viernes, 18 de junio de 2010

LA EXTREMA POBREZA EN BOLIVIA

Bernardo Corro Barrientos
bcorro@gmail.com


Ante la acostumbrada falta de información gubernamental, la representante en Bolivia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó el 10/06/2010 un informe sobre la situación de la pobreza extrema. Esta pobreza, es decir, el número de bolivianos que no logra acceder a una canasta de bienes básicos constituida por los ingresos, alimentos, salud, educación, vivienda, agua potable y otros, habría bajado de 41.2 % en 1996 a 32.7 % en 2008. En 2007 el número de pobres extremos llegaba a 3.7 millones de personas, mientras que el número total de pobres, incluyendo a los extremos, alcanzaba a 5.9 millones, es decir, al 60.1 % de la población. Pese al avance, esta pobreza es aún la mayor de América Latina, casi similar a la de Haití, el más pobre y atrasado de la región.

La causa principal de la disminución de pobres extremos sería la política social del gobierno basada en la distribución anual de "bonos" desde el año 2007 como el Juancito Pinto (27.7 MM US$), la Renta Dignidad (267.2 MM US$) y el Juana Azurduy de Padilla (69 MM US$), con un total de 365 MM US$, equivalentes a 2.30 % del PIB del año 2009. Se calcula que aproximadamente 2.8 millones de personas son beneficiarias de los bonos. Los altos precios internacionales del gas permitieron efectuar estas transferencias.

No se sabe aún con precisión, sin embargo, cual fue el resultado de esta política en el conjunto de la población pobre y necesitada del país. Se estima que los resultados no han sido similares. Se debe tener en cuenta que una parte importante de la población considerada pobre (denominada "pobreza moderada"), está constituida por los desocupados y sobre todo por los subocupados urbanos y rurales, es decir, por aquella población "informal" y de pequeños campesinos que habría aumentado en los últimos años. Para el INE, lamentablemente, estos informales son aún considerados "empleados", pese a sus ingresos miserables.

Mientras la "política social" del gobierno esta basada en los últimos años en la distribución de dinero, en los países vecinos está basada sobre todo en la inversión productiva y en el crecimiento del empleo y de los ingresos de los trabajadores. El Perú, por ejemplo, registró una disminución de la pobreza de 48.6 % a 36.2 entre los años 2004 a 2008, no por la distribución de dinero sino mediante la creación de miles de empresas y de empleos, a un ritmo de crecimiento promedio anual de 8 % del PIB. Chile asimismo, con políticas similares planea eliminar la pobreza en el año 2018 creciendo a un ritmo de 6 % promedio hasta alcanzar una renta percápita de 18 mil dólares, similar al de Portugal (Bolivia tuvo un percápita de 1.800 $US y un promedio de 4.6 % de crecimiento del PIB en los 4 años del "proceso de cambio").

Efectos contrarios

Si bien la política de bonos pudo ser benéfica en un sector, en otros, como se mencionó, pudo tener efectos contrarios. En los párrafos siguientes se explica estos resultados. Los recursos financieros vertidos mediante bonos a la población pobre contribuyeron, en efecto, a generar en la economía un "exceso de liquidez" en relación con la capacidad de oferta del aparato productivo y de servicios de la economía. El exceso de demanda así provocado no se tradujo en un estímulo al aparato productivo interno, sino en un incentivo a la demanda producción externa. La elasticidad ingreso de la demanda que generan los bonos estimula, en efecto, a un pequeño sector productivo interno (Cerveza, Cocacola, avicultura, …), y en menor proporción a la mayoría de las empresas medias y chicas, pero beneficia sobre todo a la industria extranjera (vestimenta, artículos de hogar y otros,…). Se verifica, entonces, que una parte probablemente mayoritaria de los bonos beneficia a la oferta externa vía importaciones y contrabando.

Pero la lista de los grandes beneficiados no termina ahí. Otros son los grandes comerciantes internos de los bienes de consumo extranjeros y los Bancos receptores de los depósitos provenientes tanto de los grandes comerciantes, de los importadores y de los contrabandistas. Además de lo anterior, la banca resultó doblemente beneficiada con la compra de títulos atractivos del Banco Central de Bolivia en operaciones de mercado abierto (OMA), en sus intentos de reducir el exceso de liquidez y los "brotes inflacionarios" de la economía causado por los bonos. Estas OMA tuvieron el efecto negativo, por consiguiente, de retirar del mercado enormes sumas de recursos de inversión productiva potencial. Los importantes rendimientos de los bancos, algo interesante ciertamente para la economía, se enfrenta esta vez, sin embargo, a la falta de demanda de préstamos por el sector productivo interno, al estar bloqueado por las importaciones masivas de bienes de consumo.

Así como la política social actual tiene beneficiarios chicos y sobre todo grandes, tiene también grandes perjudicados, pero esta vez con mayor peso productivo y social. Entre estas víctimas se encuentran las miles de pequeñas y medianas empresas que cerraron y disminuyeron actividades en estos dos años por la inundación de bienes de consumo importados y de contrabando generados por los beneficiarios de los bonos. Estas quiebras habrían lanzado a la calle a cerca de 70 mil empleados, que engrosaron a los más de 200 mil desocupados y subocupados del campo y de las ciudades. El desempleo aumentó en el eje central del país de 10.2 % en 2008 a 11 % en 2009 y los trabajadores informales o subocupados crecieron de 58.6 a 62 %. Debido a las mismas causas, cayeron también fuertemente los salarios reales de los trabajadores. En 2005 el salario mínimo real era de 2.736 Bs y en 2009 bajó a 2.347 Bs, es decir, una caída de 14.2 % en cuatro años, lo que causó que el salario mínimo (para los que trabajan) llegara a cubrir
solo el 47 % de la canasta normativa alimentaria. Actualmente, incrementado también por las quiebras recientes, el 85 % de los trabajadores no tienen derecho a la jubilación ni a otras prestaciones sociales.

Peligros de la política de los bonos

La política social de los bonos plantea los siguientes peligros: 1), aumenta la dependencia externa tradicional de la economía respecto de los precios internacionales fluctuantes de las materias primas. Se debe advertir que las reservas actuales de gas podrían durar solo hasta el 2016; 2), al generar presiones inflacionarias causa problemas productivos y favorece las importaciones y el contrabando, lo que provoca el cierre de miles de pequeñas empresas; 3), el cierre de las empresas provoca la escasa oferta laboral y el despido de miles de trabajadores urbanos y rurales, contribuyendo al aumento de la "informalidad"; 4), la invasión de productos extranjeros reduce el mercado interno y limita la inversión productiva interna; 5), la banca, pese a sus importantes rendimientos en estos años, se enfrenta a un sector productivo limitado por las importaciones crecientes, los cierres de empresas y la caída de los ingresos reales; 6), las operaciones de mercado abierto del Banco Central de Bolivia disminuyen los recursos públicos y privados de inversión, lo que perjudica la expansión de los sectores productivos y 7), finalmente, es necesario tomar conciencia de que la política social del gobierno continuará siendo inflacionaria por que está basada en un modelo estatista extractivista que no favorece la expansión del conjunto del aparato productivo y del empleo.