martes, 20 de agosto de 2013

SILENCIAR A LOS MEDIOS

Oscar Ortiz Antelo
oscar.ortiz.articulos@gmail.com

El Gobierno de Bolivia ha acusado al periódico Página Siete de defender intereses chilenos, argumentando que el presidente del directorio tiene como cuñada a una diputada chilena y que el director del periódico tiene una familiar como funcionaria del consulado de Chile en La Paz. Estas declaraciones, impropias de una autoridad que debe velar por el respeto a los derechos de las personas, son un pretexto para descalificar y amedrentar a un medio de comunicación que, por asumir una posición independiente, es tildado como opositor al Gobierno del Movimiento Al Socialismo.

De esta forma, se busca linchar moralmente a quien se percibe como disidente del pensamiento hegemónico que se pretende imponer en Bolivia y se atenta contra la libertad de prensa, una de las libertades fundamentales de toda sociedad democrática. Denigrar a las personas por las relaciones de parentesco que tuviesen o por las ocupaciones laborales que desempeñasen sus familiares es un abuso que viola las garantías y derechos de los que debe gozar todo ciudadano en un Estado democrático.

Se pretende controlar la información que reciben los ciudadanos, silenciando los problemas del Gobierno y resaltando sus pretendidas virtudes. Este proceso avanza sostenidamente en Bolivia; limita la libertad de expresión, provoca autocensura en muchos medios y afecta sustancialmente las condiciones que permitirían un debate abierto, libre y plural sobre los principales asuntos públicos de la sociedad boliviana.

La multiplicación de medios estatales, como las radios comunitarias financiadas por Chávez; un presupuesto de publicidad estatal que suma la propaganda de empresas públicas, ministerios, servicios nacionales y una infinidad de entidades públicas, convirtiendo al Gobierno en un cliente imprescindible para la sobrevivencia económica de los medios; una nueva ley de telecomunicaciones, que establece la próxima caducidad de las frecuencias electromagnéticas, y las presiones que se habrían ejercido sobre propietarios de medios para que vendan sus empresas a inversionistas desconocidos, que asumen líneas informativas y editoriales afines al oficialismo, definen una estrategia que ha reducido significativamente las opciones del ciudadano para acceder a información libre.

La opinión pública debe discernir qué medios independientes quedan para informarse a través de ellos, apoyarlos y defenderlos.