Retorno al capitalismo de estado

Armando Méndez Morales
amendezmo@yahoo.es

El sistema económico dominante en Bolivia hasta fines de los años ochenta del siglo recién pasado se lo puede calificar de Capitalismo de Estado, entendida como una economía de mercado donde los commanding heights (sectores estratégicos) son de propiedad del Estado. Esto mismo caracterizó a la economía soviética y al socialismo dominante durante el siglo XX, tanto en el mundo desarrollado como en desarrollo.

Lenín, al dirigir el proceso revolucionario soviético y al constatar el descalabro económico de los primeros tiempos de la revolución comunista, no vio otra respuesta que impulsar el capitalismo de Estado, como una etapa necesaria, imprescindible y previa a la construcción de una economía socialista, que nunca llegó. Equivocadamente pensó y decidió que la forma de desarrollar las "fuerzas productivas", -imprescindible para la construcción de una supuesta sociedad socialista avanzada- era por medio de la posesión de las grandes industrias en manos del Estado. Los resultados fueros desastrosos: una ineficiencia colosal en la asignación de recursos, con relaciones capital producto mas elevados que las que regían en el mundo occidental: "en 1987, la empresa industrial promedia soviética tenía 814 obreros mientras en Alemania era de sólo 30."

El gobierno del Presidente Evo Morales, en su quinto año de gobierno, continúa con el proceso de nacionalización de empresas. Esta vez le tocó, a tres empresas de generación eléctrica: Corani, Valle Hermoso y Guaracachi; a la planta Vinto Antimonio, y a la empresa distribuidora de electricidad Empresa Nacional de Luz y Fuerza de Cochabamba (ELFEC). Las cuatro primeras de propiedad de capitales europeos, y la última de propiedad de sus trabajadores y de la Cooperativa de Teléfonos de Cochabamba (Comteco). En este caso, una empresa de capitales nacionales.

Bajo el denominativo de nacionalizaciones lo que se viene haciendo es retornar a la Bolivia de los años 80, cuando estas empresas y otras eran de propiedad del Estado, quién en la década de los años noventa decidió privatizarlas, fundamentalmente, bajo la figura de "capitalización". Esto significó que las grandes empresas estatales pasaban a operar bajo las reglas del mercado, pero supervisadas por un sistemas de regulación estatal, que se destacó por su ineficiencia. Las capitalizadas se comprometieron a realizar determinados volúmenes de inversión en un determinado tiempo, digamos en cinco años. Al momento de hacerse esta transacción el Estado boliviano no recibió ningún pago, sólo la promesa de que invertirían de acuerdo a lo comprometido. Quedó la pregunta, si esos "socios extranjeros" cumplieron a plenitud y de manera eficiente, o no, con toda la inversión comprometida. El hecho, es que con facilidad el Presidente Evo Morales ha logrado revertir este proceso de los años noventa, que en esencia es la re-estatización de empresas bajo el nombre de "nacionalización".

Es conveniente recordar cómo financiaban las empresas públicas sus necesarias inversiones, antes de su privatización, para la realización de sus actividades productivas. Cómo cualquier empresa lo hacían con créditos. Hasta antes del famoso D.S. 21060, de agosto del año 1985, lo hacían endeudándose tanto con el Banco Central de Bolivia como con organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Promulgado el DS 21060, como parte de la imprescindible política de restricción crediticia que se le impuso al Banco Central de Bolivia, para contener la hiperinflación de precios que se había presentado en lo años 80, las empresas públicas solamente pudieron seguir endeudándose con los organismos internacionales y ya no con el Banco Central.

A principios de los años 90, como parte de lo que se denomina el Consenso de Washington, los organismos internacionales de financiamiento, como los ya señalados, decidieron cerrar sus ventanillas de financiamiento para las empresas públicas en el mundo, prefiriendo financiar todo aquello relacionado con infraestructura y programas dirigidos a superar las dramáticas deficiencias en áreas sociales claves como educación y salud, seguros que de esa forma se luchaba de manera más eficiente para superar el atraso económico y construir un "mundo libre de la pobreza". La constatación que la acumulación en capital humano, junto a la inversión extranjera directa, en los países asiáticos, habían sido claves para el inicio de un sostenido proceso de desarrollo económico, en contraposición al estancamiento del mundo soviético, llevó a esas instituciones de financiamiento internacional a un cambio fundamental en sus políticas en cuanto a la canalización de sus créditos. Esto impactó a toda la región de América Latina, llevando a las generalizadas políticas de privatización de empresas del Estado. ¿Por qué? Porque ya no tenían quién les financie sus imprescindibles inversiones. Estaban obligados a privatizar las empresas, para que puedan acudir a los mercados privados de financiamiento.

La segunda razón que llevó a la privatización de empresas públicas, en el mundo, es que se observó que las empresas públicas eran menos eficientes que las privadas. Se caracterizaron por ser centros de corrupción, de amiguismo y de empleomanía.

En sus tres primeros años de gobierno, Evo Morales Ayma, logró reinstalar con bastante rapidez el capitalismo de Estado, que había sido la característica central de la economía boliviana hasta principios de los años noventa del siglo recién pasado. En esos tiempos, los ingresos generados por las empresas públicas representaban un 21 por ciento del PIB, lo que paulatinamente fue bajando hasta casi desaparecer, por ahí quedó "YPFB residual". Para el año 2008, los ingresos generados por las empresas públicas, sobre todo YPFB refundado, sobrepasó lo que se tenía antes, hasta alcanzar, en 2008, el 28 por ciento del PIB. No hay datos para fines del año 2009.

Los dos problemas que enfrentarán las empresas estatizadas son ya conocidos; el primero: ¿Cómo financiará sus necesarias inversiones? Ya no hay financiamiento blando para este tipo de actividades en el mundo, como lo hubo en el pasado; tendrá que ser a tasas de interés de mercado, y/o con créditos del Banco Central de Bolivia, como ya lo hizo en el pasado. La imprescindible tarea estatal de financiar sus inversiones convertirá otra vez a las finanzas del sector público boliviano en crónicamente deficitarias, porque otra vez pasa a ser responsabilidad del Estado hacer grandes inversiones en el aparato productivo nacional, lo que puede financiarse sólo con endeudamiento, dado que su capacidad de captar impuestos de la población es limitada. Además, todos estos recursos tienen que ir a financiar los gastos corrientes de la enorme cantidad de funciones y actividades que constitucionalmente tiene asignadas el Estado. El segundo problema: ¿Cómo hará para impedir la corrupción e ineficiencia? ¿Cómo impedirá no convertirlas en lugares de empleomanía ineficiente? Son preguntas sin respuestas.

Problemas adicionales: no se conoce una cifra de cuánto el Estado boliviano ya ha pagado en indemnizaciones por las nacionalizaciones y cuánto más tendrá que pagar por las recientes. ¿Quién está determinado y aprobando los montos indemnizables? ¿Cómo se han pagado las anteriores efectuadas en el periodo 2006-2009? ¿Se lo hicieron al contado? o se difirió en el tiempo. ¿Cómo se han financiado? ¿Estuvieron contemplados en el Presupuesto General del Estado? ¿Cuánto tendrá que pagarse por indemnizaciones si se pierden los juicios que, en el exterior, se están ventilado contra el Estado boliviano? ¿De donde saldrán esos recursos? Hay muchas preguntas sobre este proceso de estatización de empresas que, de manera precisa, no se ha informado al pueblo boliviano.