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El mayor contraste entre el socialismo del siglo XX y el del XXI se observa entre el régimen actual de Evo Morales (2005-) y la presidencia de corta duración Juan José Torres (1970-1971).
Mientras que el primero ha invitado, abierta y públicamente, a las compañías transnacionales de los cinco continentes a explotar el gas, el petróleo, el cobre, el hierro, el litio, el zinc, el estaño, el oro, la plata y una larga lista de otros minerales; en el siglo, el corto gobierno de Torres nacionalizó y expropió las empresas capitalistas nacionales y extranjeras. Mientras que en la actualidad se han repatriado miles de millones de beneficios durante y después del boom de los productos básicos, en tiempos de Torres, el control estatal sobre los flujos de capital y el comercio exterior limitó la descapitalización del país. A la vez que Evo Morales ofrece cientos de millones en préstamos, subvenciones a la exportación e incentivos fiscales a los exportadores agrícolas más ricos, y expulsa de las grandes propiedades a los ocupantes indígenas sin tierra, en la presidencia de Torres se fomentó la toma de tierras, como medio de profundizar las políticas de reforma agraria. Hay una abundancia de datos socioeconómicos que demuestran que las políticas socialistas emprendidas durante la presidencia de Torres son diametralmente opuestas a las políticas sociales liberales practicadas por el régimen de Morales. En las secciones siguientes se destacan las principales políticas sociales y liberales del régimen de Morales, a fin de evaluar el verdadero significado del autoproclamado socialismo del siglo XXI en Bolivia.
Los cambios sociales
En sus primeros cinco años en el poder (2005-2009), el gobierno de Evo Morales ha llevado a cabo numerosos cambios sociales. La cuestión es si estos cambios equivalen a alguna de las definiciones más generosas de socialismo, o incluso a medidas de transición conducentes al socialismo en un futuro cercano o lejano, dado el alcance y la profundidad de las políticas económicas liberales adoptadas.
Morales ha implementado cambios sociopolíticos en nueve ámbitos. El cambio interno más significativo es en el ámbito político, cultural y de derechos jurídicos de los pueblos indígenas. El régimen ha reconocido derecho de autogobierno a los municipios indígenas, ha reconocido y promovido el bilingüismo en los asuntos locales y la educación, y ha dado rango nacional a las celebraciones de religiosas y festivas indígenas, a la vez que promueve la persecución de los que violen o vulneren los derechos civiles de los indígenas.
Con Morales, el Estado ha aumentado ligeramente su cuota de ingresos provenientes de las empresas conjuntas establecidas con corporaciones transnacionales, ha aumentado el precio del gas vendido a Brasil y Argentina, y también el porcentaje del ingreso destinado al gobierno estatal por encima y en detrimento de los gobiernos provinciales. Dados los precios récord de las exportaciones agrícolas y mineras de Bolivia entre 2005 y 2008, los municipios locales aumentaron su flujo de ingresos, si bien en realidad las inversiones en los sectores productivos y de servicios se han retrasado a causa de obstáculos burocráticos.
Morales autorizó aumentos sustanciales del salario mínimo y los salarios en general, con lo que ha mejorado marginalmente las condiciones de vida. Los aumentos, sin embargo, estaban muy por debajo de las promesas electorales de Morales de duplicar el salario mínimo, y ciertamente no son equiparables a los beneficios extraordinarios obtenidos como resultado del auge de las materias primas.
El juicio abierto a funcionarios locales y al gobernador provincial de Pando, así como a los terroristas de derecha, por el ataque y asesinato de activistas indígenas ha puesto fin a la impunidad de las agresiones contra los ciudadanos indígenas.
El éxito del que más satisfecho está el gobierno es la acumulación de reservas de divisas por un monto de 6.000 millones de dólares, en lugar de las anteriores de 2.000 millones; la disciplina fiscal y el control estricto del gasto social; y una balanza de pagos favorable. En este sentido, las prácticas de Morales han estado más en consonancia con el FMI que con nada remotamente parecido a las prácticas expansivas de los gobiernos socialistas y socialdemócratas.
Triplicar las reservas ante una continuidad de los niveles de pobreza del 60 por ciento de la población indígena, en su mayoría rural, es una política nueva para cualquier gobierno que se pretenda socialista. Ni siquiera otros países capitalistas contemporáneos de América del Norte y la Unión Europea han sido tan ortodoxos como el régimen político revolucionario de Morales.
Morales ha promovido las organizaciones sindicales y sobre todo ha evitado la represión de los movimientos mineros y movimientos campesinos, pero al mismo tiempo ha cooptado a sus dirigentes, disminuyendo así el número de huelgas y demandas colectivas independientes, a pesar de las persistentes desigualdades sociales. De hecho, una mayor tolerancia va acompañada por una relación corporativista creciente entre el régimen y los sectores populares de la sociedad civil.
