lunes, 30 de julio de 2012

TIPNIS: ¿Cuál consulta previa?

Paúl Antonio Coca Suárez Arana.
paulcoca73@yahoo.com

La Novena Marcha Indígena del Oriente Boliviano fue muy débil, en comparación con su predecesora, pero el apoyo ciudadano es el mejor soporte que posee para la no construcción de la carretera por el TIPNIS, aunque solamente quienes viven en dicho Territorio Indígena y Parque Nacional son los que decidirán en una consulta que, en los hechos, nunca fue previa sino posterior.

La consulta previa significa que debió ser anterior o anticipada antes de empezar obra alguna para la carretera Villa Tunari (Chapare cochabambino) y San Ignacio de Moxos (Beni), señalando que el Tramo I y el III están terminados, faltando el Tramo II, que debe ir por el corazón del TIPNIS.

La Ley 3477, del 22 de septiembre de 2006, declara como prioridad nacional la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, razón por la cual se convoca a licitación pública para el estudio de factibilidad de dicha carretera, aunque antes de la aprobación de dicha ley (por el Órgano Legislativo) y de la consecuente promulgación (efectuada por el presidente Evo Morales) no se efectuó consulta alguna a los indígenas del TIPNIS.

De igual manera, mediante la Resolución RPC 0154/2008, del 1 de agosto de ese mismo año, la empresa brasileña OAS es la que se adjudica la construcción de la carretera, proceso en el que tampoco existió acuerdo con los indígenas. Es más, el de 13 de febrero de 2009, bajo el Título Ejecutorial TCO-NAL-000229, el presidente Evo Morales, mediante Resolución Suprema, reconoce a la Subcentral del TIPNIS como única propietaria colectiva del TIPNIS (no al Conisur), pero no se efectúa ninguna consulta previa sobre la carretera a la Subcentral TIPNIS.

El 22 agosto de 2009 se suscribe el contrato de financiamiento del Tramo II de la carretera entre el Ministerio de Planificación de Bolivia y el Banco de Desarrollo del Brasil (BNDES), donde están presentes también la brasileña OAS y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), pero no hay consulta previa que avale la construcción de dicho tramo. La carretera tiene, según contrato, un costo de $us 415 millones, de los cuales el 80% es financiado por el BNDES y el restante 20%, por el Estado boliviano. Dicho contrato se suscribió en Villa Tunari, ante la presencia de los cocaleros y sin ninguna anuencia de los indígenas del TIPNIS.

El 7 de abril de 2010, el presidente Morales promulga la Ley 005 que aprueba el referido crédito para dicha carretera. A la sola firma ingresan los primeros 50 camiones de la OAS para empezar las obras.
Entonces, la consulta posterior sigue su marcha, más aún con el Tribunal Constitucional Plurinacional que la avaló, generándose así un debate que no terminará con la consulta. Sea cual fuese el resultado de la consulta, ésta perdió el carácter de previo, violándose la Constitución y una serie de tratados internacionales.