LA AUTONOMIA DEL CANGREJO

Juan Carlos Urenda
jcurendad@yahoo.es

Conservo un hermoso vaso de plástico que me regalaron en las gloriosas gestas vautonómicas que derivaron en el referéndum que aprobó el Estatuto de Autonomía de Santa Cruz, que tiene grabada una leyenda que dice así: "Autonomía Si. Nada ni nadie podrá detenernos". Lo leo todos los días, para tormento mío, porque es donde pongo mi cepillo dental. Lo cierto es que nos detuvo el MAS, con su Constitución, sus leyes y sus acciones, para desgracia de las aspiraciones principalmente de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija que aprobaron sus estatutos en las urnas en un rango de 78 a 85% de votos favorables a una autonomía vasta, de verdad, sin que ningún tribunal ni poder del Estado haya declarado nulos los referéndums correspondientes.

La historia de esta impostura es la siguiente.

La Constitución vigente vino a coartar la posibilidad de desarrollar una autonomía de verdad, ya que asigna 83 competencias al nivel central, más que ninguna otra en el mundo, y no establece tareas de importancia a los gobiernos departamentales. Por ejemplo, éstos no tienen competencias en materia de hidrocarburos, minería, policía, agricultura, ganadería y las de educación y salud son absolutamente marginales. En suma, no hay posibilidad material de hacer autonomía de verdad con la Constitución actual, por lo que urge generar una corriente de opinión tendiente a reformarla parcialmente (a cuyo efecto hemos publicado un proyecto de reforma parcial de la misma). Por eso es que, adecuar los estatutos aprobados en los mencionados departamentos a la Constitución centralista actual, como pretende el gobierno central, es un despropósito que hemos denominado "la ecuación imposible" que consiste en recortar aproximadamente el 70% de las competencias de los cuatro estatutos aprobados por un promedio del 81% de votos f vorables, para obedecer a una Constitución rechazada en un promedio del 62% en dichos departamentos en el referéndum sobre la Constitución.

Luego vinieron las leyes centralizadoras. La primera, engañosamente denominada "Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibañez" ya que en realidad lo que hace es desarrollar veinte competencias centralizadas por la Constitución, y normar el encarcelamiento de las autoridades democráticamente elegidas con un simple requerimiento de fiscales que nadie ha elegido. Ibañez, que conformó en Santa Cruz una Junta Federal de Gobierno tan radicalmente autónoma que inclusive emitió papel moneda, y que dio sobradas muestras de respetar la voluntad de las mayorías, debe tener su alma enfurecida en el más allá a causa del flaco favor que hipócritamente le han hecho.

La segunda fue la "Ley de la Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez" que, aparte de promover un colonialismo interno etnicista, de un plumazo eliminó los servicios departamentales de educación, más conocidos como SEDUCAS, y los transfirió a las Direcciones Departamentales que son oficinas del Ministerio de Educación. Los SEDUCAS, que hace algunos años inclusive otorgaban títulos de bachiller, han sido borrados del mapa y los títulos que emitieron no valen nada.

Además se centraliza el diseño del currículo, escalafón docente y la política salarial. En suma, dicha ley propugna una educación antineoliberal, centralista, etnicista, autoritaria y niega la realidad autonómica de la Bolivia contemporánea.

Luego vino la "Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos" que, en vez de desarrollar la facultad que le da la Constitución a los gobiernos departamentales y municipales de crear impuestos, le puso un candado a ese derecho restringiendo a los departamentales a crear impuestos sólo para los "vehículos a motor para navegación" y a los municipales para la "chicha de maíz", y a ambos les concedió la gracia adicional de poder crear un impuesto ininteligible relativo al "medio ambiente". Como para reír ya.

Posteriormente se dicta la "Ley de Modificaciones al presupuesto general del Estado" que obliga a los gobiernos departamentales y municipales a solicitar la aprobación del Ministerio de Economía para modificar sus propios presupuestos ¿alguien podría creer que eso es autonomía municipal o departamental?.

Pero ya el colmo de la impostura es la existencia del "Ministerio de Autonomías" que hasta la fecha no ha autonomizado nada y desconoce olímpicamente todo el proceso autonómico llevado a cabo en los cuatro departamentos autónomos y sus referéndums respectivos. El dato objetivo es que no ha transferido en los hechos ni una sola competencia y ni un solo peso boliviano en favor de los gobiernos autónomos.

Finalmente, el Presupuesto General del Estado del año 2012 establece la siguiente distribución de los recursos públicos: Gobierno Central 84.5%, municipios 8.1%, gobiernos departamentales 5.0% y universidades 2.2%. Los comentarios sobran.

Los últimos hechos sucedidos en Santa Cruz muestran la pérdida total de la brújula autonomista: los maestros exigen por la fuerza que un edificio perteneciente a la gobernación pase al Ministerio de Educación, en vez de solicitar al Gobierno Central instale una oficina que atienda sus necesidades.

Y por otra parte, la gobernación cruceña ha acordado con el Ministerio de Salud pagar ítems que corresponden por ley al Gobierno Central, sin solicitar a cambio transferencia de recursos o competencia alguna, es decir, que no solo que estamos aceptando, consintiendo el centralismo, sino que lo estamos ayudando. Esta es pues la autonomía del cangrejo, que camina más para atrás que para adelante o la autonomía "del pliqui" como la definió mi amigo Carlos Dabdoub.

Lo que no está claro es quienes han jugado peor papel en esta historia. Los impostores o el silencio de los inocentes. En todo caso, no me cabe la menor duda que ese silencio es circunstancial porque la autonomía está en el alma de los que votamos por ella.