"El Tribunal Constitucional declara constitucional el preaviso". "El Tribunal Constitucional declara insconstitucional el preaviso".
Lo obrado por el TCP es un ejemplo perfecto de lo que en epistemología se conoce como "antinomia"; es decir, una contradicción irresoluble. Con ella, el Órgano constitucional nos ha proporcionado un elemento muy pertinente a ser llevado a las aulas para su consideración. Pero no es –strictu senso- de derecho ni de filosofía que quiero versar, aunque mis criterios estén salpicados de consideraciones provenientes de ambos campos.
La situación planteada a partir de la reciente Sentencia Constitucional que afecta al artículo 12 de la Ley General del Trabajo, es una más en la tragicomedia en la que está sumido el país desde hace diez años. Tragedia, en tanto se confirma la insoportable incompetencia de los operadores de justicia –recordemos que fueron "elegidos" a partir de un cuoteo disfrazado de selección que luego intentó ser legitimado mediante voto popular en el que la mayoría ciudadana optó por anularlo; no obstante dicho rechazo, el régimen persistió en acomodarlos sin sonrojarse por los ínfimos porcentajes que dichos "masistrados" obtuvieron. Comenté, en su oportunidad, que varios de ellos sumaron menos votos que los que consigue un colegial que se postula al consejo estudiantil-. Comedia, ya que la figura no deja de ser risible; ojalá fuera una subjetividad mía, pero a mi paso he ido escuchando cómo algunos conciudadanos se mofan del exabrupto.
En mi criterio, y no debo estar muy lejos de la realidad, ocurrió que, al sentirse presionado por la COB con no iniciar acercamientos con el régimen en tanto no se anule la resolución previa que mantenía la vigencia del preaviso, éste hizo lo de costumbre: un fonazo a sus muchachos del TCP para obrar en dicho sentido. Obediente, como corresponde en un Estado desintitucionalizado, el Tribunal borró con el codo lo que acababa de escribir con la mano; pero, en el apuro por complacer a sus jefes se le fue la mano originando un intríngulis de Padre y Señor mío.
Con la anulación del preaviso, se llevaron también lo concerniente a la temporalidad del contrato y según se ha sabido –no soy abogado laboralista, por ello recurro a fuentes secundarias- hicieron lo propio con la figura del desahucio.
Quien sí es laboralista, es el exministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, que ha echado el grito al cielo ante el desliz del TCP, lo mismo que el Ministro de Justicia, Héctor Arce.
Total, que un aire de inseguridad jurídica se cierne, amenazador, sobre las relaciones obrero-empresariales. Curiosamente, los representantes laborales, causantes, con sus presiones, del atolondramiento de los "masistrados", podrían estar dejando en la estacada a sus bases. Por su parte, los empresarios, algo confundidos, se encuentran emparedados entre dos partes en conflicto. El Gobierno, como ya se ha dicho, se muestra como víctima de su propio proceder al haber sido también, a su manera, corresponsable del zafarrancho.
Seguramente, haciendo uso de su mayoría parlamentaria, el régimen planteará alguna salida a este desaguisado –verbigratia, una "ley interpretativa" o, más radicalmente, una nueva LGT-. Pero, entretanto, el entuerto seguirá trayendo cola y ahondando este proceso de envilecimiento de la justicia, una justicia que, de tan sometida a los designios del poder, puede llegar a cometer excesos contraproducentes para el propio poder, como en el caso que abordamos.
En cualquier caso, dado que fue el propio régimen el que se fabricó este lío, la oposición debe estar regocijándose al contemplar cómo los "hermanos" se despedazan entre ellos.
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