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Posiblemente uno de los dramas más dolorosos de nuestros tiempos es que a pesar de la modernidad todavía exista gente que no cuenta con los recursos suficientes para atender sus necesidades básicas.
Esta cruda realidad lacerante en el planeta, es todavía peor en los países –llamados- en vías de desarrollo o tercermundistas como el nuestro, donde se calcula que la población que vive con menos de un dólar al día es aproximadamente el 60%. Ayer, la Fundación Ethos presentó el índice de pobreza de ocho países de América Latina, donde Bolivia, Ecuador y Venezuela ocupan los primeros lugares entre los que fueron analizados en los últimos tres años.
El agua para los pobres cuesta entre tres a cinco veces más el agua potable en zonas con acceso directo a los servicios básicos. El acceso a los servicios de alcantarillado sanitario es poco más que un sueño, que atenta diariamente contra su salud.
Las vías no son pavimentadas, con mayor polvo y por lo tanto susceptible a más contaminación y mayores focos de infección y enfermedades. Y en época de lluvias, el acceso es casi imposible por la cantidad de aguas anegadas.
La diferencia entre los establecimientos educativos fiscales, las de convenio y las particulares, es muy notorio, fundamentalmente en los primeros grados donde la falta de una adecuada nutrición conspira con el aprovechamiento de los estudiantes.
No hay centros de salud, y los que hay no tienen médicos, y los que tienen médicos no tienen insumos o materiales.
En algunos casos no existe electricidad, peor aún servicios de internet o banda ancha, incrementando la brecha y el analfabetismo digital.
La vivienda está en áreas peri-urbanas, posiblemente con problemas de derecho propietario que le impiden gozar de los beneficios otorgados por instituciones que podrían ayudarlo a producir más capital. El saneamiento legal de estas propiedades requiere solo de voluntad política y de legislación que facilite este proceso.
Al no contar con garantías "reales" los costos financieros son muchos más altos de cualquier microempresario, siendo presa fácil de los usureros y es probable que se termine –literalmente- comiendo su capital al cabo de un tiempo.
La escaza calificación de la mano de obra, se transforma en una falta de oportunidades para crear emprendimientos exitosos o de articulación con mercados nacionales e internacionales, con niveles muy bajos de productividad y por ende poco competitivos.
Según datos del último Informe Nacional de Desarrollo Humano en Bolivia, el ingreso laboral promedio en el sector informal es la mitad de la remuneración promedio en el sector formal, el ingreso laboral de los jóvenes que superan la primaria es el doble de ingresos de aquellos que no superan este nivel y la condición de ser mujer, vivir en el área rural, ser indígena y pertenecer al 20% más pobre reduce cuatro veces la escolaridad promedio.
Ser pobre es muy caro en lo individual, en lo familiar, en lo colectivo y finalmente como Estado. Se tiene que desarrollar políticas destinadas a romper el círculo vicioso que quien menos tiene, menos oportunidades tiene de aspirar a un futuro mejor.
De otra manera el costo social, económico y político se convertirá siempre en un obstáculo constante para tener una sociedad incluyente, justa, equitativa, productiva y competitiva, donde la prosperidad no este asociada a condiciones de raza, edad, sexo, religión o filiación política.
Las políticas asistenciales son importantes por un tiempo, pero no son suficientes para romper con este círculo vicioso, por lo que se requieren políticas más agresivas que hagan que estos recursos no sean gastos y se conviertan en inversión en nuestros recursos humanos.
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