INDEPENDENCIA JUDICIAL
Armando Méndez Morales*
Carlos Alarcón, destacado abogado constitucionalista ha hecho la propuesta adecuada para hacer realidad lo que dispone nuestra Constitución, con respecto a la forma de elegir a las autoridades del Organo Judicial, de manera democrática y eficiente.
Lo que primero debe hacer el Legislativo es legislar y reglamentar la preselección de los candidatos concursantes. Una vez aprobada esta norma por el Legislativo, Carlos Alarcón, propone que se establezcan once Tribunales de Méritos y que estén conformados tanto por los diferentes niveles gubernamentales como por instituciones de la sociedad civil. El gobierno tendría a su cargo cinco tribunales: uno conformado por el Presidente del Estado, otro por los gobernadores, dos por alcaldías y el quinto por el Defensor del Pueblo. La sociedad civil tendría seis: uno conformado por decanos de la Facultades de Derecho, otro por los colegios de abogados, otro por los empresarios, otro por la COB, otro por representantes de Derechos Humanos y el sexto por la Asociación de Periodistas.
Estos tribunales lo que harían es llevar a la práctica lo dispuesto por el Legislativo determinando quienes deberían ser los candidatos idóneos, para que este mismo órgano los designe como tales a ser sometidos a la votación popular. ¡Ojala! esta propuesta se socialice y alcance consenso para hacerla realidad. De esta manera se podría resolver el principal problema que atraviesa el Organo Judicial, su carencia de independencia.
El largo pasado de la humanidad se ha caracterizado porque las sociedades fueron gobernadas por los reyes, -llamados Incas, en el imperio quechua- quienes como corrientemente se dice eran "dueños de vidas y haciendas". Tuvo que pasar mucho tiempo para que adviniera el Estado democrático, mediante el cual se eliminaba el poder del rey y se establecía que el poder radica en la sociedad, mediante la elección libre y voluntaria de sus gobernantes. En este entendido, hago mío el pensamiento de Jorge Lazarte, quién sostiene que cuando el pueblo elige a sus gobernantes no es que les entrega el poder como normalmente se dice, sino que les encarga gobernar a la sociedad bajo determinadas reglas.
Como en el pasado el poder se concentraba en el rey, el planteamiento democrático de desconcentrar el poder en tres, llamados poder legislativo, poder ejecutivo y poder Judicial, tiene por objetivo destacar que la soberanía, la autoridad suprema, radica en el pueblo y no en el monarca.
El primer órgano de estos tres es el legislativo porque ahí concurren los representantes que son elegidos por el pueblo, el mismo que debe expresar la pluralidad que es la característica de toda sociedad moderna. Es decir, deben estar representadas mayorías y minorías. ¿Por qué el legislativo debe ser la primera y principal institución gubernamental? Por la sencilla razón, de que en esta institución se promulgan las leyes de obligatorio cumplimiento por todos, que deben basarse en el principio pluralista de que ninguna ley debe ir en contra de los derechos de las minorías, aunque las mismas sean promulgadas sólo por una mayoría. Un legislativo eficiente no se mide por la cantidad de leyes que promulgue, por el contrario, cuanto menos lo haga quiere decir que está garantizando la libertad económica de sus ciudadanos.
¿Y quién es el llamado a que se cumplan las leyes? Es el denominado órgano ejecutivo, es el llamado a poner en práctica lo que señalan las leyes, para lo cual cuenta con toda una estructura institucional. En una sociedad rigurosamente democrática el órgano legislativo no se subordina al ejecutivo. Por el contrario, si bien son órganos independientes, el ejecutivo lleva a la práctica lo que decide el legislativo cuando promulga leyes. Y si las leyes no son cumplidas, aparece el órgano judicial que tiene el mandato de hacerlas cumplir.
Es importante destacar que tanto los miembros del legislativo como el presidente de un país, son elegidos por el voto libre y secreto en toda sociedad que se precia de democrática. Pero si en la realidad el legislativo se subordina al ejecutivo, debe calificarse a esta democracia como autoritaria.
Puede considerarse un gran avance democrático que las principales autoridades del órgano judicial sean elegidas por el voto de la gente, como en los otros casos, y no por el legislativo. Más aún si se observa que la tradición indica que el legislativo se subordina al ejecutivo.
¿Donde estuvo la falla en las elecciones de autoridades judiciales que se realizaron en el país? De hecho parecía un gran salto democrático, porque al igual que los otros órganos, sus miembros principales fueron elegidos por el pueblo, pero el voto nulo y blanco superó a los votos válidos, por alguna razón. Una de ellas, es que los candidatos fueron elegidos sólo por una mayoría en el Legislativo, con un claro sesgo político.
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La Paz, junio de 2016
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