Alberto Bonadona Cossío
abonadona2001@yahoo.es
Seis artículos modifican la vieja ley de aduanas para aumentar la dureza de las penalidades al contrabando. Se aprobaron mientras la atención del público se concentraba en el prolongado paro de Potosí. El gobierno confía que así se disminuirá el contrabando y aumentarán las recaudaciones fiscales. Es casi una ley mágica destinada a resolver un ancestral problema que actualmente, de acuerdo a declaraciones oficiales, significa entre 1.000 y 1.500 millones de dólares que en productos importados ilegalmente ingresan anualmente al país. Millonaria cifra que equivale entre el 20% y el 30% de las importaciones registradas legalmente. Elevadas estimaciones que me inducen a dudar de ellas como de la que se realiza para calcular lo que el Estado pierde por la misma causa.
Me da la impresión que los gobernantes del Ejecutivo y los de la Asamblea Plurinacional no se han percatado que el contrabando es una red social más poderosa por el número de gente que de él vive que por los recursos que maneja (mucho menores a los 1.000 millones que se les acredita aunque no dejan de ser considerables). Los grandes contrabandistas son conocidos por los funcionarios de la aduana, los que están trabajando y los que trabajaron en ella; son los que con una póliza pagada legalmente introducen un cantidad mayor de mercancías que las que figuran en dicha póliza. Son comerciantes formales que en los márgenes de su negocio manejan la informalidad y la corrupción a su beneficio. Introducen contenedores de productos a la vista de todos como también almacenan productos de los miles de contrabandistas "hormiga" que lo hacen por unidad. Los productos ingresados al país se comercian en redes de distribución que van de grandes mayoristas a pequeños minoristas. Si de controlar el contrabando se trata se debe exigir factura en todos los escalones de esta red. De otra manera, la formalización de este comercio y el correspondiente pago de impuestos siempre será de unos cuantos y de una fracción de los productos internados.
La ley no intenta, tampoco podría, dar un medio de subsistencia alternativo a quienes viven del contrabando hormiga y menos aún a los cientos de miles de ciudadanos del Estado Plurinacional boliviano que los comercian en todas partes de cualquier centro poblado del inmenso territorio nacional. Representantes del gobierno afirman que la ley no está dirigida a decomisar las mercancías de los comerciantes amparados en el régimen simplificado ni a penalizarlos con la misma vara de las sanciones de la enmienda introducida porque busca atrapar u obligar a que los peces gordos se legalicen o vayan a la cárcel. Con esta benevolencia, me permito asegurar, las redes de contrabandistas y de comerciantes de contrabando permanecerán intocables.
El contrabando no se controlará con mayores años de cárcel. La tecnología ayuda y más lo harían acuerdos binacionales que en los puntos de origen y de internación cobren todo arancel que sea necesario. El control interno es cuestión de exigir facturación a todo comerciante, incluso al que ignora escribir y leer. Al igual que maneja dinero de diferentes colores puede entregar facturas impresas de diferentes colores. Perpetuar el régimen simplificado es perpetuar el contrabando y no es porque los pequeños comerciantes sean contrabandistas. Es porque no permiten el control del lado del comercio interno de las mercancías ya internadas al país. Se trata de ver el conjunto del problema del contrabando y sus innumerables interrelaciones en el comercio interior.
No hay comentarios:
Publicar un comentario