y deben ir a la cárcel, estamos todos de acuerdo