martes, 8 de junio de 2010

Soberana migración

Franz Rafael Barrios Gonzalez
franzrbarrios@yahoo.com

"Quintana anuncia migración interna para sentar soberanía…Queja. Ex ministro reclamó a las FFAA por olvidar control territorial"*

Fungido en sus nuevas atribuciones el servidor público J.R. Quintana a cargo de la novísima "Agencia para el Desarrollo de Macro regiones y Zonas Fronterizas", propone empezar con nuevas estrategias respecto de la presencia soberana de ciudadanos del Estado Plurinacional en zonas fronterizas.

Según el servidor público se estarían cumpliendo dos fines con la migración. El primero se concretaría al "sentar soberanía, Estado" en las abandonadas zonas de frontera internacional.

El segundo tendría que ver con un "control fronterizo efectivo" sobre zonas fronterizas que se estarían utilizado como pasamanos del contrabando internacional de sustancias ilícitas.

"Lucha contra venta de drogas y contrabando La Agencia para el Desarrollo de Macro regiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), según su director ejecutivo, Juan Ramón Quintana, establecerá una lucha frontal contra el narcotráfico y el contrabando en el país, a través de niveles de coordinación con las Fuerzas Armadas, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y la Policía boliviana."**

De estas propuestas surgen dos cuestiones con sus respectivas variables accesorias.

La primera. ¿Qué tan efectivo, real, sería re poblar locaciones de frontera y afirmar al Estado y su soberanía, con el solo destino de los asentados?

La segunda estriba en ¿cómo sostener un control flujo migratorio interno; cómo se controlarían los siempre posibles flujos migratorios irregulares, no solo de los connacionales, sino de aquellos elementos foráneos próximos a esas zonas fronterizas? ¿Cómo se garantiza la permanencia de los migrantes internos en las zonas de de tráfico no solo de substancias ilícitas, sino de cualquier otro bien mueble o especie de contrabando, como las transportadas por vehículos atiborrados de "mercadería chuta"? Ese "nivel de coordinación" al que se refiere el servidor público invita a pensar en una suerte de equiparación funcional con la "Drug Enforcement Administration" (DEA) pero de corte estatal. ¿Será que el hecho de que sea un control nacional, lo haga parecer mejor de por sí; si algo saliese mal, por lo menos no fueron los del Imperio, nos equivocamos pero aprendemos, y de nuevo…?

Sorprende que se privilegie de entrada la zona oriental, en desmedro del occidente boliviano, en dónde se practica y mucho este tipo de intercambio comercial ilícito. Quizás después de los últimos eventos justicio-comunitarios, los aires decaen…

Sería interesante apreciar cómo interactuaría coordinadamente la Ademaf, la Policía boliviana, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, las Fuerzas Armadas, y el Defensor del Pueblo de "yapa"; interviniendo los nexos comerciales chutos de Uncía, el Alto y otros lugares de esta latitud, algunos que sí son frontera internacional.

¿Se lo hará, y con el mismo entusiasmo que despierta el Oriente, por quién sabe qué…?

Más son las consecuencias accesorias a estas dos cuestionantes las que resaltan la duda del proyecto de migración interna.

a) En lo referente a la re población en aquellas zonas que demográficamente así lo requieran, surge la preocupación sobre la cualificación del nuevo habitante y su entorno. Es decir que si serán llevados habitantes occidentales a las zonas de frontera orientales y viceversa, cuál la manera de compatibilizar identidades culturales, idiosincrasia comunal e inclusive formas agropecuarias particulares que varían de región en región.

Con esto se generaría un serio conflicto de adaptabilidad y sustentabilidad del entorno y del habitante trasplantado de una región a otra. Recordemos las dificultades por las que atravesaron los "asentamientos" en Pando en ocasión fragrante del reformulamiento del padrón electoral local, más que la atención sensata a la cuestión de soberanía y migración.

En esa oportunidad a los "asentados" apresuradamente "se les hizo entender que ellos deberían sentar soberanía" al costo que fuere. Recordemos las imágenes de archivo que revelaban las inclementes condiciones que tanto el Ministerio de la Presidencia (J.R. Quintana), el INRA y sus direcciones dependientes a cargo del servidor Almaraz improvisaron para los pobladores traídos de todas partes, especialmente la occidental. Recordemos que los mismos asentados, a los primeros días de haber arribado a las localías, se resentían y con justa razón de los usos y costumbres de su gastronomía (valor importante que hace a la subsistencia del humano), muy distinta a la de la zona oriental a la que fueron importados abruptamente.

