Eduardo Campos Velasco
eduardocamposdc@yahoo.es
(La aprobación de estatutos autonómicos departamentales - según la NCPE - es una atribución de los asambleístas que serán elegidos por voto, en abril de 2010)
En pasados días, el prefecto de Oruro ha posesionado a los miembros de la directiva de un consejo autonómico departamental, mismo que --como creo que todos se dan cuenta-- responde mas bien, a las "instrucciones" del gobierno central, que esta empeñado en implementar autonomías a su medida, antes que hacer de está (la autonomía) un instrumento para impulsar el desarrollo de los departamentos.
Hace un par de semanas, el gobierno central ha conformado (también) el consejo autonómico nacional, sin la presencia de representantes de las regiones que históricamente han luchado por esa causa. Todo indica, que lo que se pretende es utilizar la autonomía para desarticular los niveles de cohesión departamental, introduciendo apresuradamente los niveles de autonomía regional y étnica.
Lo de Oruro, a todas luces responde a esa iniciativa de "tergiversar" la autónoma para consolidar la visión centralista del gobierno. Así, la posibilidad de aprovechar la autonomía para visualizar un horizonte de futuro desde la perspectiva departamental, peligrosamente se utiliza para provocar enfrentamientos dentro el departamento, en el afán de constituir autonomías regionales y étnicas.
Sin embargo, esas actitudes tienen sus propios límites. La iniciativa de aprobar estatutos autonómicos departamentales, en una reunión conformada por instituciones afines al gobierno (como es el caso del Comité Cívico de Oruro, que ha estas alturas lo conforman dos personas, que ya no representan a nadie) es una irresponsabilidad, pero sobre todo, carece de base legal. La nueva Constitución Política del Estado (NCPE), claramente indica que la aprobación de estatutos autonómicos departamentales, es una atribución de los asambleístas o consejeros que serán elegidos en abril de 2010.
Al respeto, el numeral 1), parágrafo I del artículo 300 de la NCPE, señala que son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, el elaborar sus estatutos de acuerdo a los procedimientos establecidos en la constitución y la ley.
El artículo 271 señala que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el procedimiento para la elaboración de estatutos autonómicos y cartas orgánicas, la transferencia y delegación de competencias, el régimen económico financiero y la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas. El mismo articulo en su parágrafo II, señala que la ley marco de autonomías y descentralización, será aprobada por dos tercios de los votos de los miembros presentes de la asamblea legislativa plurinacional.
La segunda disposición transitoria de la NCPE señala que será la asamblea legislativa plurinacional, la que en un plazo máximo de 180 días a partir de su instalación, sancionará 5 disposiciones, entre ellas la ley marco de autonomías y descentralización.
Oruro, que en el referendo del 2 de julio de 2006 se pronuncio apoyando el régimen centralista, primero debe recurrirse a una consulta ciudadana, para superar su condición de departamento no autonómico; motivo por el cual, no es posible hablar de estatutos autonómicos, sin haber superado esa situación. Es paradójico, pero aquellos que en los últimos años han propiciado y hecho campaña para que el departamento de Oruro, no se libere del centralismo que tanto daño nos causo; hoy se desesperan por aprobar unos estatutos a su medida, desconociendo la propia constitución que han patrocinado.
La NCPE - pese a todo - abre la posibilidad de superar esa situación que históricamente nos ha postergado; oportunidad que debemos ser capaces de aprovechar para encarar el desarrollo desde nuestras propias iniciativas. Sólo un proceso ordenado y responsable de discusión del tema, puede permitir que las principales actores políticos, económicos y sociales del departamento, lleguen a concertar, no sólo un proyecto de estatuto autonómico, sino y sobre todo, un proyecto de desarrollo del Departamento. Cualquier intento de aprovechar el nuevo marco legal para continuar dividiendo Oruro, como es el conocido propósito de conformar cuatro territorios autónomos sobre base étnica, en el territorio del departamento, no hará otra cosa que impedir que nos aproximarnos al desarrollo.
Pese a todo, creo que los defensores del "centralismo" no podrán continuar con esas "practicas del pasado" que estaban acostumbradas a decidir la vida de los bolivianos desde la Plaza Murillo. La Bolivia del futuro - esa que en las actuales circunstancias, necesitamos con tanta urgencia - se está construyendo desde los departamentos. La autonomía, debe dejar de ser una consigna política, para convertirse en un instrumento de desarrollo.
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