Marcela Martínez Sempertegui
smmsmar@gmail.com
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"La eliminación de la República, no fue otra cosa que la eliminación del imperio de la Ley"
Fue a partir del golpe de Estado del 2003, que por acción u omisión, permitimos que la violencia y el desorden se impongan al Estado de derecho y que la institucionalidad democrática forjada con la vida y sangre de muchos compatriotas fuera socavada e intervenida bajo la máscara del socialismo del siglo XXI, que en los países donde se encuentra, destruye el orden establecido e incrusta a sus asesores obteniendo gobiernos serviles a intereses externos.
Los hechos y registros de prensa de estos dos años que entro en vigencia la constitución masista, desde la forma como se desarrollo la Asamblea Constituyente, hasta la forma como se aprobó la constitución vigente, demuestran el hilo conductor que guio la primera discusión de conceptos de las pocas que hubo, cuando se dilucidaba si la asamblea era originaria o no intentando deslegitimar y destruir todo lo anterior, es decir casi dos siglos de historia.
A ocho años de la caída de la institucionalidad democrática, seis años de gobierno de Evo Morales que se caracterizo por el uso funcional de las formalidades democráticas y dos años de la eliminación constitucional de la República de Bolivia, la evaluación para mí no es alentadora. Se tuvo la oportunidad de desarrollar un proceso constituyente que actualice y modernice la Constitución Política del Estado para que sea el reflejo real de la bolivianidad y sea un nuevo pacto social de convivencia pacífica, que garantice el desarrollo digno de todos los bolivianos que desde una perspectiva indigenista se llamo el vivir bien y no se la aprovecho en esencia.
Se aprobó por la fuerza con enfrentamientos y muertos de por medio una nueva Constitución que desde lo académico es contradictoria en si misma, pero que está vigente al fin y a la fecha es un saludo a la bandera, que el gobierno no respeta, ni cumple pero si la usa para destruir el orden jurídico establecido y adecuarlo a las necesidades especificas de un caudillo que con todo cinismo declaro que él hace y sus abogados arreglan las leyes para adecuarlas a sus hechos.
No es otra cosa por ejemplo la Ley Marco de Autonomías, que en lugar de garantizar y normar los diferentes niveles autonómicos reconocidos en la Constitución, se convirtió en un instrumento de represión, persecución y destitución de las autoridades electas de oposición sin la mínima observancia, ni coherencia con las garantías y derechos constitucionales, como la presunción de inocencia, el debido proceso, la igualdad ante la Ley, etc, etc.
La obligación de gobernantes y gobernados a cumplir la ley fue evadida con el discurso de estar construyendo un nuevo andamiaje jurídico y quedo también vulnerada la igualdad ante la ley, que fue sustituida por su aplicación selectiva en casos específicos de corte político.
Lo mismo sucede con todo el cuerpo normativo aprobado recientemente, que en lugar de seguir la corriente progresista del derecho garantista, sale de todo marco de legalidad otorgado por el fin y valor supraconstitucional de justicia y es degradado a simple respaldo de las decisiones Presidenciales que se tornan autoritarias ya que van en contra de la periodicidad en los cargos, como el caso del pedido de reelección de mandato que ya se deja entrever; que van en contra de la publicidad de los actos de gobierno y el conducto regular del ingreso de préstamos, como el caso de los petrodólares venezolanos que el Presidente reparte a discreción; que van en contra de la responsabilidad de funcionarios públicos, como los casos en los que el Presidente y todos sus ministros de turno estuvieron involucrados con muertes y violaciones a los derechos humanos y, quedan excluidos de toda responsabilidad; que van en contra de la separación y control entre los órganos de poder, como la reciente elección impuesta de candidatos masistas para administrar justicia, pese a que ganaron los votos nulos y blancos que expresaron el rechazo de la población a esta práctica; que van contra la soberanía de la ley, como el caso de la construcción de la carretera que pase por un Parque Nacional Protegido por las normas medioambientales y la violación a la consulta previa establecida en la Constitución en el caso de las comunidades indígenas que habitan en esta zona; que van en contra del ejercicio de la ciudadanía, ya que no se respeta el derecho a elegir y ser elegido, cuando el oficialismo es derrotado en las urnas y se atenta sistemáticamente contra los derechos fundamentales como la libertad de expresión ; que van en contra de la práctica del respeto y tolerancia con las ideas opuestas y se pretende descalificar y eliminar a través de la persecución y politización de la justicia a quienes pensamos diferente; que van en contra de la igualdad ante la ley cuando el Presidente sentencia antes de proceso legal previo y su sentencia tiene que ser acatada por las autoridades judiciales; que van en contra de la idoneidad como condición de acceso a los cargos públicos presente en la satanización de los profesionales y la ineficiencia en la gestión pública.
Es decir, más allá de las afirmaciones vagas de que el modelo republicano es parte de la colonización, en el fondo la eliminación de la República, no fue otra cosa que la eliminación del imperio de la Ley.
Al subordinar la constitución a los juicios del Presidente del Estado plurinacional se elimino la jurisdicción de la libertad, la jurisdicción constitucional y con esto la posibilidad real de buscar justicia, como fin primordial del Estado.
Se anuncian 70 nuevas leyes producto de la cumbre masista, cabe ahora recordar a la nueva conducción del legislativo que en palabras de Ferrajoli, "para que una norma sea válida además de vigente no basta que haya emanado con las formalidades dispuestas para su producción, sino que es también necesario que sus contenidos sustanciales respeten los principios y los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y las normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos…"
Tengamos también presente a momento de superar el autoritarismo que todo acto contrario a la Constitución es nulo así como es nulo todo acto no establecido en el mandato del funcionario público que ocupe el cargo para el que fue elegido o nombrado. Queda claro que es una tarea pendiente de quienes coyunturalmente somos oposición restablecer el Estado de Derecho y avanzar hacia la Justicia Constitucional como parte del proyecto político alternativo al actual.
NO MAS CAUDILLISMO
NO MAS AUTORITARISMO
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