jueves, 28 de mayo de 2015

[Aula Libre] Un seguro universal de salud que nunca llega



En abril de 2011, tras una confrontación entre la COB y el gobierno, a causa del rechazo de los trabajadores a la pretensión de este último de echar mano a los recursos de la Caja Nacional de Salud, el Vicepresidente del Estado afirmaba: "Queremos un Seguro Universal no va a ser con la plata de la Caja (Nacional de Salud), será el Estado que pondrá su plata, por lo que no pueden oponerse a este seguro".

Desde entonces ha transcurrido más de cuatro años y el Seguro Universal de Salud aún no tiene visos de una pronta materialización. Peor aún, el propio plan de gobierno (2015 - 2020) ya no lo contempla en absoluto.

La seguridad social está reconocida en la Constitución Política del Estado (Art. 45) con "atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales…". Y el mismo texto constitucional proclama previamente que "El Estado garantizará el acceso al seguro universal de salud" (Art. 36).

Por su parte, cuando la Agenda Patriótica, hecha ley, en su punto tres nos habla de lograr hasta el 2025 "salud accesibles, estatales, gratuitos" implica alcanzar con la cobertura de la seguridad social a la totalidad de la población. Pero, lo único que se puede constatar a la fecha es que el tiempo pasa y no se sabe cuándo brotarán ideas, planes y programas del gobierno al respecto.

En un esfuerzo a favor de ampliar el seguro de salud, es necesario romper ciertos esquemas de razonamiento de la seguridad social de corto plazo, que por herencia de sus orígenes se centró esencialmente en administrar un conjunto de servicios de salud y subsidios tan solo a favor de los sectores asalariados.

Si bien ese tipo de gestión de la seguridad social centrada en los asalariados se explica porque su financiamiento fue concebido sobre la base de aportes anclados a la
actividad del mundo asalariado (aportes laboral, patronal y estatal; en Bolivia solo queda vigente el aporte patronal, desde 1987); es necesario y, además, posible tener otras alternativas; más aún cuando el enfoque tradicional de financiamiento solo otorga cobertura a dos de cada diez personas y otras ocho resultan excluidas por no ser asalariadas.

En pos de tales nuevas alternativas el Estado ya experimentó algunos esfuerzos dignos de ser tomados en cuenta. La preocupación de los años 90 por brindar servicios de salud al binomio madre-niño se plasmó, en cuanto a alternativa concreta, en el Seguro Materno Infantil (SUMI) aprobado en 2002. A su turno, a fines de 2006 se hacía efectivo el Seguro de Salud para el Adulto Mayor (SSPAM) promulgado a fines del 2005, por el gobierno de Rodríguez Veltzé.

Hoy ambos seguros han sido subsumidos dentro el llamado Sistema Integral de Salud y su nueva gestión administrativa amerita ser evaluada en forma separada a la temática que nos ocupa. Lo importante es que saliendo del esquema de financiación únicamente del mundo asalariado, quedó probado que es posible que el Estado encuentre alternativas financieras del seguro social para los no asalariados.

Tal posibilidad demostrada, además, no solo tiene respaldo en el texto constitucional de que "El Estado garantizará el acceso al seguro universal de salud", sino también, con contundencia, en que "El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera" Art. 37 de la C.P.E. Entonces, lo que falta es visión y voluntad política.


El autor es abogado y ex dirigente obrero.


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Enviado por: Juan Gonzalo Rodriguez Amurrio <rodriguez.amurrio.go@gmail.com>


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