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Inspira estas líneas el recuerdo de la emblemática "Guerra del Agua", la misma que abrió un ciclo de inestabilidad, vaciamiento y desborde del sistema político en el país. Fue un hito que derivó en el colapso de las organizaciones partidarias desplazadas progresivamente por organizaciones y movimientos sociales cuyo empoderamiento los perfila hoy como protagonistas de la política.
Es curioso. Ese hecho constituye una referencia que se estudia en prestigiosas universidades del exterior por haber sido un poderoso campanazo para que las agencias de cooperación internacional revisen el modelo financiero "antisubsidios estatales" a inversiones de servicios públicos como la provisión de agua. Fue una lección memorable para el fundamentalismo neoliberal hoy interpelado.
Diez años después en Cochabamba no hay agua. Los pobres siguen pagando el agua más costosa a desaprensivos empresarios aguateros; mientras que otros vecinos, individual o colectivamente, optan por la perforación de pozos que les agencien una solución particular a costa de reservorios de aguas subterráneas y de más deterioro ambiental.
También con bélica nomenclatura, la "Guerra del Gas" liderada por organizaciones y movimientos sociales del El Alto, produjo cambios políticos y normativos notables, aunque, seis años más tarde constatamos no sólo que hay menos gas, sino que Bolivia dejó de ser el centro energético estratégico de la región. En fin, conflictos similares abundan. La historia se repite, haciendo del país escenario experimental innovador de iniciativas que en el exterior orientan soluciones pero que, a juzgar por sus resultados domésticos, son más que fallidas.
Usualmente, el ímpetu de las multitudes concluye en extensos acuerdos suscritos por autoridades asfixiadas por la presión, conscientes de que simple y llanamente son imposibles de cumplir. En fin, las heroicas jornadas reivindicativas, además de anotar victorias pírricas y engordar la mitomanía nacional, tienen derivaciones político institucionales que obligan a un análisis más profundo.
En medio de las revueltas contra la institucionalidad e ineficiencia estatal, las dirigencias sociales crecen, se visibilizan para luego pasar del legítimo control social al "complot social" y desde ahí catapultarse a algún cargo político montado en la ola de su popularidad. Otros persisten en el rol permanente de símbolos de la rebeldía e interpelación al poder institucional, sin responsabilidad alguna ni guitarra que tocar.
Aquí, surge la pregunta del millón. Dado su empoderamiento, ¿son capaces los movimientos sociales y sus dirigencias de asumir la responsabilidad política que entrañan sus heroicos impulsos justicieros?, ¿pueden por sí mismos, garantizar la capacidad de gestión pública de intereses generales y del bien común?,¿podrán reemplazar el rol agregador y articulador de intereses diversos sincerándose con la política y políticos a los que dicen despreciar? ¿dadas sus aspiraciones y responsabilidades, estarían sus notables y vigorosos dirigentes dispuestos a cumplir una eventual norma que regule su vida interna, la rendición de cuentas, y mecanismos de defensa de sus bases de los chantajes y maltrato de dirigentes prepotentes, como en su momento lo fue la ley de partidos políticos? ¿funcionaría una ley de control social que, a modo de "safco popular", los haga corresponsales de las consecuencias prácticas de las medidas políticas inducidas mediante legítimos e ilegítimos procedimientos que terminan sembrando más ineficiencia e ingobernabilidad? Estas interrogantes tienen sentido en tiempos de escasez de agua y de ideas. Volveré sobre el tema.
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