jueves, 10 de mayo de 2012

Problemas de la nacionalización

Oscar Ortiz Antelo
oscarortizantelo@gmail.com

La nacionalización de la Transportadora de Electricidad por parte del Gobierno del Movimiento Al Socialismo, el 1 de mayo de 2012, volvió a llamar la atención de los medios de comunicación sobre la estatización de importantes empresas por parte de la administración del presidente Evo Morales. Sin embargo, generó más atención internacional que impacto en la población boliviana. Seis años después de la primera nacionalización, la mala administración de estas empresas, la falta de transparencia y la falta de resultados en la creación de empleos explican la indiferencia con la que la ciudadanía recibió este anuncio.

Efectivamente, el 1 de mayo de 2006, cuando se anunció la nacionalización de los hidrocarburos, la inmensa mayoría del pueblo boliviano acogió con esperanza esta medida y la popularidad del presidente Morales subió al 80%. Sin embargo, durante los seis años siguientes, graves casos de corrupción en los niveles más altos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el estancamiento y declive de la producción, el fracaso de los proyectos de industrialización y la politización de sus principales cargos con personas con méritos partidarios pero sin conocimientos técnicos, han provocado frustración y contribuido a la pérdida de popularidad del presidente, la cual ha bajado en los últimos dos años del 70% al 35%.

Esta realidad ha hecho imprescindibles a las transnacionales que fueron nacionalizadas, las cuales continúan operando como prestadoras de servicios, puesto que son las que garantizan un sostenimiento de los niveles de producción que permite cumplir parcialmente los contratos de exportación y generar los principales ingresos para sostener al sector público. Esto explica por qué, el mismo día en que se realizó la última nacionalización, en otro acto se daba garantías públicas de seguridad jurídica a Repsol.

La situación de las otras nacionalizadas no es mejor. La mayoría da pérdidas. Los decretos supremos que las definen como estratégicas y las autorizan por ello a realizar compras directas sin licitaciones, generan condiciones inevitables para la corrupción. Continúan funcionando como sociedades anónimas, lo que las libera de la supervisión de la Contraloría.

¿Qué hacer? El pueblo boliviano ha reiterado una y otra vez su preferencia por que los hidrocarburos y los minerales sean de propiedad del Estado. Para ello deberíamos aprender de experiencias exitosas como la de Petrobras, en la cual una empresa pública emite acciones que son adquiridas por inversionistas privados y se somete a las más estrictas normas internacionales de transparencia y eficiencia del sector privado. Esta política debería concentrarse en estos sectores y no generalizarse a otros en los cuales el Estado no es necesario, como la producción de cajas de cartón. Para que el país se modernice y desarrolle es más productivo crear condiciones para que la inversión privada nacional y extranjera, las pequeñas y medianas empresas puedan generar la producción, los empleos y los ingresos que permitan a los ciudadanos progresar y salir de la pobreza.