No hay soberanía alguna que valga más que la observancia de los Derechos Humanos de sus civiles. Tiene que considerarse que la soberanía taxativa de los primeros tiempos ha sufrido por el transcurso del tiempo una relativización, causada por la importancia contemporánea de los DDHH.

Qué es sino la trasplantación intempestiva de habitantes de una zona geográfica con costumbres y usos particulares, a otra localidad de características distintas. ¿Acaso este gobierno no se jacta de proteger y velar por la conservación de la multiversidad cultural de este país? Si se trasplanta -irresponsablemente- identidades culturales y se las entremezcla porque la soberanía, el Estado lo necesitan, el si por el sí. Se están a violentando los derechos humanos de los civiles, de los pueblos que son injertos en entornos, ecosistemas que no les son propios; y que difícilmente van a "adaptarse" para existir en las mismas condiciones en las que estaban o en mejores. Pero hasta las enfermedades son producidas y atendidas de una forma distinta en una zona que en la otra.

Acompañando a estas preocupaciones resurge la discusión sobre los usos y costumbres que determinan a la "Justicia Comunitaria", y que la hacen asimétrica en las diferentes zonas nacionales. Por ejemplo, si un conjunto de habitantes occidentales es trasplantado a una frontera en el Oriente, ¿su sistema de justicia también lo seguirá o se regirán los "asentados" bajo los usos y costumbres de la comunidad dónde ahora habitan?...¿No se estaría con ello imponiendo el acato de una "justicia comunitaria", bajo ciertos valores culturales, sobre un conjunto de habitantes que tiene la suya propia?

Eludiendo momentáneamente la polémica de si en la "justicia comunitaria" se interpreta de una forma u otra, distinta a la positiva, la vida o la integridad humanas. Con la re población se terminan imponiendo situaciones de hecho (como lo que se critica del sistema positivo), que a más de caer en el problema de incompatibilidades de justicias (como con la ordinaria) se están substituyendo*** identidades culturales. Que es peor.

b) La posibilidad de que se le asignen atribuciones de control del tráfico de ilícitos a la Ademaf, en coordinación con las agencias tradicionales y preexistentes, no garantiza de que por los consabidos privilegios con el Ejecutivo a la Ademaf se le termine otorgando el control y decisión total sobre la materia. Con semejante responsabilidad a la agencia fronteriza se le puede ir alguito a las manos.

Si las agencias pre existen presentan ya groseros problemas al respecto de los incautos, las "por debajeadas", el mitomanismo, la cleptomanía y demás. La solución no transita por una terapia psicoanalista de sus "por qué´s", o por la re asignación de mayores partidas presupuestarias, ni por seguírselos creando tanta agencia se pueda; a mayores agencias mayores problemas e irresueltos.

Una mejor administración de la agencias requiere la intervención transparente y directa del Estado por el Estado. Una depuración administrativa de las responsabilidades ejecutivas que son las que más engordan en estás agencias. La agencia suele perderse en el absoluto del concepto de autarquía y procura al final del día sus intereses, porque no es una novedad que en el tiempo de vigencia de la agencia se van nomás tejiendo telarañas de intereses y cadenas de favores.

Esa es una práctica que se despreocupa de dogmas o programas políticos, zurdos o diestros caen en los mismos tentáculos de la codicia.

Concluyentemente tenemos la imposición de identidades culturales en los migrantes fronterizos (llegados de todas partes), la violación de sus derechos básicos. Y el importunísimo de una agencia.


NOTAS
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*/**http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=3064&a=1&EditionId=99

***Sigo sosteniendo que el Derecho positivo puede preservar mejor las costumbres y usos de aquellos conjuntos humanos que conforman la multiversidad cultural en Bolivia. La preserva porque: restringe el ámbito de las jurisdicciones (ordinaria y comunitaria) al dominio justo de cada una de ellas, evitando de que un comunitario sea justiciado (por elección propia en el sistema positivo o no/deslinde jurisdiccional) y viceversa; gracias a la modulación constitucional de una de las herramientas de interpretación jurídica cual es el Tribunal de Garantías/Constitucional.