La estrategia económica del gobierno se basa en una triple alianza entre las transnacionales agroindustriales y de minerales, los capitalistas de las pequeñas y medianas empresas, y los movimientos indígena y sindical. Morales ha invertido millones de dólares en subvencionar a las denominadas cooperativas, que son en realidad propiedades privadas de minas de pequeño y mediano tamaño que explotan el trabajo asalariado con remuneraciones iguales o inferiores al salario normal de los mineros de las grandes explotaciones.
Los principales cambios se dan en su política exterior y en la retórica internacional. Morales se ha alineado con Venezuela en apoyo a Cuba, se ha incorporado a ALBA, ha desarrollado los lazos con Irán, y, sobre todo, se ha opuesto a la política de EE.UU. en varias áreas importantes. Asimismo, se opone al embargo de este país contra Cuba, a sus siete bases militares en Colombia, al golpe de Estado en Honduras y al levantamiento de las preferencias arancelarias. Igualmente importante, Bolivia ha puesto fin a la presencia de la Drug Enforcement Agency (DEA), organismo oficial estadounidense de lucha contra la droga, ha reducido algunas de las actividades de la US Agency for International Development (AID) por subvencionar a organizaciones sociopolíticas de derecha, y realizar actividades de desestabilización. Morales se ha pronunciado enérgicamente contra las guerras de EE.UU. en Afganistán e Irak, ha condenado los ataques de Israel contra los palestinos, y se ha manifestado firme partidario de la no-intervención, salvo en el caso de Haití, donde Bolivia sigue enviando tropas.
Crítica del socialismo del siglo XXI boliviano
El aspecto más llamativo de la política económica boliviana es el mayor volumen y alcance de las inversiones de empresas transnacionales extranjeras en capital de extracción. Cerca de un centenar de transnacionales explotan en la actualidad los minerales de Bolivia y sus recursos energéticos, en condiciones muy lucrativas, dados los bajos salarios y las pocas regulaciones ambientales. Por otra parte, en un discurso leído en Madrid, en septiembre de 2009, Morales invitó a una audiencia de élite de banqueros e inversores a invertir en Bolivia, siempre y cuando no intervinieran en la política interna y estuvieran dispuestos a aceptar la propiedad conjunta. Con independencia de los resultados de estas estrategias de explotación minera basada en el capital extranjero –que en la actualidad no son muy alentadores–, el esquema da un toque peculiar a este socialismo del siglo XXI: la sustitución del proletariado y los campesinos por los ejecutivos extranjeros y los tecnócratas locales es una novedad en la practica del socialismo de cualquier siglo, y está más adecuadamente asociada con el capitalismo de libre mercado.
De acuerdo con las políticas de Morales de puertas abiertas al capital minero, el gobierno ha fortalecido y subvencionado generosamente y otorgado préstamos a bajo interés al sector agroindustrial, incluso en aquellas provincias, como la Media Luna, donde la agroindustria ha apoyado a grupos de extrema derecha para desestabilizar el régimen. La voluntad de Morales de pasar por alto la hostilidad política de la elite agroindustrial, y de financiar su expansión es un claro indicio de la alta prioridad que da al crecimiento capitalista ortodoxo por encima de cualquier preocupación por el desarrollo de un polo alternativo en torno a los campesinos y los trabajadores agrarios sin tierra.
Una visita a las zonas rurales y los barrios urbanos confirma los informes publicados acerca de la naturaleza inmutable de las desigualdades de clase. Las cien familias más ricas de Santa Cruz siguen poseyendo más del 80 por ciento de las tierras fértiles, y más del 80 por ciento de los campesinos y los indígenas rurales están por debajo del umbral de pobreza. La propiedad de las minas, el comercio mayorista y minorista, la banca y el crédito continúan concentrados en una oligarquía que en los últimos años ha diversificado su cartera en otros sectores económicos, creando así una clase dirigente más integrada y con una mayor vinculación con los actores del capitalismo mundial.
Morales ha cumplido su promesa de proteger y fortalecer a la élite económica multisectorial tradicional, pero también ha sumado y promovido a recién llegados, privados y burocráticos, sobre todo altos ejecutivos extranjeros y altos funcionarios, muy bien pagados, que dirigen las empresas conjuntas.
