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Es alarmante la forma en que el gobierno deja en manos de los grupos en conflicto la decisión del lugar de la planta procesadora de cítricos prometida a la provincia de Caranavi. El Presidente Morales no precisó su localización ni al momento de hacer su promesa, lo que es comprensible, ni ahora que se enfrentan distintas federaciones que representan esa región, lo que es censurable. Es una definición que debe seguir consideraciones técnicas, que salen de los asesores presidenciales y no de los movimientos sociales, que debe incluir, por ejemplo, dónde será más rentable por razones de transporte de la materia prima como del producto final, de la mayor o menor abundancia de naranjas y otros adicionales factores relevantes alejados, sin duda, de la esfera política en la que ahora cayó.
Las presiones regionales no son los mejores entornos para llegar a óptimas decisiones para tomar decisiones de carácter económico y técnico. Ejemplos de malas inversiones por esta causa son en Bolivia innumerables y abarcan a distintas regiones y gobiernos. Se tiene a la hidroeléctrica de San Jacinto en Tarija, Misicuni con el agua para usos múltiples en Cochabamba, la Jindal con el hierro en Puerto Suarez y ahora será la planta de cítricos en la ciudad de Caranavi donde no hay ya cantidades industriales de naranjas sino que éstas han sido sustituidas por coca.
La lógica de esas decisiones fue retorcida y en extremo politizada. Se buscó argumentos sacados de la manga para justificarla. Exactamente igual que los argumentos esgrimidos para no conceder un mayor aumento salarial a los sectores principalmente urbanos que creen merecer más que un esmirriado 5% y que para 2010 apenas supera los 300 millones de dólares. El gobierno defiende su ofrecimiento con un futuro de industrialización que, para lograrla, necesita el sacrificio de los asalariados de este país porque, aparentemente, con esos precisos recursos es que se costeará el brillante futuro industrial de Bolivia.
Aparte que para la industrialización, si algo efectivo se llega a hacer en el futuro mediato e inmediato con ese gran propósito, el monto total de aumento denegado no financiará ni de lejos los 32 mil millones de dólares que se necesita en el plan de inversiones del gobierno hasta 2015. Estos volúmenes de financiamiento se logran con la banca internacional, los grandes consorcios internacionales y una modesta participación nacional porque, recuérdese, Bolivia es un país pobre, con asalariados pobres a quienes hay que ser despiadado para pedirles que gracias a sus ahorros Bolivia será grande mañana.
Por otra parte, los asalariados significan, máximo, un 20% y las mayorías trabajadoras del país no son asalariadas; o son informarles o son campesinos. Campesinos que ponen muchos de los alimentos en las mesas urbanas y que no saborearán nada de esa industrialización, ni hoy ni mañana. Hoy son utilizados para que marchen aquí o allá, además de esperar, vestidos de ponchos rojos, en las puertas de ministerios o de superintendencias ser atendidos en algún momento por los nuevos jerarcas y sus apretadas agendas.
Los sectores marginados de Bolivia siguen marginados y no hay un sitio para ellos en el gran banquete de las reservas internacionales ni en las futuras inversiones ni en las agendas oficiales. Estos nacieron pobres y, parece, que pobres han de morir. Incluso si se lanzan a presionar al gobierno sólo aportarán a la mayor irracionalidad de las promesas políticas.
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