ESTATISMO Y CORRUPCION

Oscar Ortiz Antelo
oscarortizantelo@gmail.com

Los escándalos que se desvelan sobre la administración de las empresas públicas demuestran, una vez más, que el estatismo conduce a la corrupción, por la falta de sentido de propiedad y de responsabilidad que existe entre quienes administran esas empresas y los resultados de su gestión.

En Bolivia, además, frente a la ausencia total de institucionalidad en la administración de las empresas estatales, no solo se genera un problema de ineficiencia en la gestión de recursos públicos, sino que la politización en la designación de sus administradores, designados con carácter interino casi en su totalidad, genera el incentivo perverso de enriquecerse lo más rápido posible. Ellos deben sus cargos a un favor partidario y no a un mérito profesional, por lo que durarán en los mismos el tiempo que sus mandantes arbitrariamente dispongan.

El último ejemplo de esta afirmación surge por el descubrimiento, por casualidad, de lo que parece ser un nuevo hecho de corrupción a gran escala en YPFB. Este fue descubierto gracias al accidente de tránsito sufrido por uno de los gerentes nacionales de la corporación petrolera, que, al destruir, en estado de ebriedad, un vehículo oficial, abandonó documentos que ofrecen serios indicios sobre prácticas corruptas en la adjudicación de contratos, varios de ellos referidos a la Planta de Separación de Líquidos de Río Grande.

No es la primera vez que este proyecto causa este tipo de escándalo público. Hace algunos años, a raíz del asesinato de un empresario que se dirigía a pagar el 10% de comisión a los ejecutivos de la misma empresa estatal, se inició un proceso que causó la destitución y el encarcelamiento del entonces segundo hombre del Movimiento al Socialismo y presidente de YPFB. Paradójicamente, durante todos estos años, parece haber habido un pacto para depositar la culpa en unas pocas personas por este grave hecho de corrupción y no investigar quién mandó matar al malogrado ejecutivo, en una aparente pelea interna por espacios de poder en el partido de Gobierno.

Los ejemplos no faltan. En los últimos días, los medios de comunicación informan sobre el pago anticipado e irregular que hubiera hecho la Empresa Naviera de Bolivia (Enabol) a un proveedor chino por la entrega de 16 barcazas por las que ya pagó más de 25 millones de dólares. Han pasado más de dos años sin que se haya recibido el cargamento, a pesar de haber ampliado el plazo de entrega en más de cinco oportunidades. Nadie explica por qué se cubrió el costo por anticipado.

Podríamos seguir, pero se acaba el espacio. Lo importante es debatir cómo evitar que esta sangría de recursos públicos continúe. Una primera acción sería dejar de crear empresas públicas por doquier. En segundo lugar, se podría despolitizarlas e institucionalizarlas, para evitar el saqueo de las arcas públicas por la carencia de mínimos controles. Y tercero, se tendría que buscar modelos de gestión público-privado, como el de Petrobras, que se administra bajo estándares internacionales de transparencia y eficiencia.