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El 5 de mayo tres mujeres iniciaron una huelga de hambre exigiendo al gobierno de Evo Morales cumplir sus promesas y honorar sus compromisos políticos. Las tres mujeres, familiares de desaparecidos durante las dictaduras en Bolivia, exigían el esclarecimiento de las desapariciones forzadas, la devolución de los cadáveres y el castigo de los culpables.
Para esta finalidad era imprescindible que el Presidente, en tanto Capitán General de las FF.AA., ordene la desclasificación de archivos del Estado Mayor del Ejército, lo que habría fundamentado toda investigación futura y permitido la exhumación de los detenidos desaparecidos y el procesamiento de los responsables.
Las mujeres en huelga dieron así la posibilidad al gobierno del MAS y a su Presidente de justificar ante la historia, en un ámbito altamente simbólico y representativo, sus repetidas declaraciones justicieras y de «cambio» en el comportamiento político.
El Gobierno, sin embargo, respondió a estas expectativas con la Resolución Ministerial Nº 0316, que es burla y escarnio a la esperanza de quienes piensan que se puede por fin vislumbrar justicia. Esta Resolución, que parece destinada fundamentalmente a confundir a la comunidad internacional y engañar a la opinión pública nacional no informada, establece requisitos y formalidades burocráticas que en definitiva buscan desmovilizar a la sociedad civil y confortar al poder militar en cualquier intento de establecer la verdad de los hechos ocurridos. Así, simplemente, no hay desclasificación de archivos militares.
Evidentemente, los familiares en huelga y los amplios sectores sociales que lograron aglutinar, no se dejan engañar. Después de una huelga de 30 días anuncian continuar su intransigente lucha por rescatar a los desaparecidos y abrir una cultura de respeto a los derechos humanos en Bolivia. Proclaman también su intención de denunciar al Estado Boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por incumplimiento de la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas.
En este, como en otros aspectos, se pone en evidencia el distanciamiento entre la acción y la retórica del actual gobierno. Ese divorcio entre verbo y gestión sólo puede conducir al descrédito de los actuales gobernantes y al establecimiento de condiciones sociales de mayor enfrentamiento entre bolivianos.
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