Aunque la mayoría de los socialistas de cualquier siglo estarían de acuerdo en que los grandes propietarios no son los mejores fundamentos posibles para una transición socialista, Morales se ha apoyado y ha promovido la producción agraria destinada a la exportación en lugar de la agricultura familiar de producción local de alimentos. Peor aún, las condiciones de vida de los trabajadores agrícolas apenas ha mejorado, y, en un caso extremo, algunos miles de indígenas seguían siendo explotados como mano de obra esclava tres años después de la llegada de Morales al poder. La dura explotación de los trabajadores agrícolas es una preocupación menor que el aumento de la productividad, las exportaciones y los ingresos del Estado. Si bien se ha aprobado una legislación laboral que facilita la actividad sindical, ésta no se aplica en el campo, sobre todo en las provincias de la Media Luna, donde los inspectores laborales evitan enfrentarse con las asociaciones de propietarios, bien afianzadas. Las ocupaciones de tierras por algunos trabajadores rurales sin tierra han sido denunciadas por el gobierno. Los movimientos de base que presionan por una reforma agraria en extensas fincas infracultivadas han sido decididamente rechazados por el gobierno, que viola con ello sus propias declaraciones que sólo las granjas cultivadas no serían expropiadas.
Dado el énfasis del gobierno en los aspectos cultural y político de su versión de socialismo del siglo XXI, no es sorprendente que se hayan dedicado más tiempo y más recursos a la celebración de fiestas, cantos y danzas indígenas que a la expropiación y distribución de tierras fértiles a la masa de indígenas desnutridos.
El esfuerzo del régimen para desviar la atención de la reforma agraria, mediante la solución de instalar a los indígenas sin tierra en las tierras públicas tropicales alejadas ha sido un desastre. Este plan de colonización, organizado por el llamado Instituto de Reforma Agraria, arrojó a los indígenas del altiplano a unas tierras asoladas por las enfermedades y sin preparación de la tierra, sin las herramientas, las semillas y los fertilizantes necesarios, e incluso sin viviendas. Huelga decir que en menos de dos semanas, los indígenas exigieron su transporte de vuelta a sus pobres aldeas, que resultaban mejores en comparación que las zonas infestadas de malaria de aquellos remotos asentamientos improvisados. Para compensar la falta de un amplio programa de redistribución de la tierra, Evo Morales de vez en cuando organiza, con pompa, ceremonia y mucha publicidad, regalos de tractores a los agricultores medianos y pequeños, en lo que es más un acto de clientelismo político que no parte de un movimiento social transformación.
Los dos aspectos más llamativos de la estrategia económica y política de Morales son el énfasis en las exportaciones tradicionales de minerales y la construcción de una maquinaria electoral de tipo corporativista y clientelista clásico.
En el quinto año de su gobierno, las empresas conjuntas establecidas con las transnacionales extranjeras han extraído y exportado materias primas con poco valor añadido. Resulta sorprendente el bajo nivel de industrialización y transformación en productos finales, que podrían generar un mayor empleo industrial. La misma historia se aplica a las exportaciones agrarias: la mayor parte de los cereales y otros productos agrarios no se procesan en Bolivia, lo que proporcionaría miles de puestos de trabajo a la masa pobre de indígenas sin tierra. El régimen ha acumulado grandes reservas, pero no ha conseguido financiar o fomentar la industria local de sustitución de las importaciones de capital, bienes intermedios y bienes de consumo duradero.
Esta estrategia política se asemeja mucho a la adoptada hace medio siglo por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), gracias a la cual los sindicatos y, especialmente, los movimientos campesinos se incorporaron al Estado. A falta de cambios socioeconómicos relevantes, el gobierno se ha basado en el patrocinio público, canalizado a través de sindicatos y dirigentes campesinos e indígenas, que fluye en forma de favores a elementos locales leales al partido. El clientelismo, estilo Morales, está constantemente reforzado por una serie de gestos simbólicos de afirmación de la identidad étnica indígena, y la solidaridad entre el donante y el receptor en la relación de clientelismo político.
El socialismo del siglo XXI, en la práctica política de Evo Morales es mucho menos innovador y socialista, y está mucho más cerca en su estilo político de sus predecesores corporativistas del siglo XX. Los observadores que tengan poco conocimiento del pasado político en Bolivia, los periodistas "impresionistas" enamorados de las políticas simbólicas, y los escritores de asuntos financieros que colocan de forma indiscriminada la etiqueta de socialista sobre políticos que sólo cuestionan de manera retórica la doctrina del libre mercado, han reforzado la imagen radical o de socialismo del siglo XXI del gobierno de Morales. Teniendo en cuenta lo que hemos descrito sobre las prácticas reales de los gobiernos socialismo del siglo XXI, resulta útil ubicarlos en un marco histórico comparativo más amplio a fin de poder discernir su posible impacto en la sociedad latinoamericana.
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