domingo, 2 de mayo de 2010

¿Poder o democracia?

Álvaro Jordán Medrano
aaojordan@gmail.com

Cuatro empresas generadoras de energía eléctrica se han centralizado en el estado boliviano a título de nacionalización: Guaracachi (de la británica Ruelec PLC, ubicada en Santa Cruz del Gran Grigotá), Corani (subsidiaria de la francesa GDF Suez,), Valle Hermoso (del consorcio Bolivian Generating Group, la financiera Zurich y el Banco Bilbao Vizcaya de Argentina) y la empresa de Luz y fuerza, ubicadas en Cochabamba del Mártir Villarroel.

Si por nacionalización se está entendiendo traspasar a Bolivia la propiedad de intereses cuyos beneficios se sacan al extranjero, felicito a los promotores de la medida ya que se defienden los intereses del pueblo boliviano.

Sin embargo, la información que difunde la prensa local e internacional indica que el estado boliviano se transforma en el nuevo propietario de dichas empresas, con el argumento de que: «Estamos cumpliendo con el pedido clamoroso del pueblo de recuperar y nacionalizar los recursos naturales y los servicios básicos, que antes eran del Estado», según explicaba el presidente.

Es cierto que el pueblo ha encargado al gobierno la recuperación de los recursos naturales y los servicios básicos y, hasta aquí, seguimos en pleno acuerdo. Es claro que la recuperación implica la entrega de los bienes al pueblo, ya que éste es el único dueño del territorio y con él de los recursos naturales, así como el uso de los servicios básicos son parte fundamental de los derechos humanos que hacen a la dignidad de la población. Éste fue el espíritu del mandato cuando se lo reforzaba con argumentos de la participación democrática, de democracia directa, con la propuesta de la gestión de abajo hacia arriba, el control de las autoridades y representantes superiores desde las bases; incluso en su demagogia, durante la campaña electoral, el presidente llegó a presentarse con el título del Primer Servidor de Bolivia, como expresión de su compromiso con el pueblo para ponerse a disposición de la voluntad del soberano, que nace desde las bases.

En cumplimiento del mismo mandato, dentro del compromiso que el gobierno ha asumido con los intereses del pueblo, estas empresas deberían ser traspasadas a él, me estoy refiriendo al pueblo; esto significa que la población de la región, donde se encuentran estas empresas, debe ser reconocida como la verdadera propietaria. No queremos nosotros aprovecharnos de nadie, pero tampoco queremos que nadie se aprovece de nosotros, esto es en consecuencia con el principio del respeto al otro, principio que debe regir la vida de un país con una población plurinacional. Deben acabar los tiempos en que los pueblos del interior del país sean considerados como minusválidos mentales, no le reconocemos ninguna capacidad superior a nadie para que se haga cargo de nuestro patrimonio y nuestras responsabilidades.

Cada región debe darse la estructura administrativa necesaria para el manejo eficiente de estas empresas. Como también se deben considerar los intereses de las regiones o departamentos consumidores, se hace indispensable la conformación de un Consejo Nacional participativo para coordinar los intereses de todos los componentes de esta bella Bolivia. Esto sería servir al pueblo de Bolivia.

El camino seguido por el gobierno no tiene ningún asidero legitimador ya que la construcción de los monopolios estatales ha sido el más grande fracaso a nivel mundial en el siglo recién acabado. Ha llevado a terribles consecuencias donde esta ideología se impuso, me refiero a todo el mundo socialista, el que colapsó provocando enfrentamientos con características de guerras civiles e internacionales, las que todos hemos conocidos, con la disgregación de la Unión Soviética, la balcanización de Yugoeslavia, entre otros, que todavía no encuentran solución.

Con estos antecedentes es un deber preguntarse sobre las causas de los afanes armamentistas del gobierno, el incremento del presupuesto de las fuerzas armadas, en un país que se ha declarado constitucionalmente pacifista y tiene compromisos internacionales firmados para garantizar su inviolabilidad territorial. Por qué el reemplazo de la democracia por el enfrentamiento social, cómo explicar la incorporación de agentes francamente terroristas en su dirigencia y sus indisimulados acercamientos con grupos y países violentistas.

El fracaso del mundo socialista es conocido por todos, por lo tanto el gobierno no puede cobijarse en la ignorancia para justificar semejantes barbaridades políticas. El único argumento válido para explicar esta aberración es la ambición personal de la elite gubernamental, que ha encontrado un camino ya conocido y comprobado para el enriquecimiento del grupo, al estilo de la nueva clase de los países ex socialistas, que se encumbró en esos países y todo el mundo conoció como "La Nomenclatura", para después disfrutar de sus riquezas con la nueva asociación entre el imperialismo privado con el imperialismo estatal, cuyo muestra paradigmática es China.

Es una estrategia destinada a suplantar la voluntad democrática de la población con la imposición de toda una red de poder destinada a asegurar su permanencia.