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El tema de elegir autoridades judiciales mediante votación no es nuevo. Recordemos que la primera Constitución que tuvo Bolivia, escrita por Simón Bolívar, establecía que para evitar la corrupción judicial había que elegir en las urnas a los jueces; sin embargo, este pensamiento utópico del Libertador jamás se concretó.
La nueva Constitución Política del Estado (CPE) trae consigo la elección de autoridades judiciales mediante el voto (Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura), lo cual se efectuará el 5 de diciembre de 2010; empero, previamente existen procedimientos.
Para empezar, los que deseen postularse y cumplan con los requisitos previstos en la CPE, deben presentar sus hojas de vida a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que las analice y se haga una preselección (CPE, Art. 158, num. 5) y éstos serán candidatos para que el pueblo elija entre ellos.
Ahora bien, se establece que los candidatos a estos cargos no deben tener apoyo de ningún partido y no deben hacer campaña, ya que el Estado difundirá, en igualdad de condiciones, las competencias y atributos personales de cada uno de ellos. Pero, ¿quién los preselecciona? El Órgano Legislativo. Lo interesante de la situación actual es que anteriormente se daban acuerdos y consensos entre las diversas fuerzas parlamentarias, ya que ningún partido tenía 2/3, pero hoy día el oficialismo los tiene, lo cual le permitirá nombrar preseleccionados como candidatos, y la oposición cuestionará estas acciones argumentando que no los buscaron para llegar a consensos.
Gran parte de la ciudadanía que cuestiona al Poder Judicial está de acuerdo con que se elijan autoridades judiciales, pero sin intervención de partidos; por ello debe buscarse acuerdos con sectores ciudadanos para tener nombres de personas idóneas que sean preseleccionadas como candidatos. Para tal fin, se requiere que el pueblo tenga mayor grado de cultura política, que las carreras de Derecho y el propio Órgano Judicial, así como personas académicas y reconocidas del mundo jurídico, sean parte de las comisiones que preseleccionarán a los candidatos; pero es necesario que los ciudadanos que quieran postularse no tengan pasado político y ello no pasa sólo por mostrar una certificación del Órgano Electoral Plurinacional de no militancia, sino en revisar la militancia pasada y si esa persona está o estuvo en los medios de comunicación apoyando a determinado partido.
No se trata de estigmatizar a los candidatos judiciales que votan por uno u otro partido, ya que ello es un derecho constitucional, pero las preferencias políticas deben guardarse y no depender de un partido, puesto que estamos hablando de elegir a las personas que administrarán nuestra justicia. Se trata de contar no sólo con mecanismos parlamentarios de preselección, ya que el parlamentario, quiérase o no, es político y actúa como tal. También es necesaria la no injerencia de un poder del Estado sobre otro, sino que se respete la independencia de poderes.
Y, como dirán muchos de ustedes, nos vemos en las urnas este cinco de diciembre.
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